Un mes antes de que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo SL, investigada por repartir comisiones de contratos covid en el ‘caso Koldo’, resultara adjudicataria del primer contrato investigado, su propietario, Carlos Cueto, demandó a un antiguo socio por casi 3 millones de euros. Así consta en documentos del Registro Mercantil de una de las empresas de Cueto, en los que se explica que la reclamación se produjo a raíz de las deudas con la Agencia Tributaria que tenía la empresa que le había comprado y a las que él mismo tuvo que hacer frente.
Carlos Cueto es uno de los principales investigados en el ‘caso Koldo’ al que la Fiscalía Anticorrupción considera el cerebro tras el entramado empresarial que actuó en esta trama. Es dueño del grupo empresarial al que pertenece la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo SL, investigada por repartir comisiones de contratos covid. Un mes antes de resultar adjudicataria del primer contrato investigado −valorado en 24 millones de euros−, Cueto demandó por casi 3 millones a un antiguo socio, al que le compró una empresa que tenía deudas con la Agencia Tributaria y a las que él mismo tuvo que hacer frente.
En julio de 2008, Cueto compró la sociedad Alcotán SL a través de su empresa Comercial Cueto 92 SL, esta segunda actualmente está siendo investigada en la Audiencia Nacional dentro del caso Koldo y además está imputada en el caso Defex por la venta de armas a Angola y el soborno de funcionarios públicos. Esta empresa se dedicaba a la gestión, asesoramiento y ejecución de proyectos de equipamiento en los sectores sanitarios, agropecuario, energético e industrial, según su objeto social.
Alcotán tenía una deuda de 2.998.510,67 euros con la Agencia Tributaria por el impuesto de sociedades de 2004. Una vez adquirida la empresa, Cueto trató de recurrir a todas las instancias judiciales para no abonar esta cuantía, hasta que en septiembre de 2019 el Tribunal Supremo inadmitió su recurso de casación. Según se desprende de la documentación obrante en el Registro Mercantil.
Ante la negativa del Supremo, el empresario tuvo que hacer frente a las deudas. Seis meses después, el 11 de febrero de 2020, Cueto interpuso una demanda contra el antiguo administrador de Alcotán, SLU, solicitándole los 2.989.675,86 euros que debía abonar ante la Agencia Tributaria, tal y como recoge en sus cuentas anuales la empresa Alcotán SLU y Comercial Cueto 92 SL.
Pasado poco más de un mes, tras requerir por vía judicial los casi tres millones de euros, el 16 de marzo de 2020, las mercantiles Soluciones de Gestión y Apoyo SL, Comercial Cueto 92 SL y Comercial Cueto 92 Internacional SL firmaron un acuerdo de prestación de servicios con la administración donde “se hacía alusión a una adjudicación pública que no se produciría hasta el día 21 de marzo de 2020”, según se recoge en la querella de la Fiscalía Anticorrupción del Caso Koldo a la que tuvo acceso Newtral.es.
Este contrato al que se refiere la Fiscalía, el primero que se adjudicó dentro de la trama, tenía un valor de 24 millones de euros y lo licitó Puertos del Estado. Dentro de esta causa judicial se investigan nueve contratos en total, con un valor de 50 millones de euros, adjudicados durante la pandemia por entidades dependientes del Ministerio de Transportes y del Interior, así como por los servicios de salud de Baleares y Canarias.
El papel de Cueto dentro de la trama. La Fiscalía Anticorrupción explica que el propio Cueto entró en contacto con el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a través del presidente del Zamora CF y empresario, Víctor de Aldama. La querella de Anticorrupción indica que los tres “mantienen una estrecha relación”, habiéndose apreciado, “unos vínculos mayores entre Koldo y Carlos Cueto”.
La Audiencia Nacional menciona en un auto al que ha tenido acceso Newtral que Cueto generó un beneficio de 9,6 millones de euros derivados de los contratos que se adjudicaron a Soluciones de Gestión y Apoyo SL durante la pandemia.
En este mismo auto se señala que tras analizar las cuentas bancarias vinculadas a Cueto, Aldama y sus entornos societarios, existían “indicios de que pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados, y de los beneficios obtenidos de los mismos”.
En el caso de Cueto, este invirtió parte de los fondos investigados en un negocio de pizarras a través de dos sociedades también investigadas, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL y Pizarras Santa Bárbara SL.
Registro Mercantil
Auto Audiencia Nacional
Querella de la Fiscalía Anticorrupción
