La incapacidad para el diálogo

Una vez más, la presidenta de la República y su cada vez más frágil alianza en el poder demuestran su absoluta cerrazón y rechazo al diálogo. De lo que sea, como sea e incluso con el actor que sea.

El informe del Comité especial para desaparecidos encargado por la ONU a un grupo de expertos ha provocado la reacción furiosa de la titular del Ejecutivo.

“El Estado mexicano no está rebasado”, “el informe es tendencioso”, “no reconocen todas las acciones que este gobierno ha tomado” y más sutilezas pronunciadas por la presidenta al rechazar y descalificar un informe serio, crítico, que retrata el gigantesco problema de la desaparición forzada en este país.

La presidenta lo niega, lo minimiza, lo ubica como un ariete de la oposición para golpear al gobierno. Todas las organizaciones que buscan a desaparecidos son de víctimas, de madres buscadoras, de familiares y defensores de los derechos humanos.

No son líderes políticos en la pretensión de manchar “el impecable desempeño del gobierno” en la atención a víctimas y en la búsqueda de desaparecidos. Son madres, padres, hermanos e hijas desgarradas por la violencia y la inseguridad galopante, que recorren colinas y terregales escarbando por huesos que puedan ser los suyos.

La presidenta carece de empatía. Se ubica, como su antecesor, en la cima inalcanzable de su poder infinito, para desacreditar a las madres y las víctimas, para desoír los lamentos y las quejas de buscadoras que exigen justicia. ¿Cuál justicia? Si este país vive en la impunidad más extendida.

Pero lo peor no es eso, sino la desatención, la falta de apoyo, de ayuda, de convicción gubernamental para brindar respaldo a ciudadanos destrozados por la desaparición forzada de uno o más integrantes de su familia.

El agravante del delito consiste en la consecuente desaparición de las y los buscadores: súbitamente son también borrados de la faz de la tierra porque resultan incómodos. ¿Quién los desaparece? Presumiblemente, los mismos grupos criminales que se ven señalados en estados y municipios por la búsqueda incesante. ¿Y la autoridad? Ausente, omisa, desorientada, resentida porque exhiben su aplastante incapacidad.

El informe que pretende ser sometido al pleno de la Asamblea General de la ONU para emitir una resolución señala la existencia de un delito sistemático en México que ha rebasado las capacidades del Estado mexicano para contrarrestar, contener, disminuir o combatir esta práctica delictiva.

La presidenta se enoja como respuesta. Descalifica, minusvalúa, desprecia el dictamen, lo califica de “sesgado”.

Como en esta y tantas otras oportunidades políticas y sociales (la reforma electoral, la reforma de pensiones, el continuo encubrimiento de las desgracias operativas de Pemex, etcétera), el gobierno se niega a abrir canales de diálogo, de discusión, de análisis compartido.

Ni una sola vez en 6 años Andrés Manuel se reunió con los líderes de oposición, de partidos o de bancadas en el Congreso. Su sucesora repite la misma nefasta práctica de imponer mediante la fuerza y evitar el diálogo y la negociación.

¡Qué malos políticos son los morenistas! Salvo algunas excepciones, que no me atrevo a calificar de honrosas.

¿No resultaría más sencillo enviar a representantes mexicanos a dialogar con los expertos de la ONU, discutir sus hallazgos, buscar soluciones comunes, exponer las múltiples acciones —entre ellas el cambio de estrategia en materia de seguridad— que este gobierno ha intentado poner en marcha?

Nadie dice que acabar con la impunidad sea sencillo; tampoco que encontrar a los miles de responsables de los más de 100 mil desaparecidos en este país sea una tarea fácil. Pero la actitud y la disposición a caminar por la ruta correcta están ausentes en cada tramo.

Cero atención a las víctimas, cero diálogo con las organizaciones, rechazo a los hallazgos, descalificación de las madres buscadoras, coberturas sobre sitios, fosas, zanjas por el territorio entero que descubren el enterramiento clandestino de seres humanos.

Los desaparecidos no existen, tampoco pueden calificarse como muertos formales, puesto que no hay cuerpos identificados. Es la estadística del limbo: de los que ya no están, pero tampoco dejaron de estar, no tienen lápidas, ni tumbas, o funerales y responsos. Flotan en el imaginario de sus familiares frente a un gobierno negacionista de una realidad que desgarra el tejido social, a las familias y a los miles de municipios afectados por el crimen.

¡Basta de la cantaleta del pasado!, de la herencia maldita de Calderón y Peña. La estadística demuestra —oh, transformadores de la patria— que bajo sus gobiernos los desaparecidos y los muertos han aumentado. Ahí están las cifras, que, por cierto, son oficiales de sus propias oficinas.

La presidenta no dialoga, no escucha, no intercambia puntos de vista o ideas creativas para la compleja realidad nacional. Ella, como su antecesor, es la dueña de la verdad, de las soluciones y de las continuas negativas para hablar con nadie.