«Van a por ti, es normal». «¿A por mí? A por ti también irán» . Las llamadas telefónicas grabadas por la Guardia Civil a la cuidadora y al sacerdote acusados de presuntos delitos de homicidio y extorsión a un anciano de 91 años , natural de Cullera (Valencia), demuestran una sospechosa complicidad y connivencia entre los investigados, en libertad provisional con medidas cautelares desde la semana pasada tras comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sueca. La investigación liderada por la Benemérita en torno a la muerte del nonagenario en verano de 2023 se centró especialmente en los dos beneficiarios del cambio de herencia que la víctima firmó mes y medio antes de fallecer. En las transcripciones que adelanta la radiotelevisión pública À Punt , ambos cruzan directrices, acusaciones y amenazas en cuanto a las pesquisas que se ciernen sobre ellos. En una de estas conversaciones pinchadas, el rector instruye a la cuidadora sobre cuáles deberían ser sus respuestas en un hipotético interrogatorio. «Si te preguntan por qué cambiaste la cerradura de casa, debes decir porque se salía de casa» o « si te insinúan que lo envenenaste, di que le dabas la medicación que te recetaron los médicos y puntos », le llegó a encomendar. Tal y como informó ABC , el informe del instituto armado apunta a una posible sobremedicación como la causa de la muerte del anciano José Félix. «Van a ir a por ti en todo lo que sea posible», le asevera el sacerdote a la empleada después de declarar como testigo. «¿A por mí? A por ti también irán» le responde ella, terminando con la réplica del religioso: «A por mí no, a por ti». En paralelo, el móvil intervenido de la investigada también reveló conversaciones con otros familiares como su propia hija, a la que llegó a reconocer que «no tiene más huevos -el cura- que defenderme porque no le buscan a él», al mismo tiempo que vaticinó que este «sabe que tiene todas las de perder porque ha enganchado a un montón de abuelos con las herencias». Sobre el mismo rector de la parroquia de San Antonio Abad de Cullera, la cuidadora desvela a un hermano que « quería cobrar 15.000 euros », cantidad que finalmente se redujo hasta los 6.000 y muebles del piso en concepto de donación a la iglesia. «Al final os encerrarán a ti y a él por estafa», lamenta su familiar, según el informe de la Guardia Civil, a lo que ella contesta que «es un malparido» y que todo «será culpa de ese desgraciado». Se trata así de testimonios clave en una investigación compleja sin pruebas directas después de que la acusada ordenara la incineración del cadáver del anciano. En las presuntas conversaciones incriminatorias obtenidas por la Benemérita se recogen indicios sobre la posibilidad de que acabara con su vida: «Cuidé a un hombre y lo sedé cuando estaba sufriendo. He cuidado a personas y las hemos ayudado a morir y este verano, aquel se fue con una sonrisa en la boca y todo», le habría dicho a su hija. «Si hubiera faltado en casa tendrías un problema», le llega a comentar su hermano, a lo que la sospechosa responde que «a ver cómo lo demuestra» y «menos mal que lo hizo allí -en el hospital-». Además, en algunas de estas llamadas, según la información que publica À Punt, llegó a reconocer que arrojó las cenizas al río , en contra del deseo de ser enterrado con su mujer que reconoció su sobrino y denunciante del posible crimen. Así las cosas, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sueca investiga el presunto desvío del patrimonio del anciano y si los dos acusados acordaron un plan para aprovecharse de él. Ambos declararon el pasado jueves y se negaron a dar su versión ante el magistrado en una causa cuyas pesquisas se iniciaron hace más de seis meses a raíz de la denuncia presentada por un sobrino segundo, antiguo cuidador de la víctima y única familia. La investigación se centra en el fallecimiento del anciano, que cambió su testamento a los 18 días de que la cuidadora investigada comenzara a trabajar para él, en julio de 2023. Mes y medio después, el hombre falleció por una insuficiencia respiratoria sin que se le llegara a hacer la autopsia, fue incinerado y dejó una vivienda para la mujer y 6.000 euros a la parroquia. La jueza impuso a ambos investigados medidas cautelares consistentes en la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, así como comparecencias en sede judicial cada 15 días. Por su parte, la defensa del sacerdote aseguró que el párroco no tenía relación de amistad ni con la cuidadora ni con el anciano, a quien conocía desde dos años atrás porque acudía a la parroquia y que, con la evolución de la enfermedad que sufría, reclamaba la presencia del párroco para que le administrara los sacramentos.
