Esta semana el Congreso de los Diputados acoge el debate sobre el estado de la nación, que terminará con la votación de las correspondientes resoluciones sobre la situación del país. Se trata de una cita inédita desde hace siete años, algo muy poco habitual si se tiene en cuenta la sucesión de hechos históricos que la Cámara ha vivido desde 2015. Nada más y nada menos que tres mociones de censura, cinco sesiones de investidura (tres de ellas, fallidas) y siete debates sobre las prórrogas de un estado de alarma.
En el debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno hace una primera exposición sobre cómo ve el país y confronta su visión con la de los representantes de los grupos parlamentarios. A partir del debate, los partidos presentan una serie de resoluciones acerca de lo que querrían que hiciera el Ejecutivo y el pleno se pronuncia sobre ellas.
Límite de cantidad, pero no de contenidos. El Congreso limita a 15 el tope de resoluciones que puede registrar cada grupo. Sin embargo, como no hay límite sobre la extensión, las formaciones pueden incluir cuestiones de lo más variopintas en una única moción, como ha ocurrido otras veces.
Además, en muchos casos, las negociaciones entre los grupos provocan variaciones entre las propuestas iniciales y las que termina votando el pleno en lo que supone todo un examen de los apoyos con los que cuenta el Ejecutivo en el hemiciclo.
Algo más simbólico que práctico. Como las proposiciones no de ley, las resoluciones del debate sobre el estado de la nación que apruebe la Cámara no son vinculantes para el Ejecutivo. Sobre el papel, los partidos ‘marcan’ el rumbo que este debería seguir. Pero, en la práctica, el Ejecutivo puede tomar la vía que quiera.
Con todo, en los 25 debates sobre el estado de la nación que se han celebrado desde 1983 el Congreso ha aprobado resoluciones de todo tipo: desde compromisos concretos que se quería arrancar al Gobierno -como la redacción de una ley- a instancias emblemáticas, pasando por cuestiones que no han perdido actualidad con el paso de los años.
En 1987, del debate sobre el estado de la nación salió un ‘mandato’ para el Gobierno: remitir a la Cámara el proyecto de ley de los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla. La petición se repitió sin éxito en 1989, 1991 y 1994. Finalmente, fue en septiembre de este último año cuando llegó el texto al registro del Congreso.
Algo parecido pasó con una norma clave en la legislación actual: la que regula el derecho a la huelga. Tuvo que aprobarse una resolución durante tres debates sobre el estado de la nación seguidos (1989, 1991 y 1992) antes de que el Ejecutivo presentara dicho proyecto de ley. Y eso que en la primera ocasión se le requería que lo hiciera en “el plazo [de tiempo] más breve posible”.
Una coletilla similar se incluyó en el texto que exigía la redacción de la ley orgánica del Poder Judicial por parte del Consejo de Ministros: si la resolución se aprobó en septiembre de 1983, el proyecto de ley llegó al Congreso en septiembre de 1984.
El acceso a la información pública por parte de los ciudadanos también necesitó de una doble resolución: las que se aprobaron con Zapatero como presidente en los debates del estado de la nación de 2010 y 2011. Terminaría siendo Rajoy el que cumpliera con este mandato en 2012.
Lo mismo ocurrió con el permiso de paternidad intransferible de cuatro semanas (exigencia de 2006 y 2007 que se materializó una década después) o con la construcción ferroviaria de la ‘Y’ vasca, que todavía hoy sigue sin concluirse.
En 1984, el pleno de la Cámara insistió al Gobierno de Felipe González en la necesidad de que diera explicaciones sobre “su posición con respecto a las relaciones con Argelia y los instrumentos a utilizar para superar la problemática actual salvaguardando plenamente los intereses españoles”. Una problemática que, como reflejan las crónicas de la época, trataba de lo mismo que la actual: el suministro del gas natural.
Una década después se abordó a través de una de estas resoluciones el bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales para atajar la “imagen de degradación” y de “obstaculización” provocada, que hoy también se da respecto al Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional: “El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de que (…) se adopten, antes de finalizar el actual período de sesiones, los acuerdos necesarios para proceder a la renovación de aquellos cargos que constitucionalmente corresponde designar a las Cortes Generales”
En ese mismo pleno se dio luz verde a un mandato para el Ejecutivo respecto a la factura de la luz, que bien podría ser aplicable a día de hoy: “Que adopte las medidas necesarias para conseguir unas tarifas eléctricas transparentes y, a medio plazo, más baratas”. Tampoco es descartable que, en contra de la voluntad del PSOE, este año la Cámara apruebe una moción similar a la que ya ratificó en 2006 sobre el Sáhara para “apoyar los legítimos derechos de la población saharaui, a ejercer su reconocido y reiterado derecho de autodeterminación, mediante un referéndum libre y sin coacciones de ningún tipo”.
