El Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME han alcanzado un principio de acuerdo este lunes para reformar el sistema de pensiones: se actualizarán en función del IPC y se acercará la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Incluye también una revisión del modelo de jubilación anticipada y se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades.
“El texto aún debe ser ratificado por los órganos correspondientes de los interlocutores sociales”, como explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por lo que en la práctica solo queda el ‘sí’ de los órganos de dirección de la CEOE, algo que previsiblemente ocurrirá mañana martes, ya que los negociadores de UGT y CCOO ya lo han aprobado en la mesa y valorado muy positivamente.
En esta primera parte de la reforma del sistema de pensiones se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC. En principio, la idea es que se suban las pensiones en enero con una media de las tasas de variación interanual del índice de precios de consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre del año anterior. En caso de que esa media sea negativa, el importe de las pensiones se congelará al comienzo del año, pero en ningún caso se reducen.
Otro de los puntos comunes entre Gobierno y agentes sociales ha sido la necesidad de acercar la edad efectiva de jubilación (que se encuentra en 64,6 años en promedio, según datos del Banco de España) a la edad legal (entre los 65 y 66 años) mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación, como ya adelantó el ministro José Luis Escrivá unos meses atrás.
Se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que suponía la minoración de la pensión inicial en relación a la evolución de la esperanza de vida.
El acuerdo se desarrollará como anteproyecto de ley y pretende garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de la pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior.
Tal y como destacan CCOO y UGT en un comunicado conjunto, el acuerdo subraya el papel del Estado como garante público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado de cerca de un 2% del PIB (unos 21.000 millones de euros).
«Se culmina así el cumplimiento, hasta la fecha, del principio de separación de fuentes y se garantiza desde ahora mismo cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050», resaltan los sindicatos.
El acuerdo de pensiones incluiría también medidas orientadas a una revisión del modelo de jubilación anticipada. Se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores (porcentajes de reducción de la cuantía de la pensión según los meses que se adelante la jubilación, que según CCOO quedarían así), se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria, y se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades. En este marco también se igualan los derechos vinculados a los períodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar.
Además, se desarrolla una batería de medidas por la que se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos de los que ya existían. Entre ellos, destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional tengan o no carácter remunerado, o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que el texto recoge las recomendaciones que el Pacto de Toledo aprobó el pasado otoño y las reformas recogidas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia comprometidas con Bruselas.
“Tras muchas reuniones en las que hemos ido aproximando y mejorando el texto con las aportaciones de todos tengo las mayores expectativas”, adelantaba el ministro José Luis Escrivá en Nueva Economía Forum. Escrivá espera que se “concrete de forma inminente” esta “reforma pensada para que dure 25 años, por lo que hay que ajustando el modelo de manera gradual, persiguiendo el mantenimiento activo de los trabajadores en el mercado laboral mediante incentivos”.
El ministro recordó que «uno de los objetivos de la reforma es el traslado de los denominados gastos impropios de la Seguridad Social» a Hacienda para acabar con el déficit de las arcas de la Seguridad Social. Escrivá cree que con el nivel de ingresos y gastos que tiene hoy la Seguridad Social, «no tendría que visualizarse en déficit», pues si se descuentan estos gastos impropios del sistema (gastos no contributivos que ha venido asumiendo la Seguridad Social), superiores a los 18.000 millones de euros, no estaría en ‘números rojos’. Escrivá apuntó que a finales de esta legislatura el Estado ya asumirá todos los gastos impropios, aunque reconoció que a partir de 2025 y 2026 habrá una cierta «tensión» en el gasto del sistema por la llegada de los baby boomers a la edad de jubilación.
Esto último está en línea con las preocupaciones expresadas este mismo mes de junio por el presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, sobre el futuro de la pensiones en España. «Necesitamos una política más cauta que ponga mayor énfasis en el control del crecimiento del gasto en pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar sobrecargar a los jóvenes con demasiados impuestos”, recalcaba De la Fuente, «ya que las previsiones apuntan a que las próximas décadas vamos a tener una circunstancia cada vez más difícil al irse jubilando los baby boomers y serán los que vienen después tendrán que soportar los costes de las pensiones».
El gasto total de pensiones en España fue de 10.180,23 millones de euros en junio de 2021, lo que supone un aumento del 3,22% con respecto al mismo mes del año pasado. Las pensiones de jubilación se llevan el mayor gasto, acumulando 7.322,91 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,76% en los últimos doce meses. Por encima de las pensiones de viudedad (1.744,07 millones de euros), incapacidad permanente (944,09 millones), orfandad (142,88 millones) y las de favor familiar (26,27 millones).
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