La Comisión de Educación del Congreso eliminó el jueves 5 de noviembre el apartado que definía el castellano como lengua vehicular en la enseñanza de su proyecto de ley de educación LOMLOE (Ley Orgánica que Modifica la Ley Orgánica de Educación), también conocida como ‘Ley Celaá’. Se aprobaron así las enmiendas transaccionales acordadas entre PSOE, Unidas Podemos y ERC en el grupo de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso.
Esto desencadenó una polémica por parte de varios partidos (PP, Cs y Vox) que consideran que con dicha modificación se vulnera el artículo tercero de la Constitución Española, que establece en el primero de sus puntos que “el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
Por eso mismo, PP, Cs y Vox ya han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional al considerar que el uso del castellano corre peligro en las aulas, mientras que el Ministerio de Educación y los grupos que apoyaron la enmienda, PSOE, ERC y UP, señalan que este cambio no significa que se vaya a dejar de enseñar el castellano en las aulas, sino que garantiza que se adquieran competencias en las dos lenguas cooficiales de las comunidades autónomas que las tengan.
La enmienda incluye además otros cambios en el proyecto de ley, como que no se permitirá financiar con fondos públicos los centros educativos que segreguen a los alumnos por sexo, entre otros. Te explicamos la polémica y qué suponen estos cambios.
La enmienda aprobada es una enmienda transaccional, que se crea a partir de otras enmiendas ya presentadas para agilizar el debate y generar consenso. En estos casos, una mayoría parlamentaria debe estar de acuerdo en que se vote la transacción y, si se acepta, se retiran las enmiendas anteriores y se vota exclusivamente la enmienda transaccional.
La decisión sobre esta enmienda forma parte del proceso de elaboración de un proyecto de ley, ya que la LOMLOE todavía no se ha aprobado, sigue en proceso de consolidarse. A pesar de que el texto no se ha hecho público porque se trata de una enmienda transaccional, Newtral.es ha tenido acceso a él.
El texto recogido en la enmienda es: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de conformidad con la Constitución española, los Estatutos Autonomía y la normativa aplicable”.
Se ha suprimido de la disposición adicional trigésima octava de la LOMCE, en su artículo primero que: “el castellano, lengua oficial del Estado español”, y: “El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares”.
Aun así, el proyecto para la nueva ley educativa está lejos de aprobarse todavía, por lo que hasta que no se vote la LOMLOE íntegramente en el Congreso de los Diputados esto no será vigente.
En la actual norma, la LOMCE, también conocida como ‘ley Wert’, que se aprobó en el 2013, se establece que «el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado, y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable». El texto recogido en la disposición es similar al Título preliminar de la Constitución, más concretamente de su artículo 3, aunque sin la referencia al concepto ‘vehicular’.
En el texto de la enmienda aprobada se ha suprimido tanto el concepto ‘vehicular’ como la afirmación de que: “El castellano es la lengua oficial del Estado”. Esto es lo que ha generado discusión entre los representantes políticos y discrepancias entre ellos.
Antes de que se aprobase la LOMCE, la ley educativa que regía en España era la LOE de 2006. En esta ley no se hacía ninguna referencia a que el castellano fuera la lengua ‘vehicular’ en la enseñanza. Por ejemplo, cuando se referencia el castellano, se acompaña de: “en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma”, como en su artículo 23.
No se hace referencia tampoco a que “el castellano es la lengua oficial del Estado español”, aunque sí se emplea el término cooficial para referirse al resto de lenguas presentes en distintas comunidades autónomas. Así lo confirman para Newtral.es desde el Ministerio de Educación: “La primera vez que se introdujo el término vehicular fue en la LOMCE del 2013, antes no se había empleado”.
Desde el Ministerio de Educación explican a Newtral.es que esta enmienda no pretende imponer o desbancar el lugar que ocupa el castellano en ninguna comunidad autónoma: “Se quiere garantizar que el alumnado tenga pleno conocimiento en ambas lenguas, no una sobre la otra”.
Por ejemplo, si un alumno extranjero accede al sistema educativo de alguna comunidad autónoma en la que coexistan dos lenguas oficiales, “se deberán poner a su disposición clases de refuerzo para garantizar la enseñanza de ambas lenguas y que vaya adquiriendo competencias en las dos (…) Esto no significa que se deje de enseñar castellano, ni mucho menos”.
El PSOE insiste en que lo que se plantea con esta enmienda junto a UP y ERC “es garantizar el aprendizaje en lengua castellana y en lengua cooficial, como recoge la Constitución española, los estatutos de autonomía y las distintas normativas autonómicas”.
Lo argumentaba en el programa Espejo Público la portavoz socialista de Educación, Luz Martínez Seijo: “Lo que pretendemos con esta enmienda transaccional es garantizar a todos los estudiantes el aprendizaje en lengua castellana y en lengua cooficial, como recoge la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y las distintas normativas autonómicas”.
