Con esta decisión, el Gobierno manifiesta su apoyo a estas dos candidaturas y otorga las garantías necesarias que exige la UEFA para la celebración de las dos finales.
Estas garantías incluyen, entre otras medidas, la consideración del evento como un asunto de interés público o la aplicación de las leyes españolas en estos dos eventos en materia de marca y propiedad intelectual, normativa aduanera y prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.
Asimismo, las garantías aprobadas conceden autorización a la UEFA para aplicar su reglamento antidopaje y llevar a cabo cualesquiera controles antidopaje en España con el apoyo de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) en la realización de controles antidopaje y en el traslado de muestras a través de las fronteras internacionales.
La sede de la final de ambas competiciones es una decisión que corresponde al Comité Ejecutivo de la UEFA.
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