El PSOE criticó la reforma del PP que limitaba los tiempos de instrucción en 2015 por considerar que favorecía la impunidad 

El Gobierno se plantea modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el fin de limitar los tiempos de la instrucción judicial para que no se puedan alargar indefinidamente, como solución para conseguir el voto positivo de Junts a la ley de amnistía. Sin embargo, el PSOE no siempre ha defendido “acortar” las instrucciones y en 2015, cuando propuso el PP, aseguró que podía dar lugar a “impunidad” en casos de corrupción.

•  Aunque no se ha especificado, el presidente Pedro Sánchez aseguró en una entrevista en Al Rojo Vivo en La Sexta que hay “instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales han puesto en cuestión” y enmarcó una posible reducción de los plazos en el concepto de “eficiencia de la justicia”.

En 2015 los populares establecieron plazos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el PSOE votó en contra

En 2015, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, con Rafael Catalá como ministro de Justicia, aprobó la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Entre otros puntos, cambiaba el artículo 324 de la LECrim para sustituir el “exiguo e inoperante” plazo orientativo de un mes por “plazos máximos realistas” en función de la complejidad del caso. 

• Ojo al dato. Como explican los fiscales Pedro Díaz y Roberto Valverde en este análisis, antes de la reforma del PP, el artículo 324 en su redacción originaria establecía un mes como “plazo normal de duración del sumario”, siendo una exigencia temporal de carácter relativo y que, de facto, no se cumplía.

Por eso, la reforma del PP de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 2015 modificaba esa redacción y estipulaba que “las diligencias de instrucción se practicarían durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. Antes de expirar ese plazo, “el instructor, a instancias de la Fiscalía y previa audiencia de las partes”, podría declarar “compleja” una investigación, por lo que en ese caso la instrucción sería de 18 meses. El instructor podría prorrogar la investigación “por igual plazo o uno inferior”, siempre a instancias del Ministerio Fiscal y oídas las partes, pero no mayor.

Este cambio en la práctica limitaba los plazos de la instrucción. Una reforma que fue apoyada únicamente por los populares, que en ese momento gobernaban con mayoría absoluta.

El PSOE defendió su posición en contra de la reforma del PP en la Ley de Enjuiciamiento Criminal al considerar que el establecimiento de estos plazos “favorecía la impunidad”. Así lo defendió el 30 de abril de 2015 el diputado socialista Manuel de la Rocha, según recoge Servimedia, cuando aseguró que reducir los plazos de instrucción era una medida “no solo ineficaz”, sino que podía ser “temeraria”. También lo hizo la diputada socialista Soraya Rodríguez, según recoge el diario de sesiones del 11 de junio del 2015 al considerar “claramente inaceptable el establecimiento de los plazos”. O el senador socialista Arcadio Díaz que insistió en los mismos argumentos en el debate de la Cámara Alta en septiembre de 2015. 

Un mes después, el entonces portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando pidió al ministro de Justicia del PP que atendiese las peticiones del Consejo Fiscal y de las asociaciones de jueces y fiscales para buscar una fórmula que permitiese evitar la entrada en vigor del nuevo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues daría “al traste” con muchas investigaciones de corrupción. “Son procesos con instrucción muy largos y acortarlos podría dar lugar a la impunidad de la corrupción”, indicó Hernando. 

El PSOE vuelve al poder y promueve otra modificación de la ley

El programa electoral del PSOE para las elecciones generales de abril 2019 ya incluía “eliminar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducido por el gobierno del PP en 2015, para evitar que el establecimiento de plazos de caducidad de los procedimientos se convierta en una ventana para la impunidad de aquellos que están encausados por delitos graves como el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción”.

Una promesa que incluyó en el programa electoral para las generales de noviembre de 2019 y en el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos firmado el 30 de diciembre de 2019: “Sustituiremos el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción”, indicaba el texto.

Así, en 2020 el Gobierno de coalición aprobó la Ley 2/2020, de 27 de julio, actualmente en vigor, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ella se indica que la investigación judicial se desarrollará “en un plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa”. Pero si antes de que acabe ese plazo, se constata que no es posible finalizarla, “el juez podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses”. 

Es decir, con la actual ley en lugar de que sea el fiscal quien decida las prórrogas —como indicaba la reforma del PP en 2015—, las extensiones, que pueden ser infinitas, “se adoptan mediante un auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las diligencias que son necesarias y su relevancia para la investigación”.