No pasan las últimas semanas por el mejor clima de relación entre el Gobierno central y la clase empresarial a cuenta de la propuesta de la reducción de la jornada laboral. Desde la provincia de Toledo, la semana pasada su organización de empresarios de Toledo (Fedeto) advirtió de lo que a su juicio serán nefastas consecuencias. Como en otras ocasiones, su secretario general, Manuel Madruga, analiza con ABC el momento actual. —Desde Fedeto se afirma que una parte del gobierno central es hostil a los empresarios ¿A quiénes se refieren? —A quiénes les molesta que los empresarios ejerzan una actividad económica con la finalidad de conseguir un beneficio. A quiénes, en vez de alabar la labor de los empresarios la critican de forma hostil. —¿Se refieren a la parte del gobierno de Sumar? —Me refiero a todos aquellos que acosan a los empresarios. A quienes les critican, menosprecian e insultan. Y me refiero a quienes de una manera imprudente, con amenazas y sin diálogo, imponen decisiones en vez de negociar. —¿La reducción de la jornada laboral es una de esas decisiones imprudentes? —Es una imposición dictatorial del Ministerio de Trabajo que, para congraciarse con la sociedad por las consecuencias de la amnistía y empleando una falsa voz mesiánica e imprudencia, apelan a la conquista derechos sociales que no son sostenibles. Es un nuevo ejemplo de que el Gobierno va a invitar a una fiesta que va a pagar otro y ese otro es el empresario. —¿Cree que aceptarán sus propuestas? —Da igual lo que propongamos, no quieren propuestas, quieren reuniones de pantomima. No es una cuestión de propuestas, el gobierno va a actuar como siempre y dirá: la jornada es esta, lo tomas o lo dejas. —¿Puede concretar alguna propuesta? —El Ministerio no se basa en ningún estudio económico ni sectorial para imponer la reducción de la jornada. Proponemos que encargue esos estudios y que deje esta materia en manos de la negociación colectiva. —Pero la ministra de Trabajo dice que los convenios ya tienen establecida una jornada de 37,5 horas. —Pues si es así, que se esté quietecita y no suplante la negociación colectiva imponiendo dictatorialmente una reducción de jornada. —¿Qué piden ustedes al Gobierno de España? —Que cambie el rumbo de sus políticas para alcanzar la reactivación real y sostenible de todos los sectores empresariales y consolidar una economía competitiva. Pedimos que no fomente las desigualdades entre los españoles, porque ya se ha jugado bastante con ella como para promover singularidades fiscales. Le pedimos que deje de criminalizar a los empresarios, que cese en su hostilidad, que deje de amenazarnos y que vuelva a la senda del diálogo social. —¿Qué está pasando con el diálogo social? —Que lo han destrozado. Ya no es cosa de tres, es cosa de dos. Han quebrado la democracia y nosotros haríamos bien en denunciarlo ante todo tipo de instituciones nacionales y europeas porque en una democracia no caben dictadores ni siquiera a tiempo parcial. —¿El gobierno está obligado a mantener el diálogo social? —Lo dice la legislación española y europea. La propia Organización Internacional de Trabajo ha puesto en cuarentena al Gobierno de España porque considera que con su actitud lesiona el diálogo social. El hecho de haber colocado en cuarentena al gGobierno de España va a traer consigo, cuando menos, un retraso en la llegada de los fondos europeos. —Los datos muestran que la inflación en España se sitúa a 1,4 puntos de la europea ¿Cómo nos afecta? —El dato muestra que la economía española es 1,4 menos competitiva que la europea. —¿Por qué nuestra inflación crece mientras que la europea se modera? —Hay varios factores, el precio de los alimentos, el encarecimiento de las materias primas, el empuje tan importante que está teniendo el turismo y por tres factores inflacionistas muy importantes que inciden directamente en los costes de las empresas: los ministerios de Trabajo, Hacienda y Seguridad Social. —Ustedes afirman que la administración pública no es ágil, ni moderna ni eficaz. —La administración pública se ha llevado la mayor parte de los fondos europeos, sin embargo es lenta e ineficiente. A veces es un obstáculo para los proyectos empresariales e inoperante, y puede llegar a mostrarse incluso contraria a los empresarios. —¿Puede poner algún ejemplo? —De lentitud, los ayuntamientos, porque obtener una licencia municipal puede conllevar años. De ineficiencia, la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque paraliza expedientes, sanciona y no cumple su misión. De inoperancia, el Ministerio de Seguridad Social, porque tiene que luchar contra el absentismo fraudulento y no