Tras la denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el Gobierno y sus socios han vuelto a poner en el centro del debate la renovación del Consejo General del Poder Judicial . Una institución que en las últimas horas ha sufrido también escraches promovidos por asociaciones ciudadanas como La Plaza. Un clima que ha llevado a dos de las principales asociaciones de jueces y magistrados —la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)— a emitir un comunicado en el que afirman que «no es posible regenerar la democracia laminando la separación de poderes» . Sin citar, responden al mensaje emitido por el propio presidente del Gobierno, que, después de sus cinco días de reflexión, ayer se postuló, además de no dimitir, como la nueva cabeza visible de un movimiento de «regeneración democrática». «El presidente habla de 'lawfare'», reza el comunicado en referencia a Pedro Sánchez, quien ha incorporado este concepto a su argumentario político y, por ende, al del PSOE, desde que se hicieran efectivos sus pactos con Junts per Cataluña para conseguir su apoyo en la investidura. «Si con ello se quiere hacer referencia a una hipotética politización de la Justicia, ello no se corresponde con la realidad«, continúa recordando algo que ya expresaron las cuatro principales asociaciones hace meses en un comunicado conjunto. Noticia Relacionada estandar No Yolanda Díaz reclama cambiar las mayorías de elección del CGPJ Marta Martínez La vicepresidenta segunda insiste en la necesidad de «democratizar la Justicia» y vuelve a exigir a Sánchez que dote de contenido su punto y aparte La AJFV (que representa a 885 jueces y magistrados) y el FJI (338, respectivamente) muestran su preocupación «por el clima de crispación que existe en torno al poder judicial», y que estaría propiciado «interesadamente desde esferas ajenas al mismo» . Apuntan que la falta de renovación del CGPJ, bloqueado desde hace cinco años, ha transmitido a la ciudadanía una «percepción errónea» sobre el funcionamiento de la Justicia. «La actividad diaria de los juzgados y tribunales, solo dedicada a resolver los litigios que afectan a la ciudadanía, es ajena a esas luchas de poder por controlar el órgano de gobierno de los jueces», afirman. Y plantean dos medidas encaminadas a lo que sí entienden como «regeneración democrática». Primero, permitir a los miembros de la carrera judicial participar en la elección de su órgano de gobierno. Segundo, establecer baremos objetivos de mérito y capacidad en la designación de altos cargos judiciales, como los presidentes de las Audiencias Provinciales o Nacional, así como los magistrados del Tribunal Supremo, para que «no dependan enteramente de la decisión discrecional del CGPJ» y que, de esta forma, se «acabe con las sospechas ciudadanas de politización de la Justicia» en esos nombramientos de la cúpula judicial. Contaminación política Por el contrario, una reforma encaminada a rebajar las mayorías de renovación del CGPJ —ahora de 3/5 en Congreso y Senado—, como ha amagado en varias ocasiones tanto el PSOE como sus socios a la izquierda,« profundizaría en la contaminación» y «sería contrario al principio europeo de no retroceder en garantías». «Permitiría que un único partido (o una coalición de ellos) tenga en su mano, además del poder legislativo y el ejecutivo, el gobierno del poder judicial», denuncian ambas asociaciones, que añaden: «Supondría un importante retroceso en separación de poderes». El manifiesto no lo suscriben la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que representa a más de 1.400 jueces y que no obstante se ha manifestado reiteradamente en términos similares, ni la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), con unos 430 asociados.
