El proyecto de ley de desperdicio alimentario, que prevé reducir la cantidad de alimentos que se echan a perder para facilitar su donación, reciclaje o reconversión en otros productos, avanza en su tramitación en el Congreso.
Normativa. Este proyecto de ley se apoya en la directiva marco de residuos (DMR), que parte de una directiva europea de 2008 en la que se establece que los países deben comunicar las cantidades de residuos alimentarios que generan.
A quién implica. La norma afecta a todos los agentes de la cadena alimentaria, tanto en la producción, transformación o distribución de alimentos, así como en la hostelería. Todos los agentes tendrán que disponer de un plan de prevención de desperdicios alimentarios y llegar a acuerdos con entidades sociales o bancos de alimentos para evitar que suceda.
En hostelería. Los restaurantes estarán obligados a poner en un lugar visible los alimentos que no hayan consumido en recipientes reutilizables o fácilmente reciclables. Los clientes se los podrán llevar sin coste adicional más que el del envase utilizado.
Fecha de caducidad y consumo preferente. La ley prevé que el Gobierno cree políticas públicas encaminadas a prevenir las pérdidas derivadas del desperdicio alimentario, como campañas de concienciación ciudadana para diferenciar la fecha de caducidad de la fecha de consumo preferente.
Sanciones. No tener un plan de control de desperdicio alimentario o tenerlo pero no justificar la jerarquía sobre cómo se va a controlar este gasto puede implicar multas de hasta 2.000 en para las infracciones leves, de 2.001 a 60.000 para las graves y de hasta 500.000 euros para las muy graves.
El Grupo Mixto y el PP han planteado rebajar estos importes a través de enmiendas.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso
Proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
Artículo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)
Parlamentia
