Más de dos años después de la ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, afectados y familiares siguen esperando por la indemnización.
- Según los datos recogidos en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entre 1994 y 2008 fallecieron 3.943 personas por razones vinculadas “directamente” con el amianto, grupo de minerales cancerígenos utilizados en la construcción durante el siglo XX.
- Se estima que cada año se diagnostican unos 700 casos de cáncer relacionados con este material.
Una espera que no termina. Este 26 de diciembre se han cumplido tres meses desde que el Congreso aprobó por unanimidad la iniciativa del PNV para poner en marcha el fondo de compensación para las víctimas del amianto.
- El 20 de enero de 2025 se cumple un año desde que el reglamento para activar el fondo debería estar activo según la disposición adicional única registrada en la ley aprobada en 2022.
La ausencia de contestación por parte del Ejecutivo se suma a la de legislaturas anteriores, cuando la ley se vio pospuesta por los diversos cambios de gobierno, como explica Jon García, de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica).
- Desde Newtral.es hemos preguntado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en qué estado se encuentra este proyecto. Por el momento no hemos obtenido respuesta.
Tanto para García como para José de las Morenas, coordinador de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de UGT, el fondo de compensación es cuestión de justicia para las víctimas del amianto.
- “Sobre todo para la reparación por justicia y por derecho a los familiares, porque lamentablemente estas situaciones se dan cuando el afectado o la afectada ha fallecido”, agrega el coordinador de UGT.
Desacuerdos en el reglamento. El fondo de compensación para las víctimas del amianto no solo se ha visto marcado por los retrasos en su puesta en marcha, sino también por el desacuerdo de las asociaciones con algunos puntos de la propuesta de reglamento. Entre otras:
- Las cuantías contempladas en el anexo I, “claramente insuficientes” para organizaciones y sindicatos en comparación con las de sentencias judiciales o de otros fondos de víctimas.
- La ausencia de exenciones fiscales, ya que las indemnizaciones que contempla el reglamento deben cotizar en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
- Las enfermedades contempladas, que, según De las Morenas, no incluye todas las que pueden ser ocasionadas por el amianto.
En qué consiste. El fondo de compensación para víctimas del amianto tiene como objetivo que las personas afectadas y su entorno obtengan una indemnización pública, incluso tras el cierre de la empresa.
- La enfermedad puede aparecer “de 20 a 50 años” después de la exposición, como recoge la misma ley publicada en el BOE.
De esta forma, busca evitar el “periplo judicial” de afectados y familiares –como lo califica De las Morenas–.