lo hace. De ir en contra de los empresarios, el Ministerio de Trabajo con sus ocurrencias. —¿Cuando habla de absentismo se refiere a las bajas fraudulentas? —Sí claro. Es un grave problema para todos, no sólo para los empresarios, porque todos pagamos la Sanidad Pública y quien usa las bajas de modo fraudulento la encarece y nos desplaza a todos en las listas de espera. —¿Qué administración debe actuar contra el absentismo? —En el ámbito laboral y de prestaciones de Seguridad Social debe actuar la Inspección de Trabajo; en el sanitario, la Inspección de Sanidad. Pero si le digo la verdad, el mejor remedio sería autorizar el control por parte de las mutuas. El problema se reduciría al máximo. —Los sindicatos se oponen a esa medida. —Se oponen a tantas cosas. Me pregunto por qué no defienden a los trabajadores de quienes abusan de las bajas. Los trabajadores están tan hartos como los empresarios de los profesionales del absentismo que les rodean. —Acaba de decir que el Ministerio de Trabajo va en contra de las empresas con sus ocurrencias ¿A qué se refiere? —Ya me he referido a la reducción de la jornada laboral, pero antes de esto nos ha impuesto el Salario Mínimo Interprofesional y la prohibición de la contratación temporal y pronto nos va a querer imponer una nueva y complementaria indemnización por despido. —¿Cuál es su opinión sobre el SMI? —Que no tiene por objeto ayudar a los trabajadores que menos ganan, sino aplicar la ley de Seguridad Social para incrementar las cotizaciones en el mismo porcentaje que sube el SMI incrementadas en un sexto. —Habla de temporalidad prohibida, pero con esa medida se ha reducido. —En realidad, se ha transformado porque se han incrementado los contratos fijos-discontinuos que en esencia son contratos temporales. Se les debería llamar fijos-temporales, así todos seríamos conscientes de la realidad del mercado laboral actual. Nueva indemnización —¿En qué consiste la nueva indemnización complementaria por despido que apoyan UGT y el Ministerio de Trabajo? —Consiste en volver a meter la mano en el bolsillo de los empresarios con una mentira, porque no es cierto que la Carta Europea de Derechos Sociales exija esa indemnización complementaria y no es cierto que el dictamen del Consejo Europeo de Derechos Sociales sea vinculante para España, como no lo fue anteriormente para Francia, Italia o Finlandia. En definitiva, es una nueva medida que atenta contra la creación de empleo. —Ustedes critican además que el gobierno no asume para su administración pública lo que impone al sector privado ¿Por qué? —Con dos ejemplos es suficiente para explicarlo. El Gobierno, que es quien dirige la administración pública, es líder en precariedad laboral, con un 30% de temporalidad, mientras prohibe hacer contratos temporales a las empresas. El Gobierno, que es quien sube el SMI, luego se niega a asumir esa subida en los contratos públicos. Y encima tenemos que aguantar que nos digan que el mercado laboral va como un tiro. —¿No está de acuerdo con los números de afiliación y paro que da el Gobierno? —Los números no mienten, mienten las personas que los interpretan y afirman que hay 21 millones de cotizantes en la Seguridad Social, pero no dicen que de los 18 a los 21 millones de cotizantes son personas que tienen contratos de muy pocas horas. Esto se pone en evidencia cuando se comprueba que en 2023 se trabajaron menos horas que en 2022. Por eso, entre otras cosas, 21 millones de cotizantes no son capaces de mantener las pensiones de 9,5 millones de jubilados. —Es extraño oír hablar a un representante empresarial de precariedad laboral ¿No teme que los sindicatos o el gobierno se les eche encima? —Los empresarios contratan si la coyuntura económica es favorable y si el mercado evoluciona en términos positivos. No hay otro misterio en la creación de empleo. No hay buenos ni malos en esto de crear empleo, lo que hay son ciclos económicos y decisiones políticas. Si las decisiones políticas son certeras los ciclos negativos se acortan, pero si son puramente ideológicas se alargan. Lo mismo sucede cuando el ciclo económico es positivo, pero justo al revés, si las decisiones políticas son buenas crecemos de forma sostenible, pero si son malas, decrecemos rápidamente. —Ahora, según el Gobierno, estamos ante un ciclo económico positivo. —Mire, el Gobierno solo sabe que el turismo va bien, pero no sabe ni por qué ni por cuánto tiempo. No sabe si crece de forma estructural o si obedece a un ciclo coyuntural. Y ese es nuestro verdadero problema, que en tiempo de 'vacas gordas coyunturales' no aprovechamos para hacer las reformas estructurales que necesitamos, y