En el día de ayer, la ley de amnistía fue aprobada en el Congreso de los Diputados por 178 votos a favor. La norma redactada de mano de quienes desafiaron el orden constitucional durante el 'procés' no sólo está más cerca de entrar en vigor, sino que a partir de este momento ha extendido simbólica y materialmente su autoría. Ya no serán sólo el Gobierno y sus socios sus promotores. La marca histórica que suspende la universal exigencia del cumplimiento de las leyes a cambio de favores políticos llevará a partir de ahora el rubro de todos y cada uno de los diputados y diputadas que libre y voluntariamente decidieron ser cooperadores necesarios del que, sin duda, es el mayor atentado contra los fundamentos del derecho de nuestra historia democrática. ABC ya ha argumentado la inconstitucionalidad de esta autoamnistía, en línea, por cierto, con lo que sostuvo en su día el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, o la jurista de reconocido prestigio y hoy presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. Pero más allá de su imposible encaje legal se trata, antes y sobre todo, de una ley injusta que establece una distinción entre españoles en lo que atañe a la vigencia del derecho. Normas principales de nuestro ordenamiento jurídico se han podido excepcionar por una pura transacción de privilegios: inmunidad penal a cambio de votos. La amnistía no es sólo injusta en su propósito, sino que su trámite de urgencia evidencia la mala fe de sus promotores. Se trata de un acto legislativo explícitamente contrario a la voluntad de los españoles, como se prueba en el hecho de que el PSOE no sólo no lo llevara en su programa electoral, sino que prefirió escamotear la pregunta a su militancia como reiteradamente sigue haciendo el CIS, incapaz de sondear su imposible aceptación. Existen, sin embargo, suficientes encuestas y un inequívoco clamor popular contra la tramitación de esta ley. La amnistía es, además, una norma que se aprueba de forma falaz, intentando falsear los verdaderos motivos que la inspiran. Los mismos políticos y opinadores que censuraban su validez cambiaron de opinión justo en el momento en que Pedro Sánchez necesitó los siete votos de Junts para seguir en La Moncloa. Es evidente que el único propósito que ha motivado esta legislación es una conjunción de intereses tan privados como vergonzosos. Interés personal el de los encausados en ser exonerados de su responsabilidad penal y el de un presidente que insiste en gobernar en minoría de mano de una derecha identitaria –Junts– a la que no hace tanto consideraba la heredera de Le Pen en España. El azar ha querido que incluso el verdadero móvil de la amnistía saltara ayer por los aires ya que con la convocatoria de elecciones en Cataluña ni siquiera la legislatura está asegurada para el PSOE. A fin de cuentas, es un paradójico destino que las garantías del Estado de derecho se hayan visto vulneradas en un pacto fraudulento en el que una de las partes ni siquiera podrá cumplir el acuerdo ilegítimo. De Sánchez sabíamos que sería capaz de todo, que podría enmendar su palabra y los límites que fingió con impostada dignidad con tal de seguir apuntalando el muro entre españoles. Es obvio que ni el presidente del Gobierno ni el ministro de las felicitaciones reflexivas, Félix Bolaños, creyeron nunca que la amnistía podría sembrar concordia alguna. Lo hicieron por un motivo espurio, pero ahora también sabemos que el acontecimiento más indigno de nuestra historia democrática habrá tenido lugar a cambio de nada. El día de ayer quedará señalado en la historia, pero a partir de mañana debe dar comienzo el tiempo de la reconstrucción.
