Como ocurre en la mayoría de los trabajos, cuando un hecho no se lleva a cabo de una manera adecuada, este se debe notificar al responsable para poder solucionarlo. Pues, en el Congreso y en el Senado existe un órgano en el que elevar aquellas situaciones que pueden salirse del buen funcionamiento parlamentario. Con ello, la Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes se encarga de velar por la correcta aplicación del código de conducta que los diputados y los senadores están obligados a cumplir desde octubre de 2020.
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Qué se entiende por conflicto de interés. El código de conducta de 2020 considera que existe un conflicto de interés cuando un parlamentario “tenga un interés personal”, tanto directo y propio como a través de otra persona concreta, “de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o su independencia, o que implique que no persiga la consecución del interés general”.
Aclara dudas del código de conducta. La Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes resuelve las posibles dudas de interpretación que genere la aplicación del código ético, que pueden ser planteadas tanto por los parlamentarios como por la Mesa de ambas cámaras. Estas cuestiones se tratarán “con total reserva”.
Elabora un informe. El órgano realiza anualmente un informe sobre el cumplimiento de las normas establecidas en el código de conducta. Dicho documento, que será remitido a la Mesa de la correspondiente cámara, podrá incluir recomendaciones con la finalidad de mejorar la eficacia del código, pero la Oficina tiene que mantener en todo momento “la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas de interpretación”.
Los miembros de las Cortes Generales deberán tomar “todas las medidas necesarias para evitar la existencia de un conflicto de intereses”. De esta manera, si un diputado o un senador cree que se puede dar una situación en la que el conflicto no se puede sortear, este se encuentra obligado a comunicarlo a la Presidencia de la Mesa de la cámara oportuna con carácter previo al inicio del debate del punto de que se trate, ya sea en una sesión plenaria o en comisión.
Apertura de un procedimiento. La máxima autoridad del Congreso o del Senado, de oficio o a petición de un parlamentario, puede solicitar la apertura de un procedimiento para esclarecer si se ha llevado a cabo alguna infracción del código de conducta por parte de un diputado o de un senador, “especialmente” en el caso de conflicto de intereses.
Se deriva a la comisión. La Presidencia de la cámara solicitará a la comisión del estatuto de los diputados o a la comisión de incompatibilidades del Senado la elaboración de un informe en torno a la posible infracción. Para materializar el documento, la correspondiente comisión deberá escuchar al parlamentario afectado y, también, podrá recabar información de la Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes.
Sanción según el Reglamento. Por último, el informe encomendado concluirá si ha habido o no infracción. En el caso de que haya existido, se propondrá la pena que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara respectiva. Asimismo, este documento será enviado a la Mesa para que ordene su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) y para que resuelva “lo que proceda en relación con la sanción que en su caso se proponga”.
