El Supremo multa con 4.000 euros a un hombre que presentó una denuncia fabricada con bulos “de redes sociales”

El Tribunal Supremo ha impuesto una multa de 4.000 euros a un hombre que presentó una denuncia falsa construida a base de bulos que, según su testimonio, había visto “en redes sociales”. El denunciante acusó al juez Manuel Marchena —que es magistrado del Alto Tribunal—, al fiscal Jesús Alonso y a sus familiares de tener dinero oculto en paraísos fiscales como Panamá y Luxemburgo, tal y como adelantó elDiario.es y ha podido confirmar Newtral a través de un auto fechado el 1 de julio de 2024.

La denuncia, que se presentó en febrero de 2023 ante unos juzgados de Gijón, se basaba en una serie de documentos que —aparentemente— implicaban al juez y al fiscal en un presunto delito de blanqueo de capitales, entre otros. En realidad, esos documentos habían sido fabricados y difundidos a través de redes sociales desde el entorno de Acodap, una asociación fundada por el exjuez Fernando Presencia. Este magistrado fue expulsado de la carrera judicial en 2017 y ahora se encuentra en prisión por —precisamente— crear una red que fabricaba y presentaba denuncias falsas contra políticos, jueces, fiscales o periodistas.

• Cuando el juez de la Audiencia Nacional que investiga a Acodap, Joaquín Elías Gadea, ordenó el ingreso en prisión de Fernando Presencia y sus colaboradores, destacó que la asociación se servía de pruebas falsas fabricadas a través de un “modelo o plantilla” que se modificaba en función de a quién querían denunciar.
  
  
• Estas pruebas falsas simulaban ser documentos bancarios que se preparaban con el objetivo de inculpar a sus víctimas en supuestos delitos de corrupción o blanqueo de dinero.

Así es cómo —por ejemplo— acusaron al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de tener millones de euros en paraísos fiscales o a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de estar imputada. Como demostró Newtral.es, las pruebas que utilizó Acodap para incriminarles eran falsas. 

Las pruebas: bulos de redes sociales. Pese a que Fernando Presencia y parte de sus colaboradores en Acodap —entre ellos los impulsores del Expediente Royuela— están en prisión, los documentos fabricados para sostener sus denuncias siguen circulando en las redes sociales. Esto ocurre pese a que la Audiencia Nacional ordenó en 2022 el cierre de la web de la asociación para frenar la difusión de sus bulos, algo que Acodap pudo esquivar migrando los servidores y aprovechándose de canales de Telegram y perfiles de X —plataformas en las que no existe la moderación de contenidos— para seguir vertiendo sus falsedades.

El auto del Tribunal Supremo, que impone una multa de 4.000 euros al hombre que presentó la denuncia falsa contra Marchena y Alonso, asegura que el denunciante alegó que “la fuente de conocimiento de los hechos denunciados (…) era la información que circulaba al respecto en las redes sociales”, y que acusaba tanto al juez Marchena como al fiscal Alonso de los falsos delitos.

Frente a estas explicaciones, el Alto Tribunal considera que el denunciante actuó con “mala fe” y que el propósito de la denuncia era “un mero instrumento para obstaculizar el buen funcionamiento de la justicia y los tribunales”, además de difundir “sospechas en la ciudadanía sobre la actuación y comportamiento de tales personas, minando la credibilidad de la sociedad sobre el correcto funcionamiento de los tribunales”.

• La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla multas de entre 180 y 6.000 euros cuando se conculquen “las reglas de la buena fe procesal”; es decir, cuando alguna de las partes actúe de forma abusiva en busca de un objetivo más allá de que se haga justicia.

“Minar la confianza” en las instituciones. Por todo ello, el Tribunal Supremo ha considerado que la acción del denunciante “es merecedora de un alto reproche sancionador”, dada “la importancia que en el Estado de derecho tiene la confianza de los ciudadanos en el regular funcionamiento de sus instituciones y, en lo que atañe al poder judicial, en el recto proceder de los tribunales cuando administran Justicia, confianza que queda socavada por la difusión de indicios falsos, rumores o informaciones infundadas”.

El juez Marchena pidió actuar contra Acodap en 2022. La denuncia falsa se centra contra el juez Manuel Marchena, el mismo juez que pidió hace dos años al entonces presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que instara a la Fiscalía a investigar al exjuez Fernando Presencia y Acodap por denuncias falsas. Marchena dijo entonces que el líder de Acodap “podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa” para “denigrar a personas o instituciones”.

Después de publicar las denuncias falsas y divulgarlas en redes sociales, Acodap hacía llamamientos para pedir aportaciones económicas con el objetivo de, según ellos, seguir persiguiendo supuestas causas de corrupción. Con base en las pesquisas policiales enviadas a la Audiencia Nacional, Acodap habría podido recaudar hasta 122.000 euros con estas argucias.