Presión fiscal récord: cada hogar paga con Sánchez 1.657 € más
La presión fiscal en España ha alcanzado niveles inéditos en el arranque de 2026, consolidando un ciclo de incremento sostenido de los ingresos públicos desde 2018 que sitúa al país entre los que más han endurecido su carga tributaria en la Unión Europea. Según el último informe del Instituto Juan de Mariana, la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales ascendió a 591.679 millones de euros en 2024, equivalente al 37,1% del PIB, el registro más elevado de la serie histórica, con previsiones de la Comisión Europea que apuntan a que esta ratio escalará hasta el 38,3% del PIB en 2026, con unos ingresos que alcanzarían los 671.500 millones de euros.
Este crecimiento se ha concentrado en el periodo de Gobierno de Pedro Sánchez, durante el cual los ingresos tributarios han aumentado en 168.166 millones de euros entre 2018 y 2024, lo que supone un incremento del 39,7%. De cumplirse las previsiones actuales, el aumento acumulado alcanzará los 248.000 millones en 2026, un 58,5% más que al inicio del periodo. En términos de presión fiscal, esto se traduce en una subida de 3,4 puntos de PIB, una magnitud sin precedentes en la serie histórica reciente.
La evolución española contrasta con la del conjunto de la Unión Europea. Mientras España ha incrementado su presión fiscal en 2,2 puntos de PIB entre 2018 y 2024, la media comunitaria la ha reducido en 0,6 puntos en ese mismo periodo. Esta divergencia sitúa a España como el quinto país de la UE donde más ha crecido la carga tributaria, solo por detrás de economías como Letonia o Lituania, y en dirección opuesta a países como Francia, Suecia o Alemania, que han optado por aliviar la presión fiscal sobre sus contribuyentes.
Este aumento no se ha distribuido de forma homogénea entre las distintas figuras tributarias. El grueso del incremento recaudatorio se concentra en la imposición sobre el trabajo, que ha aumentado en 2,2 puntos de PIB y explica prácticamente la totalidad del crecimiento de la presión fiscal. Este incremento se ha canalizado a través del IRPF y de las cotizaciones sociales, mientras que la imposición sobre el capital ha aumentado en menor medida y la imposición sobre el consumo ha registrado incluso un descenso temporal debido a las rebajas fiscales aplicadas durante la crisis inflacionaria.
Uno de los mecanismos más relevantes en el aumento de la recaudación ha sido la no deflactación del IRPF en un contexto de inflación acumulada del 23,2% entre 2018 y 2025. Este fenómeno ha empujado a millones de contribuyentes hacia tramos superiores de tributación sin que su renta real haya aumentado en la misma proporción. El informe estima que este efecto ha generado más de 27.600 millones de euros de recaudación adicional entre 2019 y 2023, configurándose como una subida encubierta de la carga fiscal.
El impacto de este proceso se refleja con claridad en las cuentas de los hogares. Los impuestos directos sobre la renta y el patrimonio pagados por las familias han aumentado un 56,3% en términos nominales desde 2018 y un 31,1% en términos reales, una vez descontada la inflación. En términos absolutos, cada hogar paga hoy 1.657 euros más al año que al inicio del periodo, mientras que el esfuerzo fiscal directo ha pasado del 13,6% al 15,9% de la renta bruta disponible. Esto significa que casi dieciséis de cada cien euros que ingresan las familias se destinan al pago de impuestos directos. ç
El incremento también se aprecia en términos individuales. Cada español paga de media 682 euros más al año en impuestos directos que en 2018, lo que supone un aumento real del 25,8%. La evolución no ha sido uniforme, concentrándose el mayor salto entre 2021 y 2022, coincidiendo con el impacto pleno de la inflación sobre unas tarifas del IRPF que no fueron
actualizadas.
En paralelo, el informe documenta un total de 141 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018. De ellas, 63 corresponden a incrementos explícitos, 46 a subidas encubiertas derivadas de la no deflactación del IRPF y 32 a revisiones catastrales, a las que se suman nuevas medidas adoptadas en 2026. Este conjunto de cambios refleja una intensificación continuada de la política fiscal en los últimos años.
El efecto agregado de estas medidas se traduce en una elevada cuña fiscal sobre el trabajo. Un trabajador medio en España genera un coste laboral de 39.481 euros, de los cuales 21.144 euros son absorbidos por el Estado a través de impuestos y cotizaciones. Esto supone el 53,6% del total, lo que implica que por cada 100 euros que cuesta emplear a un trabajador, el sector público se queda con 54 euros, mientras que el empleado solo retiene 46 euros de renta efectiva. Esta estructura fiscal se extiende a lo largo de toda la vida del contribuyente.
Según las estimaciones basadas en las Cuentas Nacionales de Transferencia, un individuo medio pagará 460.600 euros en impuestos a lo largo de su vida. De esta cifra, el 47,3% corresponde a impuestos sobre el trabajo, el 28,1% a impuestos sobre el consumo y el 24% a impuestos sobre el capital. En términos equivalentes, esta carga fiscal supone entre 16 y 30 años de salario íntegro, dependiendo de la referencia salarial utilizada.
La distribución de esta carga no es uniforme. La mayor parte de los impuestos se concentra en las décadas centrales de la vida laboral, especialmente entre los 45 y los 64 años. Sin embargo, la jubilación no implica el fin de la contribución fiscal. A partir de los 65 años, un individuo medio seguirá pagando el 31,3% del total de impuestos de su vida, principalmente a través de gravámenes sobre el consumo y el capital.