Además, explicaba que “para aquellos alumnos que puedan tener algún tipo de carencia en cualquiera de las dos lenguas, las administraciones educativas (de las comunidades autónomas) tienen que habilitar mecanismos y programas educativos para hacer refuerzo en cualquiera esas lenguas y evitar que haya una diferencia de competencia lingüística en cualquiera de ellas”.
Desde el Partido Popular se han pronunciado en redes sociales afirmando que el Gobierno pretende acabar con la oficialidad del castellano, y lo califican de “traición” a los españoles, o de “ataques excluyentes”. También lo han hecho desde Ciudadanos o Vox, y en los tres casos hablan de “denunciarlo ante el Tribunal Constitucional”.
Nicolás Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Profesores Estatales (ANPE) considera que la enmienda vulnera derechos fundamentales y pide a la oposición que la recurra ante el Tribunal Constitucional. «El castellano debe ser vehicular en todo el Estado al igual que el resto de lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades», añade, y advierte que «la desaparición del castellano como lengua vehicular afecta también al carácter estatal de los cuerpos docentes», advierten.
Belén Espejo, experta en Política Educativa y Profesora Titular de la Universidad de Salamanca, señala a Newtral.es que “no se puede considerar anticonstitucional porque no se está desplazando por completo el castellano, y en la Constitución no se habla de lengua vehicular, se habla de oficialidad”.
Para la experta, suprimir este concepto implica “rebajar la autoridad del castellano y ofrecer un mayor protagonismo a las lenguas cooficiales en aquellas comunidades autónomas que las tengan”, lo que podría afectar a aquellas familias que quieran buscar para sus hijos centros públicos que tengan el castellano como lengua troncal. “Habrá centros que busquen la especialización en una lengua, hay que tener en cuenta la autonomía de los mismos para decidir sobre su especialización lingüística”, indica. “Por ello puede que la oferta de centros que impartan clases en español se rebaje”, añade.
La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Remedio Sánchez observa otro escenario. “Se podría considerar anticonstitucional porque perjudica a la mayoría de la población con menos capacidad adquisitiva porque, obviamente, quienes pueden van a la privada o incluso a colegios extranjeros”. Añade Sánchez que: “El deber del Estado es garantizar la educación a todos (…) Puede que haya personas que digan que la lengua no es parte de esa educación, pero a mi juicio sí lo es, sobre todo una lengua que se habla en buena parte del mundo y que es la oficial del Estado”.
Para el presidente de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Mario Gutiérrez, «la Constitución ya regula el derecho a la educación y junto a las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional han dejado bastante claras las competencias que tiene el Estado y las que tienen las comunidades autónomas en lo que se refiere a Educación».
Explica que «la sentencia del Tribunal Supremo que dicta que el 25% de las horas tienen que darse en castellano en aquellas comunidades que tienen lengua propia es ajustada y respetuosa con ambas lenguas» por lo que no cree conveniente «volver a abrir la guerra del castellano una vez más».
La enmienda hace referencia a la Constitución y a los estatutos de autonomía. En el artículo 3 de la CE se afirma que “el castellano es la lengua oficial del Estado español”, pero en ella no hay referencia al concepto “vehicular”.
En relación a los estatutos de autonomía, en las comunidades con lengua cooficial como, por ejemplo, el de Cataluña se afirma que “el catalán es la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. En su segundo artículo reafirman la cooficialidad de ambas lenguas, tanto del castellano como del catalán, ya que reconocen “el castellano como lengua oficial del Estado español”.
En el de Euskadi se señala, de igual manera que en el catalán, que tanto el castellano como el euskera son lenguas oficiales, y que como tal, “se garantizará el uso de ambas lenguas (…) se regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento”. A diferencia del catalán, en este no se recoge el concepto de ‘vehicular’.
En el gallego se recoge que las instituciones públicas “potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa”.
Desde la Cámara baja apuntan a Newtral.es que así como otras enmiendas sí se hacen públicas, con sus respectivos documentos, (esto ocurre con las primeras enmiendas que se hacen), las transaccionales, por su tipología concreta, no se publican como tal. Son enmiendas ‘sobre la marcha’.
“Esto se debe a que a veces, de las enmiendas iniciales, ninguna se ajusta por completo y lo que se hace con una ‘transaccional’ es coger puntos de diferentes enmiendas y se elabora un texto coherente que las unifique, también en busca de los apoyos de los grupos que propusieron esos cambios específicos”, explican desde el Congreso. A veces son cambios ‘a mano’ sobre las enmiendas de cada uno, que se pasan al letrado y se votan directamente, apuntan desde la Cámara baja. La enmienda transaccional como tal se verá cuando se publique la iniciativa legislativa con dichos cambios ya incorporados y tardará como mínimo una semana.
