Canarias rompe la barrera de los 50.000 propietarios con cuatro inmuebles mientras los de uno solo apenas crecen

El acceso a la vivienda de quienes buscan emanciparse o escapar de zulos permanece bloqueado en Canarias por los altos precios y la nula oferta. Pero la realidad es bien distinta cuando ya tienes varios o muchísimos pisos a tu nombre.

La multipropiedad lleva años viviendo un momento dulce en el Archipiélago. Mientras el número de dueños de un solo inmueble urbano ha pasado de casi 600.000 en 2010 a 642.000 en 2025, un leve aumento del 7,5%, el total de titulares de dos o más ha variado de 305.000 a 466.000 en el mismo periodo de tiempo, es decir, una fuerte subida del 52,7%, según los datos del Catastro analizados por Canarias Ahora. 

El grupo de propietarios que más ha crecido es el que tiene entre seis y diez bienes urbanos. En 2010 había 23.000; ahora hay 43.000, o sea, un 86,4% más. Le sigue el que tiene exactamente cinco, que ha pasado de 15.000 a 26.000, un 79,3% más. Y en tercer lugar se encuentra el que posee cuatro. Este conjunto ha sumado 21.000 titulares, pasando de casi 29.000 a 50.000, un incremento del 75,4%.

La metodología del Catastro matiza que un titular hace referencia a cualquier persona (física o jurídica) que ostente algún tipo de derecho sobre la totalidad o solo una parte del inmueble. Aquí se incluyen la propiedad plena o menos plena, derecho real de usufructo, de superficie o concesión administrativa.

Los datos recopilan todo tipo de inmuebles urbanos. No solo viviendas, sino también locales o cualquier construcción destinada a actividades residenciales o comerciales. El análisis temporal de los últimos quince años muestra una clara tendencia hacia la concentración de los bienes. Un patrón más que explica la crisis de vivienda que azota a Canarias sin previsión de dejar de hacerlo pronto.

“La sociedad rentista aumenta. La gente que tiene más de una propiedad. La pregunta es para qué la usan. Si es para alquiler turístico o para una renta estable. Pero sí. Crece la brecha de la que habla el investigador Jaime Palomera”, apunta Alejandro Armas, doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna.

El experto apunta que la acumulación de viviendas es “un problema que ya tienen en países como Alemania”, donde se está planteando la expropiación o limitación de acaparamiento a grandes tenedores, dice.

El Parlamento de Canarias, con los votos de los partidos que apoyan al Gobierno regional (Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHI) más Vox cerró la puerta hace unos meses a una proposición de ley del PSOE para abordar esta cuestión. CC comentó que la iniciativa “ignora” las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico, que continúan siendo insuficientes a la vista de los precios desbocados. Y el PP se limitó a criticar el “afán” intervencionista de los socialistas, llegando a decir que la política de vivienda de Pedro Sánchez (PSOE) se ha dedicado a “proteger al okupa”.

Pero la multipropiedad comienza a tener efectos. La abogada y portavoz de Derecho al Techo, Isabel Saavedra, reconoce que las personas que la contactan a ella y al colectivo “ya no vienen por desahucios de particulares”, sino por procedimientos iniciados por grandes fondos con “nombres rarísimos”. Subraya que ese tipo de casos “cada vez se ve más” y no lo asocia tanto a empresas extranjeras, sino a compañías inmobiliarias dedicadas a sacar rentabilidad del mercado.

Canarias, de hecho, fue otra vez en 2025 la comunidad autónoma con un mayor peso de las empresas en la compraventa de casas: protagonizaron el 15% de las operaciones, según el último anuario del Registro de la Propiedad. En Euskadi, Navarra o La Rioja, ese porcentaje no llega ni al 6%.

“El crecimiento de los multipropietarios no es solo un dato estadístico, es una señal muy clara de cómo se está concentrando la vivienda en cada vez menos manos. Mientras una parte de la población apenas puede acceder a una casa o vive con miedo a perderla, otra acumula varias propiedades y las utiliza como activo de inversión”, reflexiona Pilar Puyi, portavoz del Sindicato de Inquilinas en Tenerife.

