La Guardia Civil no encuentra empresas que le suministren explosivos para su Servicio de Desactivación de bombas. En julio de 2023, el Instituto Armado sacó a concurso un contrato valorado en un millón de euros. Solo una empresa se postuló a la oferta, para uno de los seis lotes, pero esta no presentó los certificados para la comercialización de explosivos que solicitaba el Ministerio del Interior y el concurso quedó desierto. La adjudicataria recurrió esta decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC).
Tal y como se detalla en la memoria justificativa del contrato, la Guardia Civil busca adquirir estos explosivos para las labores del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química).
Entre otros materiales, buscan adquirir 30 unidades de explosivo plástico, ocho cordones detonantes, 20 cartuchos de dinamita (goma-2), más de 300 metros de mecha lenta y 50 detonadores. La Guardia Civil justifica que con este material buscan poder “desactivar con eficacia y seguridad los artefactos explosivos, al mismo tiempo que se minimizan los riesgos para los artificieros”, según detallan en el contrato.
La clave de que este contrato haya quedado desierto reside en que en los pliegos de la licitación se pedía a las empresas que acreditaran un certificado de aseguramiento de la calidad ISO 9001:2015 en vigor para la comercialización de explosivos y, en caso de ser también el fabricante, el certificado de aseguramiento de la calidad medioambiental ISO 14001 para a la fabricación de explosivos.
La empresa que presentó oferta fue Migertron Seguridad. La mesa de contratación la propuso como adjudicataria, sin embargo, al revisar la documentación se observó que el certificado para la comercialización de explosivos, que exigía la Guardia Civil, en realidad era de “equipamiento técnico, policial y militar”, según se desprende de un informe del órgano contratante que cita el TARC.
En el documento, la Guardia Civil alega que se incumplían los requisitos que establecieron en los pliegos del contrato de suministro de explosivos y, por tanto, procedieron a la exclusión del adjudicatario propuesto.
Tras conocer la resolución del organismo de contratación, presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. La resolución de este recurso se emitió el 25 de enero de 2024 y en ella el organismo jurídico aclara que el adjudicatario tenía que haber recurrido los pliegos en un primer momento si no estaba conforme con la acreditación que se solicitaba.
El TARC argumenta que los pliegos no fueron impugnados y, por tanto, la empresa ofertante estaba de acuerdo con lo que se solicitaba. Por ello, resuelve que los pliegos son claros y que los certificados entregados por la adjudicataria no corresponden con lo exigido, por lo que el recurso interpuesto terminó siendo desestimado.
Contrato con número de expediente (Expediente: R/0017/A/23/2)
