La reforma integral de la Ley de transparencia y Buen Gobierno es uno de los compromisos que acordaron PSOE y Podemos en el acuerdo que alcanzaron en noviembre de 2019. Más de tres años después, esa iniciativa no se ha ejecutado y a ocho meses de que termine la legislatura, los expertos en transparencia no creen que se vaya a aprobar antes.
Así lo comenta Eva Belmonte, codirectora de la Fundación Ciudadana Civio, quién considera una falta de respeto que se abra una consulta pública para pedir aportaciones a la sociedad civil sobre la reforma sabiendo que ni se va a aprobar ni está prevista en el Plan anual normativo para 2023.
Contexto. Del 25 de enero al 25 de febrero de 2023 se abrió una consulta pública para recabar la opinión de sujetos y organizaciones “potencialmente afectados por la futura reforma”.
En este sentido, Civio registró las suyas y destacan como más importante las limitadas obligaciones de transparencia de los organismos públicos con la actual ley, los largos tiempos de demora en las respuestas y para la Administración cuando incumple la normativa o ignora la resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y las sentencias judiciales.
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Ahora, el ministerio de Hacienda y Función Pública tiene que redactar el anteproyecto de ley y presentarlo en el Consejo de Ministros. A partir de ahí deberá elaborar los informes oportunos, y aprobarlo en segunda vuelta en el Consejo de Ministros para continuar con el trámite parlamentario.
El camino en las Cortes. El Ejecutivo envía el proyecto de ley al Congreso, la Mesa abre el plazo de enmiendas y lo remite a la comisión correspondiente. Durante unos 15 días hábiles, los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas que se deben votar en pleno.
El siguiente paso es que la comisión encargada elabore un informe con el texto del Ejecutivo y las enmiendas aprobadas. Una vez finalizada la fase de enmiendas y comisión, el proyecto de ley se debate en el pleno del Congreso para su aprobación y en los dos meses siguientes se tendrá que ratificar en el Senado.
Pero este también puede registrar enmiendas y devolver el texto al Congreso.
“Es casi imposible que el proyecto de ley llegue a aprobarse en las Cortes antes de que se celebren elecciones generales”, apunta Joaquín Meseguer, representante de la FEMP (Federación Española de Municipios) en el subgrupo de trabajo del Foro de Gobierno Abierto de España para la reforma de la ley de transparencia. Aunque también añade que “a veces con estas cosas hay sorpresas, redactar este anteproyecto es una tarea compleja”.
Por otra parte, apunta que “cuando un proyecto se abandona porque no ha sido capaz de aprobarse en la legislatura en curso, corre el riesgo de que el siguiente gobierno no comparta la misma visión”, pero añade, ”que esto es un compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto de España, que termina en 2024, por lo que podrían tener un año más de margen”.
El Plan de Gobierno Abierto forma parte de una asociación a nivel mundial denominada Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) donde España participa desde 2011. En este sentido Gobiernos y sociedad civil se unen para promover “una gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable”:
Para ello, los países elaboran planes de acción que incluyen una larga lista de iniciativas entre las que se encuentra, en este caso, la reforma de la ley de transparencia.
En enero de 2022 se creó un subgrupo de trabajo para la reforma de la ley con representantes de la administración pública en sus tres niveles (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) y personas representantes de la sociedad civil, como fundaciones, organizaciones del tercer sector o del ámbito académico.
El cometido de este grupo, por parte del IV Plan de Gobierno Abierto, es profundizar en las demandas de la ciudadanía para que sirva como base en el trabajo legislativo de la reforma de la ley de transparencia. En este sentido, el grupo se ha reunido cada 15 días hasta redactar las principales conclusiones para la reforma.
Para Helen Darbishire, directora de Access Info, organización enfocada en la promoción y defensa del derecho de acceso a la información, sus preocupaciones giran entorno a la definición limitada de información que están proponiendo en la reforma de la ley de transparencia y comenta que no tienen más información sobre la ley de información clasificada, pero “es imprescindible tener una buena articulación entre las dos leyes, con especial mención al Consejo de Transparencia”.
También lamenta que no se haya conseguido incluir el acceso a la información como un derecho fundamental, a pesar de todos los estándares internacionales
Estas son algunas de las cuestiones que el grupo ha acordado:
El 30 de junio de 2022 el Congreso de los Diputados aprobó incluir una reforma de la ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se trata de una enmienda del PSOE que incluye la regulación de las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) dentro del marco de transparencia. Con el fin de que hagan públicos los datos relacionados con la contratación pública.
Finalmente el pasado 9 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Eva Belmonte, codirectora de la Fundación Ciudadana Civio
Joaquín Meseguer, representante de la FEMP (Federación Española de Municipios)
Helen Darbishire, directora de Access Info
