La Audiencia Nacional ha pedido este viernes al Tribunal Supremo que abra una investigación al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, por presunta financiación ilegal de la campaña electoral de su partido político –Se Acabó la Fiesta (SALF)– en las pasadas elecciones europeas.
- La Audiencia Nacional no puede imputar a Alvise Pérez por su condición de aforado al ser eurodiputado, por lo que solo puede abrir diligencias contra el político el Alto Tribunal.
Los indicios. El magistrado José Luis Calama sostiene que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal de Alvise y le atribuye un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo para sufragar su campaña electoral de los últimos comicios al Parlamento Europeo con su agrupación SALF.
- Romillo fue quien denunció a Alvise, relatando que este solicitó su ayuda para “poder financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal”.
- La Audiencia Nacional constata que el eurodiputado solicitó la colaboración de Romillo para crear un monedero virtual con objeto de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público, aportaciones destinadas a la campaña europea de Alvise.
- “El falseamiento de las cuentas oculta la financiación ilegal del partido”, señala el magistrado.
La AN también pide que se investigue al empresario por esa donación ilegal.
- Dice que aprecia una “íntima conexión” en la dinámica entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, “la cara y cruz de una misma moneda”.
- Aparte, está siendo investigado por una supuesta estafa de la plataforma Madeira Invest, en la que Alvise estaría implicado.
Contexto. En un acto en el que participó Alvise se hizo publicidad tanto de la plataforma bancaria Sentinel como de la mercantil Madeira Invest Club.
- En el primer evento público, celebrado el 6 de abril en el hipódromo de la Zarzuela, Alvise defendió su plataforma de negocio que, según afirmó, quedaba fuera de cualquier control financiero, y permitía obtener una significativa rentabilidad sin tributar por ella.
- El líder de SALF buscaba nuevos inversores a los que venía cobrando un 10% de la inversión, señala Calama.