que, en tiempos de 'vacas flacas', sólo sabemos imponer ajustes y recortes. Y así nos va. —¿Por qué no se aplican esas medidas estructurales? —Porque para aplicar medidas estructurales es necesario reconocer que existen problemas estructurales y eso no concilia bien con la política española. —Sin embargo, hay expertos como el Instituto de Estudios Económicos que mejoran las expectativas de crecimiento hasta el 2,3 para España. —Yo no soy economista ni experto, pero no entiendo muy bien cómo se concilia ese dato con un 27% de la población española en riesgo de pobreza ni con una tasa de paro que, con el 11,5%, dobla a la tasa de paro de Europa. Supongo que hay que ser muy inteligente para resolver esa paradoja. —Otra paradoja es la existencia de paro y a la vez falta de mano de obra para las empresas. —La propia OCDE lo explica cuando recrimina al Gobierno de España dos cosas: que no controla a las personas que renuncian a trabajar y que solo se centra en ofrecer incentivos (políticas pasivas) para que no trabajen. No sé si la OCDE pertenece a la 'Fachosfera', pero creo que en ella sí trabajan economistas expertos. —¿Qué opinión le merece el subsidio compatible con el empleo? —Una medida contraria a la lógica del subsidio, que existe para que aquellos que queriendo trabajar no pueden hacerlo porque no encuentran trabajo. Es una medida que sólo genera más gasto público. —¿No cree que vaya a provocar un fomento de la incorporación laboral? —No. Lo que va a provocar es un susto de muerte a quienes lo cobran porque no quieren trabajar. —¿Son sostenibles las pensiones? —No. Y para que comprendamos la magnitud del problema podemos comparar pensiones y turismo. El turismo, en su mejor momento, está incorporando al PIB 225.000 millones de euros. Las pensiones generan un gasto público de 190.000 millones de euros. Y por último, hay que tener en cuenta que el componente contributivo del sistema de pensiones tuvo un déficit, en 2023, equivalente a un 3,8% del PIB, es decir, 55.919 millones de euros. —¿Qué proponen ustedes para hacer sostenible al sistema público de pensiones? —Flexibilizar el mercado laboral, generar seguridad jurídica y fiscal y abandonar la senda de la improvisación y del canje de votos por derechos sociales no sostenibles. Además, habría que incorporar más inmigración. —Hablando de inmigración, existe una polarización política entre quienes la consideran un problema y quienes la aceptan sin condiciones. Ustedes abogan por ella ¿Por qué? —No tenemos un problema de inmigración, lo tenemos de integración y hay cauces para resolverlo. Abogamos por la inmigración porque en una España donde priman los derechos sobre las obligaciones, los españoles no queremos determinados trabajos que son esenciales y porque es necesario incrementar el número de cotizantes, entre otras cosas para poder pagar las pensiones. Pero si no hay flexibilidad laboral ni seguridad jurídica ni se adoptan las medidas que necesitan las empresas, la inmigración tampoco resolverá el problema porque será contratada a tiempo parcial o de forma fijo-discontinua. —¿Cómo ve el diálogo social en Castilla-La Mancha? —Con buena salud porque, aunque discrepamos, discutimos e incluso nos enfadamos, a veces con mucha tensión, ninguno de sus miembros (empresarios-sindicatos-gobierno) se niega a escuchar a los otros dos. Ninguno ha dejado nunca una mesa de negociación ni se han producido amenazas ni chantajes. En Castilla-La Mancha nos cuesta ponernos de acuerdo, porque acordar es ceder, pero tenemos responsabilidad institucional y finalmente nos ponemos de acuerdo y respetamos lo acordado. — Paco de la Rosa, responsable de CC.OO. en la región, ha anunciado que se marcha y ha dicho que los «piques» con usted son divertidos por la dialéctica y porque están a kilómetros en principios y conceptos. Aun así, dice que se saludan con cariño. —Es que lo cortés no quita lo valiente. De la Rosa es un gran sindicalista, fiel a sus principios, como yo lo soy con los míos, y por eso discrepamos. Los «piques» son sanos, es necesario que existan contrapesos. Los kilómetros de distancia a los que se refiere, dejando al margen la ideología política, en la que yo nunca entro, existen porque él representa una cosa y yo otra. Pero a Paco le caracteriza la coherencia y por eso defiende las reglas del diálogo social, y eso le honra. Si esa coherencia le lleva a dejar su responsabilidad actual, también lo respeto, pero creo que CC.OO pierde en la región un claro exponente de negociador incansable, responsable y con criterio. Hoy esas cualidades se echan en falta en muchas personas que están en instituciones y gobiernos.
