29-M. Esta ha sido la fecha elegida por la primera ministra británica para iniciar la ruptura irreversible con los Veintisiete de manera formal tras más de cuatro décadas, concretamente 44 años, como miembro comunitario. Sin embargo, la de este miércoles es tan solo la primera piedra de un largo camino hacia una desconexión que debería hacerse efectiva, según los cálculos del Ejecutivo británico, el 29 de marzo de 2019.
El embajador británico en la Unión Europea, Tim Barrow, será el encargado de informar a Bruselas del inicio del Brexit entregando personalmente una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que el Gobierno de May notifica que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa.
Un día más tarde, el jueves, el presidente del Consejo Europeo enviará al resto de los socios europeos un borrador en que se prevé que figuren las directrices de negociación con Reino Unido. Unas reglas que serán adoptadas formalmente en la cumbre especial que se celebrará el próximo 29 de abril en Bruselas.
Paralelamente, la primera ministra británica acudirá este miércoles al Parlamento para informar a los diputados de la Cámara de los Comunes de que el artículo 50 del Tratado de Lisboa ha sido activado.
La conservadora Theresa May tiene ante sí el duro reto de sacar a Reino Unido de la UE en un plazo de dos años, en los cuales debe cerrar un acuerdo con Bruselas que satisfaga a ambas partes en unas negociaciones que fijen los términos de la salida del Reino Unido y cómo serán las futuras relaciones comerciales con el bloque comunitario.
Uno de los puntos más polémicos será aclarar lo que los medios denominan "la factura del divorcio", es decir lo que Londres tiene que pagar por marcharse. El ministro para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, ha rechazado que su país vaya a tener que pagar a Bruselas 50.000 millones de libras (57.800 millones de euros) como se había barajado. "Cumpliremos, por supuesto, con nuestras obligaciones internacionales, pero también esperamos que se respeten nuestros derechos. No creo que vayamos a hablar de esas cantidades", dijo en la noche del lunes Davis en un programa especial del Brexit en la BBC.
Uno de los asuntos que más preocupa tras el Brexit es qué ocurrirá con la situación legal de los comunitarios que viven en Reino Unido así como con los británicos que residen en el continente. Este asunto se prevé que será uno de los ases en la manga que el Gobierno de May utilizará en las negociaciones para tratar de garantizarse las condiciones más favorables en esta y otras materias.
Crucial para Londres será cerrar un acuerdo comercial con la UE una vez se haga realidad el Brexit en 2019. El Gobierno de May asegura que dispone de "planes de contingencia" por si acaso no logra el citado acuerdo, aunque en todo momento ha insistido en que su principal objetivo es obtener un amplio pacto.
Todo lo contrario de lo que este martes informaba el periódico The Guardian, quien citando a fuentes comunitarias señala que el Ejecutivo británico está empezado a dar marcha atrás de su amenaza inicial de abandonar el bloque sin un acuerdo comercial si no prosperaban las negociaciones, situación que la propia May ha tildado en varias ocasiones de más favorable que un ‘mal pacto’.
Otro de los frentes abiertos que tiene Londres es la insistencia de Escocia de convocar un segundo referéndum a finales de 2018 o principios de 2019, antes de que se produzca la salida de Reino Unido del bloque. A pesar de que la propia May le indicó este lunes en persona a la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, que nunca permitirá “un Reino Unido más débil” tras el Brexit, la líder nacionalista no piensa darse por vencida.
Tan solo un día antes de que Reino Unido active el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Parlamento de Escocia aprobó este martes una moción que otorga al Gobierno autónomo el mandato de negociar con Londres la convocatoria de una segunda consulta.
El argumento que defiende Sturgeon es que, pese a que los escoceses rechazaron en un referéndum celebrado en septiembre de 2014 su independencia del Reino Unido, en la consulta del Brexit, en junio de 2016, votaron masivamente a favor de seguir permaneciendo al Reino Unido. Por ello cree que las condiciones en que se celebró el primer referéndum de independencia han cambiado y por ello es más necesaria la consulta antes de que cristalice el divorcio del Reino Unido de la UE.
Sin embargo, los escoceses no parecen compartir las aspiraciones de Sturgeon pese a su insistencia. De hecho, el último sondeo de YouGov, publicado el 14 de marzo, situaba en un 57% a los partidarios de permanecer al Reino Unido frente al 43 por ciento de ciudadanos que desean independizarse.
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