Si el Congreso o el Senado no respalda la senda de déficit, el Ejecutivo debe elaborar otra distinta para volverla a someter a votación en el plazo de un mes.
Vuelta a empezar. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 13 de febrero, por segunda vez los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las Administraciones Públicas en el periodo entre 2024 y 2026. El anuncio se produce apenas una semana después de que el Partido Popular hiciera valer su mayoría absoluta en el Senado para tumbar la propuesta anterior. Estos mecanismos son un paso imprescindible para elaborar unos presupuestos y, sin ellos, el Gobierno no puede diseñar las cuentas para 2024.
Las dos votaciones. Una vez que el Consejo de Ministros fijó en diciembre de 2023 los objetivos de estabilidad y el techo de gasto no financiero para los próximos tres años, estos primeros deben realizar su trámite parlamentario. Mientras que el Congreso de los Diputados avaló la senda de déficit por 179 votos a favor frente a los 171 en contra, el Senado la rechazó el pasado 7 de febrero por el ‘no’ de 147 senadores (PP, Vox y UPN) y el ‘sí’ de 113.
Qué ocurre si son rechazados por segunda vez. De acuerdo con la ley de Estabilidad Presupuestaria, cuando alguna de las dos Cámaras estatales no respalda dichos objetivos, el Gobierno debe elaborar otros distintos para volverlos a someter a votación en el plazo de un mes. Y, de no aprobarse por segunda vez, la senda de déficit sería más exigente para las comunidades autónomas. Se regresaría a la establecida en el Plan de Estabilidad que se remitió a la Comisión Europea en 2023, más dura con las exigencias de gasto, según María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, alegando a un informe de la Abogacía del Estado.
El Consejo de Ministros ha vuelto a dar luz verde este martes a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las Administraciones Públicas en el periodo 2024-2026. Y, ahora, serán enviados al Congreso de los Diputados para que inicie su recorrido en las Cortes Generales. Esta senda es el marco en el que se encuadran los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y también determina hasta qué punto puede llegar el déficit público, es decir, la diferencia entre los ingresos del Estado y sus gastos.
Una senda que no cambia. La senda de déficit es la misma que aprobó el Gobierno el pasado 12 de diciembre. Esta etapa se encuentra marcada por el regreso de las reglas fiscales, suspendidas debido a la pandemia de la COVID-19 y, posteriormente, por el impacto de la guerra en Ucrania.
El déficit público. El techo de gasto presentado por el Gobierno se fija en 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en 2023. Por su parte, los objetivos de estabilidad presupuestaria recogen que el déficit del conjunto de las Administraciones se situará en el 3% del PIB en 2024. Un porcentaje que irá disminuyendo a lo largo de los próximos ejercicios: al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026.
Las Administraciones autonómicas y locales. Las comunidades autónomas tendrán este año un margen fiscal de una décima y las entidades locales, de dos. Además, las autonomías buscarán el equilibrio presupuestario en 2025 y en 2026 con la finalidad de dotarles de un mayor margen, pues antes debían alcanzar un superávit del 0,1%.
La deuda. Los objetivos de deuda pública para el periodo 2024-2026 se establece en el 106,3% del PIB para este ejercicio, en el 105,4% en 2025 y en el 104,4% en 2026.
Los Presupuestos del 2024, a la espera. Los objetivos de estabilidad presupuestaria constituyen el paso previo de los PGE para 2024, que el Gobierno pretende sacar adelante en los próximos meses. “Seguimos trabajando sin perder un minuto para contar cuanto antes con unos presupuestos que permitan que nuestro país siga en esa senda de crecimiento y en esa creación tan positiva de empleo”, subrayó Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo.
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, defendió el rechazo de su formación a la senda de déficit “ante la pasividad del Gobierno a la hora de negociar los objetivos de estabilidad presupuestaria y su desprecio a las comunidades autónomas y ayuntamientos”.
Las condiciones para el ‘sí’ del PP. García recordó a la ministra de Hacienda las propuestas de los populares para poder respaldar dicha senda: deflactar el IRPF; bajar el IVA de la luz, gas y alimentos –como la carne o el pescado–; y respetar la autonomía fiscal de las autonomías (en referencia al Impuesto sobre el Patrimonio, principalmente).
