El Tribunal Constitucional ha avalado con su resolución al recurso de la Junta de Andalucía la parte de la Ley estatal de Vivienda que regula la posibilidad de declarar zonas tensionadas en las que las administraciones públicas puedan intervenir en los precios de alquiler al producirse un desajuste con los ingresos medios de la población. Sin embargo, tal y como está definido en la normativa, su aplicación es una competencia autonómica y depende por tanto de cada gobierno. Andalucía, una vez conocido el resultado de su recurso, mantiene su posición: no usará esta vía que establece la norma estatal y apostará por su propia ley autonómica que está en proceso de elaboración. «En Andalucía no creemos que el camino sean...
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