EE UU y Venezuela inician su luna de miel
“Un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”. Así calificó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de excluir su nombre de la lista de personas sancionadas por Washington, la llamada “lista Clinton” de la OFAC.
Rodríguez había entrado en ella en 2018, señalada de formar parte del “círculo interno” de “leales” a Nicolás Maduro, ya entonces calificado por la Casa Blanca como violador de derechos humanos. Pero la historia ha cambiado, ahora la venezolana es considerada por la Administración de Donald Trump como una aliada. Este miércoles el presidente sostuvo que “estamos trabajando codo con codo con Venezuela”.
Rodríguez es la única persona de poder en Venezuela excluida de la lista, hasta ahora. Los demás que fueron sancionados junto a ella siguen allí, incluyendo a su hermano Jorge, ahora presidente del parlamento.
La presidenta venezolana, que aún ejerce como interina tras la remoción por la fuerza de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos, señaló que este movimiento administrativo debe preceder al levantamiento de las sanciones generales. Según dijo, el objetivo actual de su gestión es establecer una “agenda de cooperación binacional efectiva” que genere beneficios económicos.
Un tono tecnocrático como el que ha mantenido en las últimas semanas, muy alejado de la retórica antiimperialista y confrontacional que antes Hugo Chávez, Nicolás Maduro y ella misma blandieron.
El retiro de las sanciones permite a Rodríguez gestionar activos y representar al Estado ante organismos internacionales sin restricciones legales. Y de hecho, el Gobierno venezolano avanza en la retoma del control administrativo y operativo de la petrolera Citgo, de propiedad venezolana en suelo estadounidense, que desde 2019 está manejada por una junta nombrada por el ya vencido “Gobierno interino de Juan Guaidó” que Estados Unidos reconoció como legítimo ese año. Hace una semana, anunció el nombramiento de una nueva directiva que, todavía, no se ha posicionado.
Pero el abogado José Ignacio Hernández, que diseñó la política de resguardo de activos durante el interinato de Guaidó en 2019, afirma que Venezuela tiene más deudas que recursos bloqueados disponibles. “Si sumas todos los activos externos de Venezuela en el mejor escenario estaríamos hablando de unos 30 mil millones de dólares. Pero la deuda pública externa ronda los 170 mil millones de dólares”.
Quien tiene la representación legal venezolana en Estados Unidos no puede acceder por tanto a dinero fresco, sino al peso de los reclamos: acreedores exigiendo pagos, arbitrajes, demandas y negociaciones aplazadas por años. “Son cerca de 180 litigios entre tribunales, arbitrajes y reclamos internacionales”, agrega Hernández.
Por otra parte, ya hay voces que comienzan a considerar que, levantadas las sanciones, se eliminó la última traba para una visita de Delcy Rodríguez a Washington DC, la primera de un mandatario “chavista” en 26 años. La presidenta dijo a periodistas hace más de un mes que visitaría Estados Unidos “en algún momento”.
En paralelo al anuncio de la OFAC, sus enviados a la capital estadounidense, encabezados por el viceministro de Exteriores Oliver Blanco, estaban en el complejo presidencial y fueron recibidos en el edificio administrativo Eisenhower.
En la oposición las reacciones son tímidas. En redes sociales se la conversación reclamó que la acción extranjera debe enfocarse en lograr unas elecciones en Venezuela y la liberación total de los presos políticos.
Pedro Urruchurtu, representante internacional de María Corina Machado, reiteró que Estados Unidos “es un gran aliado” de su causa, y que “la estructura del régimen está siendo forzada a desmantelarse a sí misma”, pues Washington quiere una transición “completa” a la democracia.
El secretario de Estado Marco Rubio se reunió con Machado el martes, aunque los detalles de la conversación no se hicieron públicos. Al día siguiente dijo que el país tendrá, en su momento, unas elecciones democráticas.
Por ahora, la Casa Blanca continúa emitiendo licencias para permitir a compañías extranjeras operar con petróleo y minerales venezolanos, marcando la cancha de su operatividad, excluyendo a Rusia, China e Irán –hasta ahora aliados cercanos de Caracas–, y garantizando que los dineros de esos negocios sean administrados en cuentas tuteladas por Washington.
El 3 de marzo pasado, la agencia Reuters reportó que en Washington se prepara discretamente una acusación criminal por supuesta corrupción y lavado de dinero contra Delcy Rodríguez, que estaría usando como palanca para mantener alineada a la presidenta encargada venezolana tras haberle informado al respecto, citando a fuentes conocedoras del asunto. El Fiscal General Adjunto Todd Blanche lo negó.