Los casos de corrupción alrededor de los partidos políticos no han sido pocos en la historia de la democracia española. El último que se investiga y denominado “Mediador” ha afectado, presuntamente, al PSOE. Pero al igual que existe la corrupción, también existen herramientas para combatirla. La última, aprobada a finales de febrero, es la ley de protección a los denunciantes o Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
España tenía la obligación de aprobar la norma tras una directiva de la Unión Europea de 2019 que pretendía unificar la legislación de los países miembros en cuanto a los denunciantes de corrupción, también conocidos como whistleblowers.
En cualquier caso, con la ley de denunciantes aprobada, y tal y como recoge la norma en su título III, España deberá crear una Autoridad Independiente de Protección del Informante, pero que según las expertas consultadas, debe desvincularse de los partidos políticos.
La ley de denunciantes es clara en cuanto a los partidos políticos, cualquier otra organización y las instituciones de la Administración Pública: deberán proteger a las personas que denuncien casos de corrupción (artículo 10). Además, la norma establece que deberán contar con un sistema interno para poder facilitar estas denuncias.
El PSOE y PP son dos de los principales partidos políticos que, a priori, ya cuentan con un canal interno de denuncias, mientras que Vox y Ciudadanos apuestan por un “canal ético” en el que informar sobre infracciones. Por su parte, Unidas Podemos no especifica en sus documentos internos un mecanismo para proteger a los denunciantes.
Para Victoria Rodríguez-Blanco, profesora de Ciencia Política en la Universidad Miguel Hernández, estos canales de control interno pueden ser efectivos “mientras que haya un responsable muy comprometido con garantizar su funcionamiento”. “Si el encargado pertenece a la cúpula directiva, o responde ante ella, podría complicarse que la denuncia prospere”, asegura.
Otro de los puntos de la ley de denunciantes relacionado con los partidos políticos es la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante, que no tenga que ver con ninguna de las organizaciones que se pueda denunciar en la misma.
No obstante, será el Consejo de Ministros quien apruebe su estatuto por el que se desarrollará su estructura, organización y funcionamiento interno. Sobre esto, la profesora de Ciencia Política explica que “no debería tener ningún tipo de vinculación a un partido político, para preservar su independencia. Debería estar compuesta por personas destacadas e independientes del poder político”.
Lo que recoge la norma es que esta autoridad podrá recibir denuncias de corrupción sin necesidad de que haya habido un procedimiento previo en los canales internos de la organización denunciada. Y podrán ser anónimas, aunque hay límites.
El artículo 33 establece que “la identidad del informante solo podrá ser comunicada a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora”. Rodríguez-Blanco explica que “para el juez, y en general en el proceso judicial, se debe de conocer el nombre del autor de la denuncia para que se preserven los derechos a la defensa de la persona denunciada”.
Desde los mil hasta el millón de euros. La ley de denunciantes también fija una horquilla económica a las sanciones que pueden derivar de no cumplirla, algo que también podría afectar a los partidos políticos si no protegen a las personas que revelen casos de corrupción. Y más aún si toman represalias contra los denunciantes (artículo 63).
Victoria Rodríguez-Blanco explica que “estas infracciones y sanciones se establecen para obligar a la protección de los denunciantes” y también como medida disuasoria para quienes piensen en incumplir la ley. De hecho, gracias a este articulado, las personas que denuncien casos de corrupción podrán acudir a las autoridades y defender sus intereses si creen que han vulnerado sus derechos.
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
Victoria Rodríguez-Blanco, profesora de Ciencia Política en la Universidad Miguel Hernández
