EH Bildu se saltó el plazo legal y la normativa de la Ley de Cambio Climático

La Cámara de Comptos de Navarra, el equivalente al Tribunal de Cuentas, ha constatado que el Ayuntamiento de Pamplona no implantó plenamente una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) conforme a la normativa vigente hasta finales de 2025, a pesar de que la legislación estatal obligaba a hacerlo al menos un año y medio antes.

Aunque el plan ambiental se inició con un gobierno anterior, EH Bildu está al frente del Ayuntamiento desde diciembre de 2023. Así lo recoge el informe de fiscalización sobre la ZBE en la ciudad entre 2022 y 2025, publicado en marzo de 2026.

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que España, como miembro de la Unión Europea (UE), se comprometió con Bruselas a impulsar actuaciones para mitigar el cambio climático mediante, principalmente, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, destacan el Pacto Verde Europeo, aprobado por la Comisión en 2019, y el Marco Estratégico de Energía y Clima de España.

Se estima que, aproximadamente, el transporte urbano es responsable de un 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE; de ahí, la importancia de aplicar correctamente las ZBE por parte de los Ayuntamientos de cada autonomía. Estas limitan el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos a determinadas zonas urbanas.

En España, la Ley de Cambio Climático obliga a que los planes de movilidad urbana sostenible de los municipios de más de 50.000 habitantes incluyan el establecimiento de las ZBE antes de 2023. Pero, en Navarra, se extendió a los municipios de más de 10.000 habitantes. Esta obligación debía cumplirse, además, en un plazo máximo de dos años, que finalizó en abril de 2024, aunque el real decreto estatal determinaba como fecha límite en junio de ese mismo año.

Según dice el informe, a diciembre de 2024, Pamplona no contaba con un plan de movilidad sostenible aplicado a estos municipios y conforme a la normativa que exige el Gobierno. De hecho, las ZBE no se aplicaron correctamente y siguiendo las normas estatales hasta diciembre del pasado año. Es decir, que el Ayuntamiento no adaptó esa regulación previa dentro del plazo transitorio fijado por la normativa hasta pasado un año y medio de retraso.

Hasta entonces, existía una regulación previa denominada ZBE-ZAC (Zona de Bajas Emisiones y Zona de Acceso Controlado), pero esta no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley de Cambio Climático y el real decreto que regula las ZBE.

Fondos europeos

El problema va más allá porque parte del proyecto se financió con fondos ‘Next Generation’ de la Unión Europea y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se vio en la obligación entonces de pedir explicaciones al ayuntamiento de Navarra por dos cuestiones: el retraso en la ejecución del proyecto y las contradicciones técnicas halladas en él. Según dice la Cámara, a fecha de marzo de este año, no consta si el ministerio liderado por Óscar Puente ha considerado válidas las explicaciones.

El proyecto técnico fue elaborado por una empresa especializada en 2023 y aprobado por la Junta de Gobierno Local en 2025, con modificaciones relevantes, especialmente en el calendario de ejecución.

Uno de los aspectos más críticos señalados en el informe es la falta de una planificación adecuada. En concreto, se destaca que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible no incluía inicialmente la ZBE, a pesar de que su incorporación era obligatoria según la legislación estatal y foral. Esta omisión evidencia, según el órgano fiscalizador, una irregularidad en la estrategia global de movilidad sostenible del municipio.

Además, la Cámara de Comptos asegura que el estudio de costes y beneficios no puede considerarse completo ni equilibrado. Mientras que los beneficios de la ZBE se estiman para el conjunto de la sociedad, los costes se limitan principalmente al gasto asumido por el Ayuntamiento, sin tener en cuenta el impacto económico en ciudadanos, empresas u otros actores afectados. Esta falta de equilibrio en la evaluación impide, según el informe, disponer de una visión completa sobre la eficiencia de la medida.

A todo ello se suma que, según el informe, el sistema técnico para la gestión de las ZBE y la monitorización de sus efectos lleva en funcionamiento desde enero de 2024, pero no se ha realizado la «correspondiente evaluación de impacto relativa a la protección de datos». Esto, a juicio del Tribunal, «puede presentar riesgos no identificados para los derechos y libertades de las personas».

Con todo, la Cámara insta al Ayuntamiento a mejorar la planificación estratégica, integrar plenamente la ZBE en los instrumentos de movilidad urbana y realizar análisis de impacto más completos y equilibrados. También recomienda reforzar los mecanismos de seguimiento y evaluación de los efectos de la ZBE, con el fin de garantizar su eficacia a largo plazo.