Críticas por enfoque punitivo y respaldo a endurecer sanciones: las visiones sobre los proyectos de violencia escolar
El ingreso de dos proyectos de ley para enfrentar la violencia en establecimientos educacionales abrió un intenso debate político y educativo. Las iniciativas, impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, buscan reforzar la seguridad en las comunidades escolares mediante nuevas agravantes penales y medidas preventivas, pero han generado cuestionamientos por su énfasis en sanciones y eventuales efectos en estudiantes vulnerables.
Uno de los proyectos propone modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal en delitos cometidos dentro de establecimientos educacionales, sus inmediaciones o en actividades vinculadas. La iniciativa apunta a sancionar con mayor severidad hechos que afecten a estudiantes, docentes, asistentes de la educación y también a la infraestructura escolar.
El segundo proyecto, denominado “Escuelas protegidas”, tiene un enfoque preventivo e incorpora medidas como la revisión de mochilas para evitar el ingreso de objetos peligrosos, el fortalecimiento de la autoridad docente en el aula, sanciones frente a la interrupción de clases, la inhabilidad para acceder a la gratuidad en educación superior en casos de delitos graves, y la prohibición de cubrir el rostro sin justificación dentro de los recintos o en actividades escolares.
Desde el Ejecutivo, el Presidente Kast defendió la urgencia de las medidas, en medio de un contexto marcado por hechos recientes de violencia escolar. “Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que esto vuelva a ocurrir”, afirmó y subrayó que los colegios “son lugares para estudiar, no para cometer actos violentos”.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, presenta proyectos de ley para mejorar la seguridad al interior de los colegios. Dragomir Yankovic/Aton Chile.
El Mandatario enfatizó que el proyecto busca “instalar una agravante cuando los delitos sean cometidos en un establecimiento educacional o en sus inmediaciones”. Asimismo, defendió medidas como la revisión de pertenencias y la restricción de beneficios: “Quienes crean que un colegio es un lugar donde se pueda delinquir impunemente, tienen que tener claro que las cosas van a cambiar”.
Críticas desde el mundo político y docente
Las iniciativas, sin embargo, recibieron duros cuestionamientos de parte de la diputada e integrante de la Comisión de Educación Daniela Serrano (PC), quien acusó falta de una política de fondo.
“Hoy hemos recibido con preocupación los dos proyectos (…) no hay una real voluntad de hacerse cargo del problema”, afirmó, apuntando a la ausencia de inversión pública y medidas estructurales.
Diputada Daniela Serrano (PC). Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.
La parlamentaria advirtió que el enfoque podría tensionar aún más las comunidades educativas. “Están poniendo la responsabilidad en el cuerpo docente”, señaló y cuestionó la implementación de medidas como la revisión de mochilas.
Serrano también planteó que las iniciativas podrían afectar de manera desigual a estudiantes de sectores más vulnerables: “Este proyecto solamente viene a castigar a los y las estudiantes más pobres de este país”. En la misma línea, criticó la posible restricción de gratuidad y la equiparación entre hechos de violencia y movilizaciones estudiantiles: “Aquellos estudiantes que legítimamente se movilicen, ya verían restringido ese derecho”.
Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar coincidió en los cuestionamientos y calificó las propuestas como insuficientes frente a la complejidad del fenómeno. “Queda absolutamente pobre en relación a la gravedad y profundidad del problema”, sostuvo, apuntando a que el foco está puesto en sanciones más que en las causas de la violencia.
El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar. Dragomir Yankovic/Aton Chile.
Aguilar relevó la ausencia de políticas de salud mental: “No hay una sola mención a uno de los principales focos de problemas (…) que es la salud mental”. Asimismo, criticó el modelo educativo actual: “Tenemos hoy día una educación que es tediosa, agobiante, que presiona por los rendimientos pero que se despreocupa de las personas”.
El dirigente también advirtió sobre los riesgos de confundir protesta con violencia. “Esa mezcla es tramposa”, afirmó, junto con cuestionar sanciones como la pérdida de gratuidad, que podrían incluso vulnerar derechos.
Respaldo oficialista y énfasis en el orden
Desde el oficialismo, en tanto, surgieron apoyos a las iniciativas. La diputada Sara Concha (PSC) valoró que el Gobierno impulse medidas frente a la crisis de violencia escolar.
“Tenemos que hacernos cargo de la realidad que hoy enfrenta nuestro país en materia de educación”, afirmó. En esa línea, subrayó que la seguridad es condición básica para el aprendizaje, defendió el endurecimiento de sanciones e indicó que la restricción de beneficios como la gratuidad puede ser una señal frente a conductas graves.
Diputada Sara Concha (PSC). Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.
En la misma línea, el diputado Ricardo Neumann (UDI) respaldó la incorporación de una inhabilidad de cinco años para acceder a la gratuidad en casos de delitos graves.
“Es de sentido común que quienes han cometido actos violentos no accedan a beneficios financiados por todos los chilenos”, sostuvo. Y opinó que “la gratuidad debe estar al servicio de quienes respetan las normas”.
El parlamentario destacó que el proyecto combina herramientas preventivas y sancionatorias, aunque advirtió que el problema es más profundo. “La crisis que estamos viendo en los colegios no es solo de seguridad, es una crisis cultural”, afirmó, apuntando a una pérdida de autoridad y respeto en las aulas.
En esa línea, enfatizó que ninguna medida será suficiente sin un cambio de fondo: “Si no recuperamos una cultura de respeto en la sala de clases, ninguna sanción va a bastar”.
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