El Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovarse. Da igual cuándo se lea esto, visto cómo han sido las conversaciones desde que a finales de 2018 caducara el mandato del órgano de gobierno de los jueces. Un órgano que, junto al Congreso, el Senado y el Ejecutivo, tiene un papel importante en la renovación del Tribunal Constitucional, que este 12 de junio ha visto cómo caducaba el mandato de cuatro de sus integrantes. Entre ellos, el de su actual presidente, Pedro González-Trevijano, nombrado por el gabinete de Mariano Rajoy.
Según consta en la Carta Magna, los 12 miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por nueve años y su renovación se lleva a cabo por “por terceras partes”. Esto es, que cuatro los elige la Cámara baja en una tanda, otros cuatro la Cámara alta y, en un nuevo turno, la elección de dos magistrados recae en el Gobierno y, la de otros dos, en el CGPJ.
En lo referido a los integrantes que dependen de las Cortes, en octubre de 2021, PP y PSOE lideraron un pacto para sustituir a los cuatro magistrados que dependían del Congreso. Con esta elección, el Ejecutivo se quedaba a una terna de revertir la mayoría conservadora en este órgano, esperando a que esta se produjera en el mes de junio. Pero no se prevé que ocurra.
En paralelo al Tribunal Constitucional, y desde hace más tiempo, el CGPJ sigue a la espera de su renovación desde hace más de mil días. A finales de 2018 terminó su mandato y, desde entonces, populares y socialistas no han llegado a un acuerdo, una meta que también han alejado las elecciones sucedidas desde entonces (8).
Dada la mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado que se exige para renovar el CGPJ, es indispensable el acuerdo entre PSOE y PP y, aunque en este tiempo el partido ha cambiado de líder, con Núñez Feijóo no se ha producido un cambio significativo en las negociaciones.
Y esto tiene repercusiones para el Constitucional: en marzo de 2021, las Cortes aprobaron una ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos en la que se vetaba que un CGPJ en funciones pudiera realizar una serie de nombramientos. Entre ellos, el de los dos magistrados del TC.
Ante esta situación, el debate jurídico está en si el Gobierno podría elegir por su cuenta a los dos magistrados que les corresponden sin esperar a los del CGPJ. La ministra de Justicia, Pilar Llop, cree que hay que “estudiar todas las posibilidades y todos los escenarios”, según ha manifestado en una entrevista en La Cafetera, pero ve la opción “viable”. Todo lo contrario que Enrique López, quien encabezó la negociación por parte del PP hasta hace poco: “Constitucionalmente es inviable que haya una renovación que no sea por tercios”.
De igual modo, Pilar Llop ha querido dar su interpretación del artículo de la Ley del Tribunal Constitucional que da a este órgano la facultad para realizar “la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución” para su renovación.
En base a esto, considera que “no pueden entrar en el criterio de oportunidad de las personas seleccionadas, únicamente en los criterios formales, pero no en el fondo”.
Más allá de que se trata de que la renovación del Tribunal Constitucional es un mandato que recoge la Carta Magna, el Gobierno también tiene una prisa política puesto que está en juego la mayoría ideológica del Tribunal Constitucional y leyes de especial calado, a la espera de una decisión por su parte.
En estos momentos, la proporción es de siete magistrados conservadores y cinco progresistas; un desequilibrio que se revertiría con los nombramientos del Ejecutivo de coalición y que sería bien recibida en La Moncloa cuando el TC analice, entre otros, la Ley del Aborto (que lleva más de una década a la espera), la Ley Celaá o la norma que limitó las competencias del CGPJ en funciones.
