Primer balance del juicio del "caso mascarillas": de la "solidez" de las pruebas a "ningún directo al mentón"
La primera semana de juicio del «caso mascarillas», que se reanuda mañana lunes y que puede prolongarse más allá del próximo 30 de abril –el tribunal ya aventura con que continúe la primera semana de mayo–, ha dejado valoraciones contrapuestas a uno y otro lado de los estrados. Acusaciones y defensas juzgan de manera dispar los testimonios escuchados hasta ahora en la sala, centrados en esas primeras jornadas en las contrataciones de Jesica Rodríguez y Claudia Montes, exparejas de José Luis Ábalos, en empresas públicas como Ineco, Tragsatec y Logirail, y en las presuntas dádivas que habría obtenido el exministro a cambio.
Más allá de las testificales sobre las supuestas idas y venidas de sobres con dinero en efectivo en la sede de Ferraz –que, conviene recordarlo, no son objeto del procedimiento, y que se investigan en la Audiencia Nacional en una pieza declarada secreta–, todavía resta por abordar la parte nuclear de la causa: la contratación de la empresa de la supuesta trama, Soluciones de Gestión, para la adquisición de mascarillas en pandemia. Sobre este particular, hasta el momento, solo se ha escuchado la versión, por escrito, del ministro Ángel Torres y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en relación a las adjudicaciones de los gobiernos canario y balear cuando ambos los dirigían en 2020. Y, también, la de una alto cargo de Transportes que fue citada a contrapié, ante la sorpresa del tribunal, entre la sucesión de comparecientes citados para intentar [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/enchufe-exnovia-abalos-adif-conmino-tragsatec-que-dejaran-darle-tanto-trabajo_2026031969bbd1dd219e1f762b6b5c35.html|||dilucidar si Jesica Rodríguez y la ex Miss Asturias fueron «enchufadas»]].
"Cada testigo es una batalla"
Fuentes próximas a la defensa de Ábalos –para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 24 años de prisión, que la acusación popular que lidera el PP eleva a 30– califican la primera semana de juicio de «tanteo». «No ha habido nada determinante. Queda mucha prueba por corroborar», señalan esas mismas fuentes, para las que «las espadas están en todo lo alto porque quedan declaraciones que serán relevantes porque hay muchas contradicciones».
«Creemos que va razonablemente bien, aunque cada testigo es una batalla», afirman haciendo gala de un comedido optimismo. «Pero todo puede cambiar en cualquier momento», puntualizan curándose en salud por lo que pueda pasar en las tres semanas que restan, como mínimo, de juicio.
«Está claro que no se ha acreditado la malversación ni el cohecho», apuntan respecto a las testificales relacionadas con las contrataciones en el punto de mira. «Si hubo alguna irregularidad, sería de carácter disciplinario», aseguran antes de hacer hincapié en que «si el criterio de selección se ha ajustado a unas pautas de mérito y capacidad, no se ha podido cometer ningún delito». De ahí que, recurriendo a un símil pugilístico, apunten que en las primeras jornadas la defensa del exdirigente socialista no ha encajado «ningún golpe directo al mentón».
"Demasiado desparpajo"
Entre las acusaciones populares, no obstante, no comparten esa visión. Aunque es el letrado del PP, Alberto Durán, quien representa a todas ellas en la sala, también están presentes en estrados los letrados de asociaciones y partidos que ejercen la acción popular en el procedimiento. Entre ellos, Luis María Pardo, abogado de Iustitia Europa, para quien «los delitos de malversación y de cohecho se han apuntalado fuertemente en solo tres sesiones del juicio». «Para mí queda fuera de todo debate que se colocó a Claudia y Jesica». La primera, apunta, «reconoció que no fue a trabajar y que dependía de Joseba García, que no podía ser el jefe del proyecto». Y la segunda, destaca, consideraba trabajar «ir a la biblioteca a leer libros de trenes».
