Organizaciones sociales indígenas y de trabajadores denuncian persecución por parte del Gobierno de Rafael Correa, como supuesta represalia por las protestas que han llevado a cabo en contra del presidente ecuatoriano.
Además, aseguran que mandatario criminaliza el descontento de los ciudadanos ante la aprobación para modificar las enmiendas.
Jorge Herrera, presidente de CONAIE, exigió “la libertad inmediata de los detenidos, personas inocentes”.
Por su parte, Pablo Serrano, presidente Frente Unitario Trabajadores de Ecuador, dijo que “no nos callarán la voz de la protesta social, rechazamos una vez más el hostigamiento y encarcelamiento de nuestros compañeros”.
