«Lo digo como investigado: Aguirre, en su particular delirio, acuerda investigarme no por mis actos, que no son delictivos, sino por el trabajo que hago como abogado. Este tipo es un auténtico peligro para cualquier sociedad democrática». Así reaccionó ayer Gonzalo Boye , tras conocer por la prensa –ya que aún no se lo habían notificado– el auto del titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que abre una nueva pieza separada para investigar la denominada 'trama rusa' del 'procés'. Una decisión del magistrado que llega días después de que la Audiencia de Barcelona tumbase la prórroga de la instrucción, y dejase así sin efecto todas las pesquisas efectuadas a partir de julio de 2023. El tribunal tomó dicha decisión al considerar que, «más allá de alusiones genéricas», el instructor no justificó qué diligencias eran necesarias practicar. Es más, la Sección 21ª sostuvo que la pieza separada sobre las supuestas injerencias rusas en el proceso independentista de Cataluña se había convertido en «un repositorio de informes policiales», que servían, a su vez, para abrir más piezas separadas sin que la investigación avanzase «sustancialmente» respecto a su inicio, en el año 2020. Boye, ahora investigado en esa nueva pieza, al igual que el jefe de la oficina de Puigdemont y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, reprocha que movimientos como éste del juez Aguirre desprestigian a la Justicia española. «Es un intento de desacreditar el Poder Legislativo e incluso al Judicial, porque incumple las resoluciones de la Audiencia Provincial, incluso con chulerías, diciendo que ésta tenía conocimiento de que él tenía otra pieza separada. Nadie tenía conocimiento. Esto lo trabaja él con algunos periodistas concretos y con personas que le han dado asesoramiento privado», apuntó el abogado en RAC1, idea que también transmitió en TV3. Boye apostilló: «A ciertas edades y a ciertas horas, los psicotrópicos son peligrosos, porque permiten que se produzcan delirios, como los que ha escrito Aguirre en estas páginas, con dinero público». El letrado de Carles Puigdemont sostuvo también que «más que una interlocutoria, parece que [el juez] haya sacado los nombres de alguna vez que nos hayamos juntado a comer una paella», ya que entre los once investigados, Aguirre incluye al periodista de sucesos Carles Porta, director del exitoso programa de 'true crime' 'Crims', en la televisión autonómica de Cataluña. Ahora, las defensas tienen dos días para presentar sendos escritos y exponer si los delitos imputados tienen cabida en el olvido penal. Boye avanzó que, en su texto, dará los nombres de los colaboradores del juez. También desde Junts se criticó la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, por abrir una pieza separada de la investigación sobre la posible injerencia rusa en el 'procés', que podría llevar consigo la imputación de Puigdemont y Mas, entre otros, por los delitos de traición y malversación de caudales públicos. Para el partido del expresidente autonómico, la decisión del juez es un acto de «venganza» en una «causa inexistente» y fantasiosa. Así se pronunció Jordi Turull, secretario general de Junts, en un tuit al poco de conocer la apertura de la pieza judicial separada. Para Turull, los jueces «solo quieren venganza sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza». Y defendió que esta causa es «inexistente» y «una fantasía inventada». De esta manera, el número dos del partido de Puigdemont cargó contra el juez, al estilo del abogado Boye. Turull, que formó parte del gobierno de Puigdemont en 2017 y es uno de los beneficiados por los indultos y la amnistía, dio todo su apoyo a los implicados en esta nueva pieza judicial: además de los citados, Josep Lluis Alay, Elsa Artadi, Francesc Dalmases, Víctor Terradellas, Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y Aleksander Dmitrenko. En el ámbito de la política nacional, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, señaló en declaraciones a los medios desde Zaragoza que debía ser «muy respetuoso» al tratarse de un «procedimiento judicial en curso», si bien advirtió que «la ley de amnistía es muy clara, y en particular con los delitos que se están hablando en ese procedimiento es clarísima», y apeló al Estado de derecho y a la «separación de poderes», para concluir que «el Parlamento apruebe las leyes, de manera democrática, y los jueces apliquen las leyes que el Parlamento ha decidido». Por el contrario, la número dos del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, aseguró que la Amnistía, que volvió a calificar de «inconstitucional e ilegal», a su juicio no da cobertura «a lo que hoy se está investigando, en el marco de ese procedimiento judicial», en referencia a las investigaciones judiciales sobre la llamada trama rusa del 'procés'. Para Gamarra, se trata de algo de la «máxima gravedad» y por ello pidió un pronunciamiento del Gobierno de Pedro Sánchez al respecto. «Las injerencias de Rusia en la democracia española tienen que tener respuesta por parte del Gobierno de España, que tiene la obligación no sólo de proteger a España y la democracia española, sino con ello lo que significa la democracia en Europa», concluyó en una rueda de prensa la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, informa Emilio V. Escudero .
