El PP recuerda que en mayo del pasado año se les requirió esta cantidad debido a la falta de solvencia de los imputados en la causa bautizada como 'los papeles de Bárcenas'. La empresa Unifica, responsable de las obras de reforma de la sede del partido en la calle Génova de Madrid, y los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, acusados en el procedimiento, no habían cubierto entonces la cantidad fijada como responsabilidad civil.
Se adhiere ahora a una solicitud formulada por la mercantil encargada de las obras para se reduzca el importe de la cantidad depositada que --recuerda-- debe aportarse de forma solidaria y conjunta. "Así, bastaría que uno de los acusados prestase fianza en cuantía suficiente para cubrir dichas responsabilidades para entender cumplida esta obligación", fundamenta el escrito.
La formación recuerda también que su obligación de prestar fianza en la causa es "subsidiaria" y sólo debe hacerse efectiva en el caso en el la caución no hubiera sido ya cubierta por los acusados. "Pero no por el total de la responsabilidad civil establecida, que asciende a 1.245.154,18 euros", destaca.
Según defiende el partido, acusado en esta pieza como responsable civil subsidiario, el total de fianzas para garantizar las previsibles responsabilidades pecuniarias por parte de los responsables civiles directos y UNIFICA ascendería a un total de 9.156.241,84 y "consta acreditada" en la causa que se han garantizado bienes por importe de casi 14 millones. "Es decir, se ha garantizado un exceso de más de cuatro millones y medio de euros, por lo que procede dejar sin efecto la fianza trabada respecto del responsable civil subsidiario, el PP, al estar debidamente aseguradas las fianzas impuestas", destaca.
El instructor del procedimiento consideró al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica y propuso juzgar a otras tres personas, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, a los que le atribuyó, además del delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental.
El juez apuntó que en el "plano indiciario" el PP sería "responsable" de un delito contra la Hacienda Pública por "no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008", pues esas donaciones, que superaban el millón de euros, "no cumplían con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los Partidos Políticos".
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