La directiva sobre los derechos de los menores envueltos en procesos penales que España tiene pendiente desde 2019

España cuenta con 81 directivas europeas pendientes de transponer, entre las que se encuentra una relativa a las garantías de los menores de edad que se ven envueltos en procesos penales (directiva UE 2016/800), la cual tendría que haber entrado en vigor en España en junio de 2019. 

• María Luisa García, jefa de estudios del área jurídica de la facultad Business & Tech de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), explica a Newtral.es que España cuenta desde el año 2000 con una ley orgánica “reguladora de la responsabilidad penal de los menores con un derecho penal y procesal penal distinto al de los ‘adultos’, en el que prima el principio de intervención educativa”.

Garantías procesales. La directiva prevé que los menores de edad que se ven envueltos en procesos penales como sospechosos o, directamente, acusados, tengan derecho a asistencia letrada, a que el titular de la patria potestad del menor esté informado de todo el proceso y a que se proteja su vida privada, entre otras garantías, como: 

• Derecho a una evaluación individual. 
• Trato específico en el caso de privación de libertad, como la separación de los adultos. 
• Derecho a estar acompañado por el tutor legal durante el procedimiento. 
• Asistencia letrada gratuita para los menores sospechosos o acusados. 

¿A quién afecta? García matiza que la norma también ampara a aquellos menores que fueran sospechosos siendo menores y durante el proceso cumplieran la mayoría de edad. Además, la persona que se convierta en sospechosa siendo mayor de 18 años sobre unos hechos ocurridos cuando era menor también tendrá derecho a la aplicación de la directiva y sus garantías hasta que cumpla los 21 años. 

¿Qué leyes habría que modificar? El Gobierno todavía no ha informado sobre cómo modificaría la legislación española para aplicar esta norma, aunque García apunta a la necesidad de reformular las siguientes leyes:

• La ley orgánica sobre la responsabilidad penal de los menores (5/2000) para incluir a los menores como responsables y no solo la responsabilidad del tutor legal de este. 
• La ley sobre detención y entrega (3/2003) para hacer referencia a los casos en los que la persona detenida sea un menor. 
• La ley de asistencia jurídica gratuita (1/1996) para contemplar que los menores tengan derecho a asistencia profesional letrada gratuita, algo a lo que la directiva hace mención expresa. 

Sanciones. La Comisión Europea explica que los procedimientos de infracción que se abren contra los Estados miembros y que están en curso son confidenciales y apunta que el pasado 13 de marzo se envió una carta de emplazamiento a España porque no se había comunicado la forma en que iba a transponer esta directiva, un proceso de infracción sin sanción económica por el momento. 

• Desde la Comisión apuntan que otros países también fueron notificados. En los casos de Italia, Luxemburgo y España se detectaron “problemas de integridad” en lo que respecta al derecho a la información del menor y al derecho a un examen médico. 

• En estos momentos la Comisión evalúa la respuesta recibida por parte de España el pasado 7 de mayo, junto a las medidas adicionales de transposición que se notificaron en junio y julio, explica un funcionario del órgano. García explica que en el caso de que la Comisión no dé por válida la respuesta enviada por España podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Metodología

El análisis se ha llevado a cabo con los datos sobre las normas pendientes de transponer por España que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha facilitado a Newtral.es vía petición de transparencia con la siguiente pregunta: “Solicito conocer el calendario previsto para la trasposición de legislación europea pendiente en el que se indique la fecha estimada de transposición, la fecha límite de vencimiento y la normativa para cada caso”.