La yihad contra la yihad: cuando la religión importa menos que el poder en África
Durante años, la propaganda yihadista ha vendido sus acciones como una guerra total, santa y justa contra los abusos del Estado y Occidente. Contra los "enemigos del islam". Pero la realidad que se comprueba sobre el terreno, desde el lago Chad hasta el Sahel, muestra una realidad menos "santa": que los grupos armados se matan entre sí por el control del territorio, impuestos, rutas comerciales, mercados y sumisión local.
En Mali, Níger y Burkina Faso, el JNIM (la franquicia saheliana de Al Qaeda) y el Estado Islámico en el Sahel se disputan continuamente el control de estas variables. En la cuenca del lago Chad, ISWAP y Boko Haram libran su propia guerra por el control de las islas, la pesca, el comercio y la dura autoridad sobre las comunidades ribereñas. La religión sigue formando parte de su narrativa y participa en la liturgia de la violencia, pero, a la hora de mirar estos enfrentamientos, Alá pesa menos que las ambiciones humanas.
La prueba más reciente está en el Sahel. La rivalidad entre JNIM y el Estado Islámico no es nueva, pero en abril de 2026 dio un salto cuantitativo importante. Los combates que enfrentan a ambos grupos, hasta ahora concentrados sobre todo en Mali y Burkina Faso, se extendieron por primera vez a Níger, con un choque registrado en Tillabéri el 2 de abril, en el corredor que conecta el espacio de las "tres fronteras" con el noroeste de Nigeria. ACLED llevaba tiempo advirtiendo de ese desplazamiento, al confirmarse que el Estado Islámico había consolidado su presencia en el eje Menaka–Tillabéri–Dosso–Gaya, mientras que el JNIM avanzaba por la frontera entre Benín y Níger, y por el complejo W-Arly-Pendjari, en la cuenca del río Níger, que es el gran puente hacia los estados costeros.
La fe como bandera, el poder como motor
Conviene desmontar una idea que quizás haya arraigado más de lo debido en Occidente. Estos grupos no se enfrentan por una querella teológica. Usan la fe como una excusa válida, sí, pero la mecánica de la guerra siempre es, en su última instancia, material. En el caso concreto del Sahel, controlar una carretera implica controlar los canales por donde se mueve el oro artesanal, el ganado, el combustible, las motos que cabalgan los terroristas en sus ataques, los mercados informales… incluso ofrece la oportunidad de cobrar peajes a transportistas que arriesgan su vida para transportar bienes de un país a otro.
Informes de la OCDE y de Global Initiative muestran hasta qué punto la minería artesanal del oro y la ganadería sostienen a millones de personas en el Sahel. Y quien controla estos productos, llena su bolsillo. Es una dinámica lógica. GI-TOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) ha documentado además nodos concretos, como el de Cinkassé, en la frontera entre Togo, Burkina Faso y Ghana, convertidos en piezas clave para el transporte de estos bienes codiciados.
Ahora bien. Reducirlo todo a un negocio también sería simplista.
Porque lo que está en disputa no es solo el bienestar económico de los terroristas, sino la (ansiada) capacidad de presentarse como ante las comunidades locales como una autoridad legítima allí, sustitutiva de un Estado casi desaparecido o que solo aparece para castigar. El JNIM es el grupo que mejor ha aprovechado estos vacíos de poder.
Su estrategia no se limita a atacar y disparar y asesinar a inocentes, sino que actúa además como mediador en conflictos locales y, sobre todo, se ha posicionado con relativo éxito como "protector" de determinadas comunidades donde los abusos estatales han sido masivos. Es una dinámica similar (con notables diferencias) a las mafias de las películas. En el lago Chad, ISWAP ha perfeccionado todavía más esa fórmula, ofreciendo además permisos de pesca, inaugurando clínicas rudimentarias y desarrollando una fiscalidad relativamente previsible en áreas donde el Estado llega tarde, si es que llega alguna vez.
La diferencia entre el ISWAP (Estado Islámico - Provincia del África Occidental) y Boko Haram en esta zona puede ayudar a entender la dinámica. Mientras el ISWAP ha intentado construir una administración insurgente más ordenada, Boko Haram ha dependido históricamente del saqueo y la depredación. Es evidente que sigue existiendo la violencia en el modelo del ISWAP, pero tampoco se puede negar que su forma de actuar ha provocado que su enfrentamiento con Boko Haram sea también una pelea entre dos modelos de dominación. No es casualidad que los choques más duros entre ambos grupos se concentren en las islas del lago Chad. Porque aquí es donde se controla la pesca, la agricultura insular, el transporte acuático.
Detalles todos que permiten enriquecer los bolsillos de los criminales. En noviembre de 2025, por ejemplo, ACLED registró una fuerte escalada entre ambas facciones, con combates terrestres y navales en la zona de Abadam y Kukawa y un saldo estimado de 50 a 200 muertos.
El Estado ausente, el Estado depredador
El crecimiento de estas guerras internas no se entiende sin el papel de los gobiernos. La tesis de que "cuanta más presión militar, menos yihadismo" se ha estrellado demasiadas veces contra la realidad. Un estudio publicado en junio de 2024 por UNPD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) indicó que los gobiernos de la cuenca del lago Chad no solo han combatido a los insurgentes, sino que también han obligado a cerrar mercados, prohibido actividades de pesca, evacuado poblaciones y asfixiado economías ya precarias de por sí en nombre de la seguridad.
El informe señalaba además que, gracias a estas acciones, se han golpeado fuentes de ingresos de los grupos armados, pero también se ha castigado a comunidades enteras, facilitando paradójicamente que los insurgentes parezcan a ojos de las comunidades locales menos arbitrarios que el propio Estado.
En el Sahel, la paradoja es aún más cruel. En Mali, Burkina Faso y Níger, la expansión de JNIM y del Estado Islámico se ha alimentado de vacíos de gobernanza, pero también de la violencia estatal contra civiles. ACLED y Human Rights Watch han documentado masacres, castigos colectivos y abusos contra comunidades sospechosas de colaborar con los yihadistas. En este punto cabe destacar el informe publicado el 2 de abril de 2026 por Human Rights Watch, que acusa a la junta militar de Burkina Faso de haber asesinado desde 2023 a más civiles que los propios grupos terroristas.
La legitimidad local de estos grupos nace pocas veces de un motivo religioso, sino de la búsqueda de quien menos oprima. Para muchos habitantes de zonas rurales, incluyendo comunidades peul que han sido sistemáticamente atacadas por fuerzas gubernamentales, el Estado no representa orden ni justicia, sino arbitrariedad, corrupción y represión.
La gran ironía del momento, volviendo al tema principal de este artículo, es que el terrorismo islamista se está poniendo la zancadilla a sí mismo. Sus facciones se desgastan continuamente, se fragmentan en base a las ambiciones de individuos concretos y se disputan recursos a tiros, siempre bajo una retórica religiosa que cada vez explica menos de su comportamiento real. Se llaman herejes unos a otros, pero pelean por minas y rutas comerciales. La religión choca con el poder local. Mientras los gobiernos (democráticos o no) sigan respondiendo con abandono o con brutalidad, esta guerra dentro de la guerra seguirá teniendo combustible. Solo cabe esperar que alguno extermine al otro; haciendo, aunque sea sin quererlo, el trabajo sucio al Estado.