Hacen falta 85.814 plazas residenciales para alcanzar la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
España sufre un déficit importante de número de plazas en residencias, tanto públicas o privadas; una situación que se ha agravado tras la pandemia. A nivel global, en toda España, son necesarias 85.814 plazas residenciales para alcanzar la ratio que piden las asociaciones sociales, de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, según los datos hechos públicos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.
En comparación con otros años, por ejemplo, durante el año 2014, el déficit era 53.103 plazas en residencias, para llegar a esa ratio de 5 por cada 100 personas. Lo que significa que, hasta los últimos datos disponibles, ese déficit se ha incrementado en 32.711 plazas.
Hay que tener en cuenta, eso sí, que durante los años posteriores a la pandemia, 2021 y 2022, han aumentado en 9.541 las plazas en residencias. Este aumento de plazas, sin embargo, no implica una mejora “del sector residencial” debido a que la población mayor de 65 años se ha incrementado en 380.265 personas en esos mismos años.
Según los últimos datos oficiales del IMSERSO, hay en lista de espera para ser atendidas 71.776 personas dependientes con Grado II y III, más 61.721 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 133.497 personas.
Según el cálculo que realiza la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, para paliar el déficit de plazas y atender de forma más inmediata a esta demanda en residencias de personas dependientes, hacen falta 30.000 o más plazas residenciales. No cubre toda la demanda de las listas de espera, pero sí al porcentaje de personas con mayor urgencia.
Concretamente, un 26,3% de personas con Grado III y un 16,3% con Grado II demanda un servicio residencial en plaza pública, concertada o una prestación económica vinculada a ese servicio.
Los dependientes con Grado II sufren una dependencia severa y la persona necesita ayuda física, pero no mental, para realizar varias actividades básicas de la vida diaria.
Por su parte, los dependientes de Grado III sufren lo que se llama una gran dependencia. Necesitan ayuda para el día a día, pero por pérdida de autonomía física, pero también mental, intelectual o sensorial.
Según los datos de la Asociación de directores sociales, las comunidades con mayor déficit de plazas en residencias son Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 32.670 y 24.843, respectivamente.
Por el contrario, hay seis comunidades en las que se supera la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores, donde destaca Castilla y León, con 17.234.
Por su parte, Navarra, Cantabria y La Rioja son las comunidades con mayor equilibrio en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años.
El 67,9% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública. Esto son un total de 270.702, frente a las 127.873 que son exclusivamente privadas.
Sobre esto, tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado ligeramente desde 2015, hasta alcanzar 2,79 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Aunque no es suficiente para paliar el déficit de plazas en residencias que sufre el país.
Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Por otro lado, las comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
IMSERSO
Ministerio de Derechos Sociales
