Modificación del sexo por parte de maltratadores, alteración de estadísticas de criminalidad, solicitud para ingresar en módulos penitenciarios femeninos o uso fraudulento en los procesos selectivos para acceder al funcionariado. Son los efectos que, según el PP de Alicante, ha comportado la Ley 4/2023 desde su aprobación por parte del PSOE y Podemos, partidos que integraban el Gobierno central durante la anterior legislatura.
