Hace algo más de una década, una jueza de Lugo se propuso levantar las alfombras de buena parte de los ayuntamientos gallegos, diputaciones y hasta algún rincón de la Xunta. Con el viento de la opinión pública a su favor, Pilar de Lara ordenó centenares de registros, pinchó decenas de teléfonos y acumuló casi medio millar de imputados, entre ellos, alcaldes de ciudades importantes e incluso un presidente de diputación. Pero la mayoría de las carpetas del desmesurado sumario de la operación Pokemon acabaron apolillándose sin que la mayoría de las piezas llegase a juicio. Pocas piezas se salvaron de la quema. Una que sí llegó a juicio es la principal, que se liquidó todavía esta semana en una sentencia de conformidad con penas mínimas. De Lara fue sancionada por su «poco rigor», pero el mal ya estaba hecho : un daño irreparable a decenas de inocentes y carreras políticas dinamitadas. «La de Pokemon fue una instrucción calamitosa de unas consecuencias catastróficas. Llevo 50 años en esta profesión, y me parece la peor instrucción que he sufrido nunca», explica a ABC Gerardo Viada, abogado del socialista Francisco Rodríguez, alcalde de Orense entre 2007 y 2012. Rodríguez estuvo ocho años imputado por supuesto tráfico de influencias, se vio obligado a dimitir y su causa acabó en la papelera sin llegar a juicio. «Lo detuvieron, lo llevaron esposado al juzgado, sufrió una especie de ictus, y todo acabó en nada», lamenta su abogado. El exalcalde de Orense fue una víctima más de una jueza a la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apartó del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, básicamente por dos motivos: los «retrasos injustificados» de sus investigaciones, y su «desatención», de una «gravedad extraordinaria», de una causa que no hizo más que engordar y enquistarse sobre su mesa, con la consiguiente indefensión de los investigados, que, como el alcalde orensano, veían hundirse sus carreras. Todo empezó hace más de una década. De Lara capitaneaba la operación Carioca, una ambiciosa causa contra la explotación sexual de mujeres en varios burdeles de la provincia de Lugo en connivencia con guardias civiles que estaban en el ajo. Por cierto, también la Carioca languideció en su juzgado: la pieza principal no se resolvió hasta este mismo mes de junio, en una vista exprés con solo cinco procesados y una sentencia de conformidad en la que se pactaron penas mínimas para cuatro de los cinco acusados. Pero entonces, tirando del hilo de la Carioca, la jueza de Lugo decidió abrir un nuevo frente e investigar una supuesta trama de corrupción en torno a Vendex, un grupo empresarial que prestaba servicios a decenas de ayuntamientos gallegos y del resto de España: limpieza, gestión de aparcamientos, grúa municipal, etc. En ese hábitat habrían proliferado, por ejemplo, las mordidas y los contratos a dedo. A mediados de septiembre de 2012 Galicia despertó sobresaltada. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), la única policía judicial en la que confiaba Pilar de Lara, practicaba una docena de detenciones; entre ellas, la del alcalde de Orense (PSOE), la del de Boqueixón (PP), la de varios responsables del grupo Vendex, y la del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal de Lugo, el socialista Francisco Fernández Liñares. Era el preámbulo de lo que se convertiría en una macrocausa ingestionable, que sumaba más de 450 investigados, pero que De Lara, con contadas excepciones, se negaba a trocear y derivar a otros juzgados. La jueza, arropada por una opinión pública que veía en ella a un valiente ariete contra la corrupción política, fue acumulando imputaciones, pinchazos telefónicos, seguimientos, entradas y registros. «Tenía una gran popularidad de una parte de la gente que más que Justicia buscaba echar a los políticos a los leones», consideran fuentes jurídicas bien conocedoras de la manera de instruir de esta jueza murciana que estaba afincada en Lugo. «Su juzgado se constituyó en una especie de Audiencia Nacional, investigaba cosas de Orense, de Santiago de Compostela, de Asturias, de La Coruña, una cosa loca. No tenía competencia, pero ella lo hacía», añade el abogado Gerardo Viada. El mismo concepto de «Audiencia Nacional» para definir las pretensiones de la jueza lo emplea en una conversación con ABC Esteban Rico, letrado de varios imputados por la ramificación coruñesa. Una macrocausa de semejante envergadura era ingobernable. Pero varias fuentes jurídicas consultadas por este diario no culpan solo a la terquedad de la exjueza de Lugo: «Esa gran popularidad y aceptación social condicionó también a las Audiencias» Provinciales a