Alvise dice que sorteará su sueldo como eurodiputado: esto dice la normativa en España

El eurodiputado electo, Luis Pérez Fernández, conocido en redes sociales como ‘Alvise’, ha prometido en sus redes sociales que va a sortear su sueldo del Parlamento Europeo, que asciende a 10.377,43 euros brutos. ¿Existe alguna normativa al respecto? ¿Qué normas regulan la realización de este tipo de sorteos?

Expertos consultados subrayan que el artículo 13.2, en su apartado e) de la Ley 13/2011, de regulación del juego, señala que los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, entre los que se hallan los eurodiputados, no pueden ser operadores de una rifa o un concurso.

• Aunque Alvise no ha detallado qué modalidad de juego va a utilizar para sortear su sueldo, el artículo 2 de la ley del juego recoge que esta normativa se aplica sobre las rifas y concursos en los que la participación se realice mediante una contraprestación económica y en los juegos de carácter ocasional, que no sean loterías, apuestas o “actividades de juego realizadas a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos cuyo ámbito no sea estatal”.

Para la rifa, los participantes deben comprar papeletas, y el premio tiene que ser un producto, objeto, servicio, viviendas o derechos ligados a ellos, “pero nunca puede ser un premio dinerario”, según explican desde el despacho de abogados UBT Legal & Compliance.

En el caso de los concursos, estos se tienen que desarrollar a través de un medio de comunicación, ya sea de televisión, radio o internet. El premio puede ser metálico y para poder participar en esta modalidad hay que llevar a cabo “un desembolso económico, o bien mediante llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático”. Además, para poder ganar el premio se deben de superar pruebas de “competición o de conocimiento o destreza”, según recoge la ley.

La licencia es obligatoria. Según señala Álvaro San Martin, letrado en el Bufete Casadeley, el artículo 10 de la ley del juego recoge que las personas interesadas en desarrollar actividades de juego no ocasional deberán obtener, con carácter previo al desarrollo de cualquier tipo de juego, una licencia de carácter general para llevar a cabo apuestas, rifas y concursos.

• Sin embargo, no sería necesario “cuando estemos ante una actividad promocional en la que se sortee algo y el sorteo, dependa del azar; o bien sea el resultado de combinaciones aleatorias”, según señala el letrado.

Los eurodiputados no pueden tener licencia pero, ¿y un tercero? San Martin apunta que en el caso de que la rifa se llevase a cabo a través de un tercero sería más complejo, dado que “habría que perfilar en qué concepto lo traspasa (quizás donación), si la persona a la que lo traspasa estaría dispuesta a ponerse como operador de juego con todo lo que ello supone, y la rifa o sorteo de ese dinero en principio no podría anunciarse a bombo y platillo que proviene del sueldo de Alvise, un político por las implicaciones que anteriormente hemos reseñado de que las autoridades podrían entender que actúa como un operador encubierto”.

Impuestos: Entre el 10% y el 20% iría para el Estado. Como explica Óscar López, CEO de UBT Legal & Compliance hay que tener en cuenta que, como mínimo, el organizador del sorteo gratuito debe pagar un gravamen del 10% sobre el importe total del premio del sorteo. Esto se recoge en el artículo 48 de la ley del juego, y podría llegar al 20% en función de la modalidad de juego elegida.

La otra opción es la donación. Tal y como señalan desde el Bufete Casadeley, una opción sería donar a una o varias causas benéficas esta cantidad monetaria. En caso de donarlo a personas físicas, habría que pagar el impuesto de donaciones, que es distinto en cada comunidad autónoma. 

• ¿Qué dice la UE? Tanto la ley electoral de 1976 como el Estatuto de los miembros del Parlamento Europeo subrayan que los eurodiputados son libres de utilizar su salario como quieran. El único límite que existe lo establece el artículo nueve del Estatuto, que señala que “serán nulos” los acuerdos sobre la utilización del salario “para fines que no sean privados”.