A Pardo le llamó la atención la declaración de Jesica Rodríguez (a quien según Anticorrupción un socio de Víctor de Aldama pagó el alquiler de un piso en la Plaza de España durante dos años y medio, a razón de 2.700 euros mensuales). Se comportó, dice, «con demasiado desparpajo». «A un testigo que viene a una Sala Segunda del Tribunal Supremo se le nota nervioso, pero ella estaba muy tranquila. Sabe latín». El letrado reparó en «las miradas de Ábalos a ella» y en cómo el exministro «reaccionaba a sus comentarios». «Nosotros denunciamos el tema de Jesica cuando todavía no se estaba investigándola», se reivindica.
"La prueba va encajando"
En Hazte Oír, otra de las acusaciones populares, la sensación es que hasta el momento «los hechos con relevancia penal están quedando claramente perfilados y progresivamente acreditados». Así lo asegura la letrada Nouna Lozano, para quien «lejos de anécdotas o elementos accesorios, lo que estamos viendo es cómo la prueba va encajando de forma ordenada y coherente, como corresponde a una instrucción bien dirigida». Con «la prudencia propia de esta fase procesal», la abogada de Hazte Oír defiende que estos primeros compases de la vista oral «están confirmando la solidez de las líneas principales de la acusación».
Para la acusación, determinadas testificales «han permitido describir con bastante claridad la estructura y funcionamiento interno de la presunta organización criminal, identificando roles y niveles de responsabilidad».
Del mismo modo, añade la abogada, «está adquiriendo especial relevancia todo lo relativo al manejo de efectivo: movimientos de grandes cantidades de dinero, entregas en metálico y operativas en la propia sede del PSOE». Un aspecto, subraya, «en el que ya insistimos desde Hazte Oír el martes y que la jornada del jueves vino a reforzar de manera significativa» (con las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y de su chófer, Álvaro Gallego).
"Algo queda claro: el corazón del PSOE se sienta en el banquillo", concluye Lozano. "Ábalos era la mano derecha de Sánchez, el secretario de Organización del PSOE. Y somos conscientes de que Pedro Sánchez tenía pavor a ser mencionado en este juicio… y eso ya ha ocurrido".
La declaración de Pano, "muy relevante"
El abogado de la Asociación Liberum, otra de las acusaciones populares, Alexis Aneas, coincide respecto a las contrataciones de Jesica y la ex Miss Asturias en que en la vista oral «ha quedado acreditado que no se siguieron los cauces legales», lo que según su opinión ratifica los indicios de tráfico de influencias y malversación. Una valoración en la que abunda la también letrada de Liberum Inmaculada Jaén, para quien «los testimonios incrementan incluso la carga probatoria».
Aneas considera además «muy relevante» la declaración de Carmen Pano –sobre la supuesta entrega de 500.000 euros a Koldo y Aldama por parte del dueño de Globalia–, pues en su opinión «debería abrir la puerta a investigar el rescate de Air Europa».
Asimismo, entiende que el testimonio de la empresaria sobre la presunta entrega de bolsas con dinero en Ferraz tendría que incorporarse a la pieza secreta de la Audiencia Nacional que investiga los pagos en efectivo al asesor de Ábalos en la sede del PSOE.
«Si Javier Hidalgo está en la lista de testigos es gracias a Liberum, porque batallamos en instrucción para conseguir su declaración –pone en valor–, pese a que la Fiscalía no quisiese ampliar la investigación al rescate de Air Europa».
Empresas públicas al servicio "de intereses particulares"
Desde Vox, que también ejerce la acusación popular, señalan que en el comienzo de la vista oral "van quedando probadas todas las evidencias del proceso de instrucción y vemos cómo empresas públicas y ministerios quedan al servicio de intereses particulares". Para la acusación popular, "los enchufes y estafas laborales, consentidas en muchos casos y en otros participadas por personas o entidades vinculadas a Renfe y Adif, ponen de manifiesto el tráfico de influencias realizado por el exministro y por un consejero de Renfe amigo personal de él y que es la mano ejecutora de la voluntad del mismo".
