El dinero que Interior destina al control de la migración irregular a través de la cooperación policial con otros países se ha triplicado en los últimos 15 años. En total, España ha repartido más de 284 millones de euros desde 2008 entre ayudas directas, subvenciones y actividades de formación para controlar la inmigración, según una respuesta del Ministerio a una solicitud de información vía ley de transparencia. Casi la mitad de este desembolso se ha producido en los últimos cinco años.
Ahora, la Comisión Europea e Interior han anunciado una nueva ayuda para Mauritania por 522 millones de euros.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó el jueves pasado a Nuakchot, la capital de Mauritania, junto con la la secretaria de Estado de Asilo y Migración de la UE, Nicole de Moor, y la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, para firmar el acuerdo anunciado el 8 de febrero. En él se establecía que el Gobierno de España aportaría 312 millones de euros y la Comisión Europea dotará al país africano con 210 millones para contener la migración irregular hacia las costas canarias y potenciar el hidrógeno verde.
La decisión se toma tras el aumento del 524,4% en el número de llegadas a las costas españolas y del 1.184,5% en Canarias, según los datos de Interior, que el 15 de febrero desmanteló una red de tráfico ilícito de migrantes a través del Aeropuerto de Barajas.
Por eso, algunos expertos dudan sobre la efectividad de estas ayudas, como Raquel Ojeda García, profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Granada. “Dar dinero de forma directa a estos países para frenar este ese esos flujos migratorios desde África hacia Europa obviamente tiene una efectividad a corto plazo, pero genera otra serie de problemas y, desde luego, no resuelven el problema de fondo”, señala.
Ojeda cree que estas inyecciones de dinero no ayudan realmente a conseguir los fines que se proponen, y cuestiona si países como Mauritania tengan la capacidad de implementar las medidas vinculadas a estas subvenciones. “No me parece dinero suficiente ante la envergadura del problema y si se tiene en cuenta quién controla el poder, las autoridades políticas, el ejército… no estoy segura de que esas inversiones lleguen a los objetivos propuestos”.
Desde 2008, España ha destinado 266 millones en ayudas directas; 15 en subvenciones en el ámbito de la cooperación policial internacional; y 2,9 en formación.
Las ayudas están destinadas a fortalecer las capacidades operativas y de prevención de las fuerzas de seguridad responsables de la lucha contra las redes de inmigración irregular y el tráfico de personas. Aunque Interior no desglosa la cantidad que corresponde a cada país, Mauritania y Senegal son dos de los que más apoyo reciben, ya que aparecen como beneficiarios todos los años.
Las ayudas de Interior no son las únicas que el Gobierno destina al control de la inmigración en terceros países. Hacienda registra una ayuda de 30 millones de euros al Ministerio del Interior de Marruecos para el control de la inmigración irregular en el 2022, último año del que se tienen datos, mientras que los guardacostas del Ministerio de Pesca y de la Economía Marítima de Mauritania recibieron 10 millones de euros en dos pagas en 2022 y la Gendarmería del Senegal, 70.000 euros. Las cuantías recibidas en los dos años anteriores son idénticas menos en el caso marroquí, que no recibió financiación bajo el mismo concepto en el 2020.
Las bases reguladoras de estas subvenciones se encuentran en Real Decreto 732/2007, de 8 de junio, por el que se establecen las normas especiales sobre ayudas en el ámbito de la cooperación policial internacional. En el mismo se expone que se darán ayudas a las “actividades de colaboración de otros Estados o de organismos internacionales con el Reino de España en la lucha contra la inmigración ilegal, incluidas las ayudas a personas físicas o jurídicas para apoyar las repatriaciones”, entre otras.
