Entre revilla y la norma

Lo ocurrido en La Paz con la declinatoria del balotaje para definir al futuro gobernador ha desatado una indignación que, más que espontánea, resulta selectiva. De pronto, aparecen voces que se rasgan las vestiduras en nombre de la democracia. Se habla de “golpe” al proceso electoral y, como siempre que se busca efecto escénico, se invoca la voluntad popular. Incluso se ha llegado a cuestionar la legitimidad que tendría Revilla, como si ese criterio dependiera del resultado y no de la norma.

Pero la norma es clara. Puede no gustar, puede ser imperfecta o requerir cambios, pero está vigente. La propia Ley del Régimen Electoral prevé que la organización política que realiza la postulación es también la que puede retirar su participación, con los efectos que ello implica en el proceso. No es el candidato quien inscribe al partido o la alianza, sino el partido el que postula al candidato.

En el ámbito político también se exige la representación legal. Frente al órgano electoral se acredita la personería y se registra la dirigencia de las entidades políticas; es decir, los representantes legales. Son ellos los portavoces formales. Si existen controversias sobre el cumplimiento del estatuto interno del partido, éstas corresponden al plano interno o jurisdiccional, no al momento en que la autoridad aplica la norma.

Lo que empieza a perfilarse con las amenazas de sectores como los choferes de El Alto, los campesinos de Conamaq y la COB es la lógica conocida de la movilización como mecanismo de presión para forzar resultados por encima de la ley. Una práctica que el país conoce bien de dónde viene y cuyos efectos sobre la institucionalidad no necesitan mayor explicación.

Además, si se apela a la supuesta fragilidad para gobernar, conviene recordar que en esta elección sólo tres gobernadores han sido elegidos en la primera vuelta. Y ni siquiera eso les garantizará gobernar sin acuerdos. Todos tendrán que negociar con las fuerzas que integren la Asamblea de su respectivo departamento.

En democracia, las reglas no se aplican según el resultado que producen. Cuando cada actor decide qué norma vale y cuál no, se rompe el sistema.

Es, precisamente, cuando las normas no se acomodan a ciertos intereses o impiden resultados deseados que una sociedad revela su verdadera relación con la ley. Ahí se distingue a quienes creen en las reglas de quienes sólo las toleran mientras les sirven.

En ese contexto, no deja de sorprender la posición de Tuto Quiroga. Su cuestionamiento a la legitimidad de la eventual proclamación de Revilla sin segunda vuelta no responde a un estándar democrático, sino a una reacción política.

Quiroga fue vicepresidente y luego presidente por sucesión constitucional de un gobierno que accedió al poder con apenas el 22,3% de los votos. Nadie entonces habló de ilegitimidad. Nadie exigió una validación adicional. Se respetó la norma. Así funciona una república. Pretender ahora que ese mismo porcentaje no otorga legitimidad no es un argumento jurídico ni político. Es una interpretación acomodada a la circunstancia.

La política boliviana se ha acostumbrado a leer la realidad según el lente de la conveniencia. Lo que ayer era válido, hoy se impugna. Lo que antes se defendía, hoy se condena. Y en ese vaivén, la ley deja de ser referencia común y se convierte en herramienta de disputa.

En este episodio hay también un elemento que no puede pasarse por alto. Ciertas posiciones coinciden -aunque se intente disimular- con las de Evo Morales, quien ha salido a respaldar a René Yahuasi. ¿Es una casualidad o una señal? Cuando sectores que se presentan como oposición terminan coincidiendo, en los hechos, con quien ha erosionado sistemáticamente la institucionalidad del país, el problema deja de ser menor.

Bolivia no necesita una oposición que reaccione por cálculo ni que acomode sus principios según la circunstancia. Necesita una oposición que no se deje arrastrar por quienes, tras haber vulnerado la ley de manera sistemática, hoy intentan refugiarse en supuestos derechos que ellos mismos desnaturalizaron.

Estamos en un momento de transición en el que se define algo más que un resultado electoral. Se define el tipo de país que se quiere reconstruir y si realmente se tendrá la voluntad de dejar atrás el modelo estatista del masismo.

La democracia no se defiende cuando conviene. Se defiende siempre. Incluso cuando incomoda. Sobre todo cuando incomoda.

*Es abogado y analista político

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