El único grupo de titulares que no ha crecido es el de más de 50 bienes. Esos han pasado de ser 1.191 en 2010 a 1.088 en 2025. O lo que es lo mismo: un 8,6% menos. Los titulares de 26 a 50 también llevan años registrando cierta estabilidad, pero han variado de 1.535 a 1.875, es decir, un 22% más. Y exceptuando a los dueños de un solo bien, los demás conjuntos de propietarios reportan incrementos de mínimo el 40%.

Eso está cambiando “completamente” la relación entre inquilinos y propietarios, sostiene Puyi. “Para una inquilina es mucho más difícil negociar o defender sus derechos frente a alguien que controla varias viviendas y que puede imponer condiciones, subir precios o aplicar cláusulas abusivas que al final se aceptan porque no queda otra”, agrega.

“Como inquilina y militante por el derecho a la vivienda, existe una sensación de competir en inferioridad con inversores que compran casas para rentabilizarlas, para el alquiler vacacional… El problema de fondo es que se trata la vivienda como mercancía en lugar de como derecho. La lógica del mercado domina. Se prioriza la rentabilidad y no que la gente tenga un hogar”, remacha la portavoz del sindicato.

Isidro Martín, delegado en las Islas de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), sitúa el inicio de la acumulación en la resaca del crac financiero en 2008. Esos años (de 2010 a 2016, estima) se abrió una ventana de oportunidad para comprar casas “a unos precios bastante ridículos”, por debajo incluso de los 40.000 euros, que aprovecharon los actores en el mercado capaces de adquirir entre “tres y cuatro viviendas en el mismo edificio” o hacerse con promociones que habían quedado paralizadas.

Martín detalla que esos titulares son capaces de hacerse con un trozo del pastel cada vez más grande porque ven los arrendamientos como “puntas de tesorería”: ponen una vivienda en alquiler, con esa renta compran una segunda, y así sucesivamente. Es un ciclo de inversión continuo donde el inmueble actúa como un valor refugio, igual que “el oro y el bitcoin”, pero es que “el bloque siempre ha sido refugio”, recuerda el experto.

El perfil de esos compradores dedica sus inmuebles “para especular o para alquilar”, reconoce Martín. El delegado de APEI en el Archipiélago destaca que la región actúa como lugar seguro para la inversión frente a la inestabilidad de otros puntos de Europa, y afirma que eso atrae a titulares extranjeros como polacos, alemanes o italianos con una “capacidad económica bastante alta”.

El catastro revela que el porcentaje de propietarios con un solo inmueble en las Islas es del 58%. Es el valor más elevado de toda España. El peso de los grupos con dos, tres, cuatro o cinco es menor en comparación con el resto del país y eso sitúa a Canarias en los últimos puestos de la tabla nacional. Los que tienen entre seis y diez bienes o entre once y 25 ya cobran un protagonismo relevante.

Pero es entre los reyes del acaparamiento donde realmente destaca. En ninguna otra autonomía los dueños de entre 26 y 50 inmuebles representan el 0,16% del mercado, como en el Archipiélago. Y ninguna otra comunidad alcanza el 0,098% de protagonismo sobre el total que tienen los dueños de más de 50 bienes, como Canarias.

El resto de las operaciones (quitando las de estos grandes tenedores), puntualiza Martín, las firman personas de mediana edad que venden sus viviendas en las afueras para mudarse a zonas céntricas; pequeños empresarios que usan los excedentes de sus negocios para adquirir casas y alquilarlas; parejas treintañeras en busca de su primera vivienda; y jóvenes que, respaldados por la riqueza heredada de sus padres, están comprando.

Pilar Puyi, del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, pide “medidas estructurales” para que esa cartera de clientes se abra a toda la población.

“Lo más urgente es acabar con la acumulación especulativa y que no se pueda comprar vivienda si no es para habitarla. También urge expropiar a fondos buitre y poner viviendas vacías a disposición. Si no se corrige ese desequilibrio de poder, la tendencia ya es clara: cada vez más vivienda en menos propietarios y cada vez más difícil acceder a ellas para la clase trabajadora”, concluye.