Esta semana hubo varias noticias relacionadas con las fuerzas militares. Una de ellas, de la que luego no reseñaron sus desarrollos, se relacionaba con una decisión pendiente en la Sala Plena de la Corte Constitucional, que se reunía el martes con ese propósito, acerca del artículo del Código Disciplinario Militar que impone a los militares la obligación de entregar su propia vida, en caso de que sea necesario para defender la patria.
La norma fue demandada por alguien que consideró que ella establecía una clara violación al derecho a la vida, uno de los consagrados como fundamentales por nuestra Constitución Política, derecho que a su vez se define como principal en los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por Colombia. El Ministerio de Defensa consideró que la norma es justa, en caso necesario la patria está por encima de la vida.
Un interesante debate de orden filosófico, político y moral. ¿Puede la ley imponer el deber de sacrificar la propia vida en defensa de la patria? Meditar en el asunto conduce a recordar la historia de la humanidad, una historia plagada de guerras y sacrificios heroicos, en la que momentos sublimes abocaron a hombres y ejércitos a ese dilema. Leónidas y sus 300 en Las Termópilas, o su opuesto, la rendición del mariscal Paulus y su Sexto Ejército en Stalingrado.
El asunto debería aterrizarse a Colombia. No somos un país amenazado por algún peligro exterior que amenace la integridad nacional. Claro, habrá los fantasiosos interesados en hablar de la amenaza venezolana o cubana, una posibilidad a todas luces descabellada. Además, no somos un país en el que la noción de soberanía sea defendida de manera especial desde el Estado. Admitimos bases militares y tropas estadounidenses en nuestro territorio.
No es un secreto que la economía nacional se halla en manos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras entidades multilaterales como la OCDE, que disponen las reformas tributarias y demás medidas fiscales y monetarias. Si entendemos la patria como el terruño y la comunidad en que nacimos, a los que nos unen lazos indestructibles de afecto, debemos preguntarnos si la doble o triple nacionalidad no riñen con esa noción.
También cabe pensar si Colombia nos pertenece a todos. Aquí el uno por ciento más rico de la población concentra el veinte por ciento de los ingresos, y, según expertos, ese mismo uno por ciento acapara el cuarenta y cuatro por ciento de la riqueza. Todavía más sorprendente: 2.681 clientes, el 0,01 por ciento del total, poseen el 58,6% de los depósitos bancarios del país. Un porcentaje que representa 185 billones de pesos.
Hablando de terruño, según Oxfam, el uno por ciento de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 por ciento de la tierra colombiana. El 19 por ciento de tierra restante se reparte entre el 99 por ciento de las fincas. Un país en donde una vaca tiene más tierra que un millón de familias campesinas. Y en el que sabemos existen grandes propietarios de ganado con decenas de miles de cabezas en su haber. ¿Por ellos es que debe hacerse matar un soldado de la patria?
En el conflicto armado soportado por Colombia nunca estuvo en juego la patria, sino los intereses de unos cuantos privilegiados muy poderosos, puestos en cuestión por varios puñados de soñadores rebeldes. Y aquí viene otro tema relacionado con los militares esta semana. La revelación del documento llamado “Plan 002811”, del 13 de marzo de 2019, firmado por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, sobre la versión militar del conflicto.
Mindefensa y los altos mandos salieron a defenderlo, aclarando que se trata de un propósito adelantado de común acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad desde el gobierno anterior. Contendría unas líneas de contraargumentación, o unas orientaciones acerca de lo que deben decir los militares y policías comparecientes a la JEP, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares
Explican que lo de los casos emblemáticos se ocupará de demostrar la culpabilidad de las FARC en ellos, y lo de la visibilización se referirá a cómo los militares y policías fueron víctimas de esa misma guerrilla. Uno creería que el informe se debería ocupar de la verdad sobre los vínculos entre las fuerzas armadas y el paramilitarismo, o sobre el papel de los servicios de inteligencia militar en tantos crímenes de Estado, refiriendo la verdad sobre los falsos positivos.
Lo de las FARC será elaborado y reconocido por estas, eso es claro. Los militares deberían referirse en su informe a sus propias actuaciones. Ese tipo de verdades me hacen pensar en otra noticia sobre ellos. Mindefensa asegura que tienen pleno control de la situación en el Cauca. ¿Cómo explicar entonces los crímenes contra líderes e indígenas en ese departamento?
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