Justicia celebra el "éxito" de la "Ley Bolaños" pese a las críticas
El Ministerio de Justicia considera un "éxito" el balance del primer año de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, una norma muy criticada que incluye, entre otros, los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) o la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia. Aunque "con prudencia", destaca la reducción de la litigiosidad, el incremento de juicios celebrados y, por primera vez, desde 2016, una caída de los asuntos pendientes.
Según fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños recogidas por Servimedia, los datos de este primer año de vida de la Ley (tres meses en el caso de los tribunales de instancia, que se activaron el pasado 1 de enero), son "muy positivos". Aun así, reconocen que ha habido y hay "incidencias puntuales", pero "no estructurales", algo que consideran "normal", sobre todo en el caso de las informáticas. De ahí que pidan "prudencia" y esperar "a ver si esto se confirma" y se mantiene.
Eso, pese a las críticas llegadas de diferentes operadores jurídicos, que hablan de "colapso", "desorganización" o falta de planificación y protocolos concretos. Unas quejas que estas fuentes achacan a la "ignorancia o la malicia".
Entre los últimos que han cuestionado esta norma está el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que en su balance de este primer año habla de "inseguridad jurídica" o de "barrera de acceso a la tutela judicial efectiva". Y ponen el foco, entre otros aspectos, en los MASC, los mecanismos obligatorios destinados a resolver conflictos sin necesidad de iniciar un proceso judicial de cara a evitar el colapso de la Justicia. Según avisaban, puede "retrasar decisiones urgentes", sobre todo en los procedimientos de familia en los que hay menores implicados.
Pero Justicia defiende lo contrario, "no hay demoras ni hay suspensiones generalizadas". Y, en el caso concreto de los menores, estas fuentes aseguran que es "donde más falta hace un MASC".
Estos MASC son uno de los principales cambios que introdujo esta ley basándose en el ejemplo de Italia, donde la litigiosidad en la jurisdicción civil bajó un 15%. En el caso de España, en los primeros 12 meses de implantación, Justicia destaca que en el orden civil el descenso es del 20,4%, mientras que en el conjunto de todas las jurisdicciones (civil, penal, social y contencioso-administrativa) es del 9,9%. Y como apunte para celebrar aún más estos datos, recuerdan que en 2024 la litigiosidad creció un 11,4%, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Otro aspecto que celebran en Justicia es el aumento de los juicios celebrados, en el marco de esa transformación de los 3.800 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia. Un proceso que se llevó a cabo entre julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2026, salvo excepciones puntuales que pidieron algo más de margen para adaptarse a la nueva organización.
Aquí señalan cómo en los tres primeros meses de este año, las vistas realizadas han aumentado más de un 3% y los juicios señalados, cerca de un 6%. "Vamos a un escenario con más juicios, con más jueces, con más fiscales y con menos litigiosidad", apuntan optimistas desde el Ministerio de Bolaños.
En este punto, estas mismas fuentes plantean una pregunta que responden al instante: "¿Qué pasa cuando tienes más juicios, más jueces y menos litigiosidad? Pues que por primera vez baja la pendencia", señalan insistiendo en "esperar a que los tribunales de instancia tengan un recorrido de por lo menos un año" para poder tener una radiografía más clara de esa mejora.
Aun así, desglosan algún dato, como que en la jurisdicción civil los asuntos pendientes bajan un 4,5%, mientras que en todas, el descenso es del 0,67%. Algo que no ocurría desde 2016, con la excepción del periodo de la pandemia del coronavirus. Y como ejemplo, vuelven a 2024 y a una subida global de la pendencia del 13,7% ese año.
"Hemos invertido la curva por primera vez", ponen de relieve con la misma cautela: "Es una bajada muy ligera, incipiente; tenemos que esperar con prudencia".
Por todo ello, Justicia no entiende las críticas a esta norma, sobre todo las relacionadas con la falta de planificación, algo que achacan a la "ignorancia" o a "no conocer cómo se ha gestado esta Ley", que es fruto del "consenso" con las comunidades ya desde el año 2022. Incluso en la Conferencia Sectorial del pasado mes de diciembre, todas acordaron estar listas para la activación, a partir de este año, de los tribunales de instancia.
De hecho, subrayan los más de 225 reglamentos y órdenes aprobados con las comunidades necesarios para asignar los diferentes puestos de trabajo o las 310 sesiones informativas con más de 15.000 matriculados "en todos los tribunales de instancia".
Así, de nuevo en relación a las quejas, inciden en que no están de acuerdo con que haya un "descontento generalizado", sino "una dificultad derivada de un cambio de modo de trabajo". Asimismo, confirman que convocarán una comisión de calidad en cuanto todo tenga "un poco más de rodaje", sobre todo los tribunales de instancia, para conocer de primera mano la opinión y los problemas que se encuentran los operadores jurídicos.
En cuanto a la inversión, Justicia detalla que ha destinado más de 1.121 millones para la implementación de la Ley en esta legislatura. En medios personales, 192 millones; en digitalización, más de 850 millones, y en obras para mejorar y adaptar las infraestructuras judiciales, unos 80 millones. Eso sí, destacan que esta transformación judicial supondrá un ahorro de cerca de 350 millones de euros en los próximos 10 años para el conjunto del Estado.