Desde 1979, el popular Mariano Rajoy es el presidente que más días ha estado en situación de interinidad con un total de 314 días (algo más de 10 meses).
“Denunciamos la injustificable parálisis institucional” del Congreso de los Diputados. Con estas palabras, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, criticó que la Cámara Baja lleve varias semanas sin actividad parlamentaria ni sesiones de control al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Desde las elecciones generales del 23-J han pasado más de 90 días sin que el Congreso haya retomado sus plenas facultades. Sin embargo, con el anterior Ejecutivo popular, la Cámara estuvo más de 300 días en esta situación.
Esto se debe, principalmente, a que todavía no se ha conformado un Gobierno como tal, pues el de Sánchez se encuentra en interinidad desde la última cita con las urnas. En este contexto, el actual gabinete de coalición debe limitarse a gestionar los asuntos ordinarios y diarios hasta la investidura de un presidente que forme un nuevo Gobierno.
Las afirmaciones de Gamarra podrían chocar con el reproche del Tribunal Constitucional al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy entre 2015 y 2016. Este pasó 314 días en funciones (algo más de 10 meses), desde los comicios del 20 de diciembre de 2015 hasta su investidura del 29 de octubre de 2016. El Constitucional indicó en una resolución de 2018 que “el hecho de que el Gobierno -el del PP- estuviera en funciones no impedía la función de control de las Cámaras”.
De este modo, el popular es el máximo dirigente que más días ha estado en interinidad desde 1979. El segundo es Pedro Sánchez en 2019 con 254 días (un poco más de ocho meses). En el siguiente gráfico se puede observar el intervalo de tiempo –que se encuentra expresado en días– entre las elecciones generales hasta la siguiente investidura exitosa del presidente del Gobierno.
Además, el Tribunal Constitucional determinó en su nota informativa que “la función de control corresponde al Congreso de los Diputados y al Senado (...), aunque entre esta Cámara y el Ejecutivo no exista dicha relación de confianza”, puesto que el pleno aún no había otorgado su aval para que Rajoy fuese investido como presidente. Así, el TC concluyó que el Gobierno en funciones del PP “menoscabó la atribución constitucional” del artículo 66.2 de la Constitución, que se refiere a la función de control a un gabinete.
Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
Para evitar que un Gobierno en funciones, como el del PP o el actual, no rinda cuentas ante el Congreso o el Senado, el PNV registró a finales de 2019 en la Cámara Baja una proposición de ley sobre el control político de las Cortes Generales al Ejecutivo. Pero finalmente fue retirada por la propia formación vasca.
1. Control parlamentario. Todos los actos y todas las omisiones del Gobierno, incluso si se encuentra en funciones, se debían someter al control político de las Cámaras estatales.
2. Ejercicio del alto cargo. Se añadía el sometimiento al control político del Congreso y del Senado como uno de los principios en los que un alto cargo –como los miembros del Ejecutivo o los secretarios de Estado– debía asentar el ejercicio de su puesto.
3. Infracción muy grave. La propuesta también incorporaba como infracción muy grave el incumplimiento por el alto cargo de la obligación de someterse al control político. Cuando alguien lo eludiese, se publicaría en el BOE, sería cesado y perdería el derecho a recibir indemnización por el cese.
Cuca Gamarra (PP) señaló a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, y a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, como responsables de la “injustificable parálisis” de esta Cámara, que todavía no tiene un calendario de las sesiones plenarias del último semestre del año. Desde las elecciones del 23-J, el hemiciclo se ha reunido solamente en tres ocasiones:
