Alcalde de San José, Diego Miranda, paraliza investigación en su contra y obliga al presidente Rodrigo Chaves a intervenir

El alcalde San José, Diego Miranda Méndez, paralizó una investigación disciplinaria en su contra, por presuntamente haber usado dos abogados municipales en un caso personal, al recusar a 17 de los 22 regidores propietarios y suplentes que integran el Concejo Municipal. Ahora, ante la imposibilidad de hacer cuórum para conocer el caso, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, deberá intervenir.

La estrategia empleada por Miranda, la semana pasada, dejó a la cúpula capitalina en una situación poco usual, nunca antes vista en ese ayuntamiento. Se vio en la obligación de invocar el artículo 234.2 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP).

Esa norma establece que, cuando la recusación afecte a la totalidad de los miembros de un cuerpo colegiado y no existe superior jerárquico —como ocurre en la estructura municipal—, la resolución recae en el presidente de la República.

Eso sí, el papel que jugará Chaves es limitado y es casi excepcional. Solo podrá determinar si existe o no una causal legal de abstención contra los regidores. No puede entrar al fondo del caso ni pronunciarse sobre la conducta del alcalde, según precisó la Procuraduría General de la República en el dictamen N.° PGR-C-271-2024, del 26 de noviembre del 2024.

Si acoge la recusación presentada por Miranda, deberá designar un órgano aparte que sustituya temporalmente al Concejo, el cual quedará habilitado solo para resolver ese asunto y no podrá extender su mandato a otras materias municipales.

Si la rechaza, el Concejo retoma el procedimiento disciplinario hasta su resolución final.

De momento, la semana anterior, la Secretaría Municipal remitió al Poder Ejecutivo el expediente completo del caso —de unos 500 folios—. Eso ocurrió luego de un fuerte debate en el seno del Concejo, tras determinarse que debía seguirse el debido proceso.

El mandatario Chaves no tiene un plazo máximo para pronunciarse al respecto.

14 meses de retraso

El proceso contra Miranda inició a raíz de un informe de la Procuraduría de la Ética Pública, que recomendó investigarlo por un aparente delito de peculado de servicios. En específico, le achacó haber usado dos abogados municipales en una defensa personal. Aunque la Fiscalía pidió desestimar el caso, el asunto sigue en la vía administrativa.

El documento (N.° PEP-INF-25-2024), fechado en noviembre del 2024, quedó sin conocerse en el Concejo Municipal durante 14 meses en el despacho de la presidenta municipal, Mariana Zúñiga Pérez, quien atribuyó el retraso a un “error material”. Adujo que el correo electrónico se le “traspapeló”.

A raíz de esa situación, el Concejo abrió el procedimiento disciplinario hasta el 10 de febrero pasado y nombró un órgano director para instruirlo. Sin embargo, este se paralizó el 18 de marzo, cuando Miranda recusó primero a los cuatro integrantes y, luego, al pleno de Concejo, el 23 de ese mes.

Varias causales para la recusación

Miranda presentó varias causales de recusación. Primero, argumentó que los regidores propietarios ya le impusieron una sanción en un proceso anterior, por otros hechos distintos —15 días sin goce de salario—, y que esa decisión está impugnada ante el Tribunal Contencioso Administrativo (expediente N.° 26-001031-1027-CA).

Segundo, que varios regidores hicieron declaraciones públicas perjudiciales en su contra durante varias sesiones municipales y que los suplentes, por su alineamiento político con los propietarios, tampoco pueden considerarse imparciales.

El Concejo por su parte, rechazó todos los argumentos y sostuvo que ambos procesos disciplinarios son independientes y versan sobre hechos distintos; sostienen además que la recusación debió presentarse de forma individual contra cada regidor, no de manera colectiva; y que los suplentes no participaron en la sanción anterior ni tienen interés directo en el litigio contencioso.

Aun así, el Concejo Municipal aceptó el incidente como formalmente se interpuso y trasladó el caso al Poder Ejecutivo, según la Ley General de la Administración Pública (LGAP).

¿Estrategia de evasión?

Para varios regidores, la estrategia de Miranda tiene un propósito claro: retrasar el proceso.

“Es una estrategia jurídica para evadir el proceso por el fondo”, afirmó el vicepresidente municipal, Juan Diego Gómez, de Más San José.

Iztarú Alfaro, de Liberación Nacional (PLN), coincidió con Gómez al indicar que no existen bases sólidas para recusar a los regidores: “Parece una estrategia para perder tiempo”, recalcó.

Mientras, el regidor Álvaro Salas Carvajal, de la Unidad Social Cristiana, lo describió en términos procesales: “Nos quedamos sin cuórum estructural; el Concejo no puede conocer el procedimiento administrativo contra el alcalde por imposibilidad material”.

El Acuerdo 17, aprobado el 24 de marzo por ocho votos contra tres, ordenó remitir el expediente al presidente de la República pero también instruyó continuar los procesos disciplinarios internos bajo el principio de celeridad, en tanto Chaves no resuelva la recusación.

Ahora, le corresponde al Ejecutivo determinar si los regidores reúnen condiciones de imparcialidad para seguir conociendo el caso o si, por el contrario, debe nombrar un órgano ad hoc que los sustituya.

La regidora Yorleny Córdoba, de Progreso Social Democrático, sintetizó la posición de quienes impulsaron el órgano administrativo: “Cualquiera que sea el resultado, en Costa Rica no puede continuar la impunidad”.

Proceso no prosperó en el Ministerio Público

Desde el 3 de marzo, La Nación envió consultas al alcalde Miranda sobre este procedimiento en su contra, a través de la oficina de prensa de la municipalidad; no obstante, no se obtuvo una respuesta a la hora de publicar este artículo.

Estos hechos ya fueron conocidos por el Ministerio Público, el cual solicitó archivar la denuncia después de concluir que los hechos no constituyeron una conducta delictiva y, en consecuencia, solicitó un sobreseimiento definitivo por atipicidad.

Esto ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción remitió el expediente (N.° 24-000462-1218-PE) al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, para que analice la petición y decida si se acoge o no.