La SER recuerda cómo el pasado 26 de abril avanzó que Moix quería apartar de la ‘operación Lezo’ a Carlos Yáñez, el fiscal que ha llevado la investigación junto a Carmen García desde hace 18 meses. Y cómo el propio fiscal jefe negó de forma tajante que hubiera intentado semejante maniobra. Según su versión, había sido Yáñez quien había pedido su traslado a Granada, y nunca había sido su intención apartarle del caso. Prueba de ello, sostuvo Manuel Moix en una nota oficial, era que “recientemente” había pedido al Fiscal General del Estado la renovación de Yáñez.
Sin embargo, un documento inédito en poder de la misma cadena prueba que el Fiscal jefe Anticorrupción miente. Se trata de un decreto firmado por el propio Moix a la finalización de la junta de fiscales anticorrupción celebrada el 18 de abril, víspera de la operación contra el entramado supuestamente liderado por Ignacio González.
En el decreto, Manuel Moix, exime a Carlos Yáñez y Carmen García de las “responsabilidades” en que puedan incurrir en el cumplimiento de sus obligaciones a la hora de ejecutar la operación, “ante la premura de tiempo para designar a otros Fiscales en la llevanza del presente procedimiento”.
El decreto de Moix también confirma que el fiscal jefe pretendía evitar el registro a la sede del Canal Isabel II, en lo relativo a la adquisición de la empresa pública Inassa en 2001; y que el fiscal jefe consiguió que los fiscales del caso se abstuvieran “de exponer en el informe” a presentar ante el juez, “sus valoraciones acerca de la presunta existencia de una organización criminal”. Finalmente, el juez Eloy Velasco acabó acusando al entramado de este delito.
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