la hora de resolver los recursos que los investigados presentaban contra sus resoluciones. «Y tampoco la Fiscalía al principio hizo un control riguroso de las causas. Si hubieran recurrido junto a los acusados, eso hubiera llamado la atención de las audiencias», añade esta fuente. En definitiva, «el porcentaje de culpa más elevado es de ella, por supuesto, pero tuvo colaboradores: la pasividad de mucha gente contribuyó a que se formara esta macrocausa», insisten las mismas fuentes. Los políticos y empresarios imputados «recurrieron todo lo recurrible –añaden – y las audiencias ratificaban las decisiones que ella tomaba». «No podemos olvidar eso, porque resulta muy fácil culparla solo a ella, pero también hubo cooperadores directos que contribuyeron a eso», explican a este diario. En 2021 –casi una década después de estallar la operación–, y con De Lara ya fuera de juego, su sustituto en el juzgado lucense troceó el sumario principal de Pokémon –algunas partes se habían desgajado antes– en una treintena de piezas separadas. El nuevo juez seguía la pauta marcada ahora por la Audiencia de Lugo: que en todas las causas esté supuestamente implicado el mismo grupo empresarial, no obliga a que se instruya conjuntamente, como intentaba De Lara. Pero una vez cuarteada la pieza, continuaron los problemas para las defensas. «Tuvimos que emprender una peregrinación de juzgado en juzgado por si teníamos alguna causa allí. No se nos notificó nada», lamenta Rico sobre su periplo por tribunales coruñeses en busca de posibles causas aún abiertas. Con todo, lo peor fue la indefensión: muchos estuvieron imputados durante años y sus investigaciones se archivaron luego sin llegar a juicio. Le sucedió, por ejemplo, al actual líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, investigado por su etapa como presidente de la Diputación de Lugo, que en 2016 se vio obligado a apartarse de la primera línea política cuando ya lideraba el partido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo repescó el año pasado –primero, como delegado del Gobierno en Galicia– cuando cayó la última de sus imputaciones. A la indefensión de permanecer imputado durante años en una causa que queda atascada en el juzgado para acabar en la papelera se suma, según coinciden varias fuentes consultadas por ABC, la endeblez de los indicios que De Lara creía ver contra ellos: «Hay que distinguir entre lo que es prueba y lo que no lo es, lo que es mera sospecha, que te vale para investigar, pero no te vale para llevar a juicio a nadie». El 22 de junio de 2014, el entonces alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, que en las elecciones de 2023 recuperó el bastón de mando, se enteró por la prensa de que De Lara lo había imputado por la operación Pokemon. Le señalaba como receptor de mordidas a cambio de adjudicaciones a Vendex. Todo partía de una grabación en la que Vigilancia Aduanera, como Policía Judicial, confundió su voz con la de otro José Manuel. De Lara lo imputó, pero al menos en su caso el infierno solo duró unos seis meses, hasta que ella enmendó su error. Varios de los damnificados por la «anormal» instrucción de la operación Pokemon –la definición es del CGPJ– prefieren pasar página y no rememorar aquel calvario gratuito: «Por respeto a mi familia y a mis amigos, hace tiempo que decidí no salir en ningún medio ni hacer declaraciones. Lo hemos pasado tan mal que lo único que queremos es olvidarnos del tema». Son valoraciones de otro de los políticos investigados, cuyo caso también se archivó, y que pide expresamente que su nombre no figure en este texto. El socialista José López Orozco fue durante casi 16 años alcalde de Lugo. Gobernó en solitario hasta 2015, pero tras las elecciones de ese año necesitaba el apoyo de otros partidos para revalidar el mandato: no se lo dieron por su imputación en la Pokemon. De Lara lo mantuvo como investigado durante una década, hasta que en 2022 decayó la última imputación: «Fue una barbaridad, sabiendo que había informes de los fiscales que decían que no había nada. Pues ni caso. Nos hizo sufrir lo indecible a mí, a mi familia y a mis amigos, y arruinó mi carrera política», dice el exalcalde, ya jubilado, en una conversación con este diario. Alguna pieza de la Pokemon sí llegó a juicio: la principal, relacionada con la grúa municipal de Lugo entre los 2004 y 2006, se ha cerrado esta misma semana con penas mínimas. Entre los condenados, Francisco Fernández Liñares, entonces concejal en Lugo. De Lara Lara contempla el desenlace de Pokemon en la distancia: desde un juzgado de Ponferrada (León), donde se afana en la defensa de los derechos de los animales.
