El Gobierno ha aprobado este martes un proyecto de ley para “mejorar” la atención al cliente por parte de las empresas, según explicó el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Se trata de una propuesta que el actual Gobierno rescata de la legislatura pasada cuando comenzó su tramitación en las Cortes, aunque finalmente decayó por la convocatoria de elecciones generales en julio de 2023.
El proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela plantea las siguientes novedades:
Esta futura ley afectaría a las grandes empresas aunque prestará especial atención a los sectores de telecomunicaciones, suministros de agua y energía, servicios financieros (incluyendo a entidades aseguradoras y corredurías) y transporte. También se incluyen en esta norma las empresas públicas y pymes que se dediquen a alguno de estos servicios.
Se establecerá un sistema de auditoría anual para asegurar el cumplimiento de estos nuevos requisitos de la ley de atención a la clientela. Las auditorías serán obligatorias y tendrán que acreditarse ante la Entidad Nacional de Acreditación.
Se tendrán en cuenta las limitaciones de cada empresa en función de su tamaño y en el caso de las pymes se someterán a una auditoría, de unos 2.000 euros de coste, cada dos años en lugar de anualmente.
El proyecto de ley de atención a la ciudadanía incluye un supuesto para casos de incumplimiento en los que se haría una devolución equitativa del precio del mercado del bien o servicio por el que esté haciendo la reclamación el cliente.
Los casos de retraso en el servicio de atención al cliente se incluyen en las infracciones administrativas y se pueden saldar con multas de hasta 100.000 euros en los casos más graves.
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua), sin embargo, asegura que las medidas del proyecto de ley no son suficientes porque:
Ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030
BOE
FACUA