El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto este lunes dos diligencias informativas.
- Una se la ha abierto al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por criticar a la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, a propósito de la ley del ‘solo sí es sí’.
- Otra al juez Manuel Ruiz de Lara por llamar “Barbigoña” a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a través de sus redes sociales.
Qué es una diligencia informativa. El CGPJ explica que una diligencia informativa “comprende todas las actuaciones encaminadas a determinar con carácter previo o preliminar si la actuación o conducta del juez o magistrado” del que se ha emitido una queja o denuncia, “es susceptible o no de reproche disciplinario”.
- Es decir, es una “investigación” por parte de la Sección del Poder Judicial encargada del régimen disciplinario para conocer la gravedad de los hechos de esa figura judicial denunciada y, posteriormente, decidir si se abre o no un expediente disciplinario.
Quién abre las diligencias informativas. Las diligencias las debe incoar el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, puesto que actualmente ostenta el magistrado Ricardo Conde, así como la decisión sobre si procede abrir expediente o archivar la causa.
- Entra dentro del procedimiento habitual cuando se recibe una queja sobre alguna actuación o conducta de un juez o magistrado, aunque esta también puede ser iniciada por propia iniciativa del CGPJ o como consecuencia de orden o petición razonada de otro órgano, como el Ministerio Fiscal, según establece el artículo 423 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Aunque se trata del paso previo a un posible expediente disciplinario contra el juez o magistrado denunciado, también cabe la posibilidad de que el promotor de la acción tome la decisión de abrirlo directamente, saltándose la diligencia informativa.
- Según las fuentes jurídicas de Europa Press, “este año van unas 600” quejas y correspondientes diligencias informativas.
¿Y después? Si se llegara a incoar un expediente disciplinario, la Comisión Disciplinaria –formada por vocales del CGPJ y juristas de reconocida competencia– y el promotor de la acción resolverían finalmente la existencia de infracción y la imposición de la sanción pertinente.
- Estos acuerdos sancionadores se pueden recurrir en el plazo de un mes.