Lo que no se dará este año es una resolución como la de 1997. Con José María Aznar como presidente, se celebró en Madrid una cumbre de la OTAN solo unos días después de que el Congreso celebrara su debate sobre el estado de la nación. Por ello, se quiso emitir una resolución en favor de “la participación de España en la Alianza Atlántica renovada”.
Otro de los rasgos que se observa buceando en la hemeroteca es que las resoluciones aprobadas en los debates sobre el estado de la nación han ido incorporando de forma creciente las reivindicaciones de las formaciones nacionalistas, socios clave de los sucesivos gobiernos de PP y PSOE.
Así, han sido habituales las menciones que se ha hecho a aumentar las inversiones en Galicia, País Vasco o Cataluña, los compromisos arrancados sobre la construcción de determinadas infraestructuras o la intención de impulsar las lenguas cooficiales.
Sin embargo, si estas referencias se han dado a menudo, hay otro territorio que a lo largo de los debates sobre el estado de la nación ha logrado que las menciones a su favor hayan sido constantes: Canarias. De los 25 debates, hay referencias en más de la mitad y, además, con un contenido de todo tipo: del turismo o el empleo juvenil al plátano canario.
En las cientos de resoluciones aprobadas en 25 debates sobre el estado de la nación ha habido hueco para que el Congreso muestre su apoyo a cuestiones de todo tipo. Estos plenos han transcurrido en paralelo al momento histórico y, por ello, se han aprobado textos contra la violencia de ETA, sobre el fin de la guerra fría o el incidente de Perejil. Pero también sobre cuestiones más específicas y, en algunos casos, llamativas.
1989. La cobertura de RTVE sobre ETA. El Congreso se dirigió a la cúpula del ente público respecto a cómo debía informar sobre la banda terrorista a raíz del Acuerdo de Ajuria Enea firmado ese año: “Se hablaba de la creación de un clima informativo adecuado que alentara un estado de opinión que incidiera más en las claves para la consecución de la paz en Euskadi, a fin de que se cumpla este compromiso, de forma que se genere una dinámica de paz, una cultura de la paz y un énfasis mayor en las noticias de tipo institucional que en las relacionadas con la violencia y el terrorismo con respeto pleno, en todo caso, al libre ejercicio de su actividad por los profesionales de la información”.
1992 y 1994. Gibraltar. Los diputados insistieron en que se tomaran todas las acciones necesarias para “conseguir la desaparición de la presencia colonial británica en Gibraltar” y revertir “la soberanía española”.
1998. Cantar ‘gol’ en lenguas cooficiales. Ese verano se celebraba el mundial de fútbol en Francia y el hemiciclo volvió a dirigirse a RTVE para solicitar que, si fuera posible, favoreciera que se pudieran seguir las retransmisiones del evento deportivo en las distintas lenguas oficiales.
1999. Una nueva lectura del bombardeo de Gernika. El Congreso exigió al Gobierno de José María Aznar una cosa muy concreta respecto a la guerra civil: que manifestara “oficialmente que la autoría de la destrucción de Gernika, el 23 de abril de 1937, fue llevada a cabo por la Legión Cóndor alemana, por orden del General Franco, y no por los llamados ‘rojos separatistas’”.
2003. Felicitaciones para sus señorías. Uno de los mayores ejemplos del simbolismo de las resoluciones aprobadas en los debates sobre el estado de la nación es la que aprobaron en 2003 los diputados para “felicitarse” por “el éxito alcanzado” con la entrada en vigor de la nueva Ley de Partidos Políticos.
2006. En defensa de la anchoa. La Cámara baja salió al rescate de la anchoa del Golfo de Vizcaya, que en 2005 experimentó una campaña muy mala. Por ello, exigió al Ministerio de Agricultura y Pesca que solicitara “formalmente y de manera inmediata el cierre de la pesquería de la anchoa” de ese enclave para garantizar “una abundancia de recursos en el futuro”.
2011. Reprimenda al Gobierno. En el último año de Zapatero en la Moncloa, los grupos de la oposición se unieron para mostrar su descontento en forma de resolución durante el debate sobre el estado de la nación. En concreto, le instaron a “abstenerse de hacer un uso indiscriminado de la facultad excepcional otorgada al Gobierno para vetar y negar la conformidad a la tramitación de iniciativas de los grupos parlamentarios”, así como de “atender en el plazo máximo de tres meses” las solicitudes de comparecencia que se habían cursado.
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