"El pago de sobornos a cambio de favores llega hasta la compra incluso de inmuebles para su uso y disposición" -destacan-, lo que vaticina según su criterio que "la simulación de operaciones jurídicas encubriendo lo que en realidad era el pago de esas prebendas va a acabar con la constatación de los hechos necesarios para la condena de los delitos que se les imputan".
Y esas mismas fuentes aseguran que, aunque las defensas "tratan de desvirtuar" las declaraciones de unas testigos que considera "esenciales", Carmen Pano y su hija, su testimonio refuerza la existencia "de este entramado, en el que el pago de todas esas prebendas se realiza mediante dinero en metálico", un flujo de dinero que -recalca- "iba de empresas del entorno de Víctor de Aldama al ámbito personal del ministro y de su asesor, pero también al PSOE". "Los pagos de estos favores afectan a los imputados en su esfera particular y al PSOE, en su centro nuclear, al recibir dinero en Ferraz derivado de estos favores empresariales", resaltan.
"Va mucho más allá de Ábalos"
Por su parte, fuentes del PP ponen de relieve que la primera semana de juicio «ha confirmado las entregas de dinero negro en Ferraz, los enchufes en empresas públicas para las “sobrinas” de Ábalos y favores desde Hacienda para el nexo corruptor de la trama». Estamos, aseguran desde Génova, «ante un juicio que va mucho más allá de Ábalos y Koldo: lo que se está juzgando es todo un sistema corrupto que ha hecho el mismo viaje de Pedro Sánchez: del Peugeot a Ferraz, y de Ferraz al Gobierno».
En cuanto a la declaración de Pano, fuentes de la defensa de Ábalos apuntan que «reconoció que es una testaferro y que actúa por instrucciones de otros. Cuando se le pregunta por fechas o situaciones no las precisa y siempre se escuda en que se lo han dicho otros». «Un testigo de referencia no sirve en un procedimiento penal», destacan.
Y ante lo que está por venir, inciden en que la contratación de la compra de mascarillas «dependió de cada una de las empresas a las que se encargó por parte de la Subsecretaría de Transportes, que era la que tenía capacidad normativa para hacerlo». «De hecho, por ejemplo, Adif contrató también con otra empresa que falló», llaman la atención para intentar rebatir que hubiera órdenes de contratar con Soluciones de Gestión.
El tribunal, "permisivo y cordial"
En la defensa de Ábalos niegan que exista un frente común con la abogada de Koldo García. Aunque la coordinación «es buena» y existe una mutua «lealtad procesal», destacan, «cada uno se defiende de las acusaciones que se le imputan».
Y en cuanto a la actuación del tribunal que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta, aseguran que «está siendo muy permisivo y muy cordial» con las defensas, «facilitando mucho las cosas», por lo que los letrados se sienten «cómodos» y «no existe tensión».
Algunas declaraciones han llamado la atención de las acusaciones. Por ejemplo, la de Víctor Ábalos, hijo del exministro y supuesto testaferro. «Su declaración no se la cree nadie», afirma Pardo, de Iustitia Europa, respecto a que justificase las referencias al «café» (según la UCO, palabra clave para aludir a la necesidad de utilizar comunicaciones seguras) «viniendo a decir que era un exportador de café». «Desde luego no me lo creo», insiste.
"Bastante arrogante"
Tampoco le da credibilidad la abogada de Liberum Inmaculada Jaén, quien apreció «muchas carencias» en su testimonio. «Estaba mintiendo con lo del café. Eso no se lo cree nadie», afirma.
La letrada también desconfía de las explicaciones de Joseba García, hermano de Koldo, sobre las supuestas entregas de dinero en la República Dominicana. «No estaba cómodo. Se le notaba nervioso, como sobreactuando, parecía que se estaba riendo de la sala», asegura a este respecto Jaén.
En esa misma línea, el letrado Luis María Pardo vio al testigo «bastante arrogante», empeñado en apuntalar un relato. «Seguramente ya estaban preparando una coartada para el caso de que les pillaran. De ahí que las cantidades en efectivo fueran ingresadas por familiares, amigos, etc.».