En diciembre, cuando el frío invernal desciende sobre la parte continental de Estados Unidos, las temperaturas en Puerto Rico a menudo alcanzan los 29 grados centígrados. Las palmeras oscilan al lado de edificios coloniales españoles en el Viejo San Juan, y el Atlántico azul se extiende en el horizonte. Sin embargo, el panorama económico de la dependencia caribeña de Estados Unidos está lejos de ser soleado. Su gobierno adeuda 72,000 millones de dólares, los cuales dice que no puede pagar. Se suponía que el 1º de diciembre el territorio haría un pago de deuda de 354 millones de dólares. Ese sería solo el primero de una serie de pagos que ascienden a 1,400 millones de dólares, casi 1.5 por ciento del PIB, que vencen en diciembre y enero. Los políticos en Washington están esforzándose por encontrar una solución. Los males fiscales de la isla son en parte resultado de una gestión presupuestaria crónicamente mala, pero también se originaron en debilidades económicas estructurales. Rescatar a Puerto Rico, que es autónomo pero no un estado, no es una opción popular. Cuando cualquier rincón de Estados Unidos enfrenta un deterioro de su fortuna económica a largo plazo, sin embargo, los costos terminan siendo compartidos, de una u otra manera.
Durante décadas, Puerto Rico, que es más pobre que el continente, disfrutó de un estatus fiscal especial diseñado para alentar el desarrollo económico. Desde 1976, los ingresos de algunos manufactureros estuvieron exentos de impuestos federales y locales. La inversión fluyó, notablemente a la industria farmacéutica. En los años 90, sin embargo, la exención fiscal cayó víctima de los esfuerzos por equilibrar el presupuesto federal de Estados Unidos y fue retirada gradualmente. Cuando llegó a su fin en 2006, la isla se hundió en una profunda y prolongada depresión. Desde entonces, la economía se ha contraído en 14 por ciento. El empleo está 12 por ciento por debajo de su nivel máximo de 2006. Conforme la economía se marchitaba, las obligaciones con los acreedores se volvieron más grandes. Muchos puertorriqueños no se han esperado a una recuperación. Más de 200 se mudan al continente cada día. Aproximadamente cinco millones de estadounidenses de ascendencia puertorriqueña viven en la parte continental de Estados Unidos, mientras que 3.5 millones permanecen en la isla. Su fuerza laboral se ha contraído 11 por ciento desde 2009. Esta migración a lugares más prósperos debilita el potencial de la economía puertorriqueña, pero es precisamente lo que los economistas piensan debe suceder cuando una región de una economía más grande cae en tiempos difíciles. En 5.7 por ciento, la tasa de desempleo en Detroit está 10 puntos porcentuales por debajo del nivel de hace seis años, cuando la industria automovilística estaba en crisis. Sería mucho más alta si no fuera por la contracción de la fuerza laboral de Detroit, que se ha reducido en alrededor de 5 por ciento desde 2009. Entre 2000 y 2014, unos 90,000 residentes de Detroit o 2 por ciento de la población, se mudaron.
En gran parte del corazón industrial de Estados Unidos, las fuerzas laborales se están reduciendo. La migración de los adultos en edad laboral desde áreas en apuros reduce el desempleo. El país en general se beneficia conforme la mano de obra se traslada a lugares que están en auge. La migración reduce el desempleo, pero no puede liberar a los sitios en apuros de sus obligaciones acumuladas, más notablemente las pensiones.
Puerto Rico no será el último gobierno local en quedarse sin dinero. Quizá por esa razón, muchos políticos son inflexibles en que el gobierno federal nunca debería rescatar a las entidades insolventes. A Detroit, por ejemplo, se le dejó cancelar sus deudas en el tribunal de bancarrotas. Sin embargo, Puerto Rico no puede hacer eso. La ley prohíbe a los estados y los territorios declararse en bancarrota, para disuadir el comportamiento derrochador.
El gobierno del presidente Barack Obama ha dado a conocer un plan sensato para reparar las finanzas de Puerto Rico. Permitiría a las agencias gubernamentales endeudadas, como la compañía eléctrica de la isla, declararse en bancarrota, y ofrecería una reestructura de otras deudas y obligaciones de pensiones. El gobierno federal también supervisaría el gasto público futuro del territorio. Como endulzante, los residentes del territorio recibirían acceso pleno a varios programas antipobreza que son menos generosos que los del continente. Si el Congreso rechaza este plan, el gobierno de Puerto Rico se verá forzado a elevar los impuestos a niveles debilitantes y recortar el gasto para pagar sus cuentas. Eso afectaría a los residentes de la isla, 40 por ciento de los cuales están por debajo de la línea de pobreza.
