La consecuencia inesperada que puede tener lugar a finales de abril si la guerra con Irán se prolonga
Durante las últimas semanas, los mercados energéticos han reaccionado con rapidez a cada nuevo episodio de tensión en Oriente Medio. Las subidas del petróleo han sido inmediatas y visibles, trasladándose casi sin demora al bolsillo de los consumidores. Sin embargo, los expertos advierten de que el impacto podría no quedarse únicamente en el encarecimiento del combustible.
Hasta ahora, el principal efecto económico de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha sido el incremento del precio del crudo. Pero varios organismos internacionales y responsables políticos europeos empiezan a alertar de un escenario más complejo si el conflicto se alarga: problemas de abastecimiento.
El foco está puesto en el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier interrupción prolongada en esta vía marítima puede dificultar la llegada de crudo a Europa, especialmente a países altamente dependientes de importaciones.
Aunque de momento no hay señales de desabastecimiento, las previsiones apuntan a que, si la situación se mantiene, podrían empezar a surgir tensiones en la cadena de suministro a finales de abril o comienzos de mayo.
¿Qué pasaría en España?
España no es ajena a este escenario, aunque parte de una posición relativamente más diversificada que otros países europeos. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el país importa petróleo de múltiples regiones, incluyendo África, América y Oriente Medio, lo que reduce parcialmente el riesgo de dependencia directa.
Sin embargo, eso no significa que esté a salvo. El mercado del petróleo es global y los precios, así como la disponibilidad, se determinan a escala internacional. Si se producen interrupciones en grandes rutas como Ormuz, el impacto se traslada a todos los países, independientemente de su origen concreto de suministro.
Además, España depende en gran medida del transporte marítimo para el abastecimiento energético. Un encarecimiento de los seguros de los buques o restricciones en rutas clave podría ralentizar las entregas y generar cuellos de botella.
Uno de los elementos que podrían amortiguar el golpe es el sistema de reservas estratégicas. En España, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) obliga a mantener reservas suficientes para cubrir al menos 90 días de consumo.
Estas reservas actúan como un colchón ante crisis puntuales, permitiendo mantener el suministro durante un tiempo limitado. No obstante, no están diseñadas para sostener una interrupción prolongada del mercado global, sino para ganar margen mientras se estabiliza la situación. Por eso, si el conflicto se extendiera en el tiempo y afectara de forma persistente a la producción o al transporte de crudo, el problema podría ir más allá de lo que estas reservas pueden cubrir.
Impacto en la economía y los consumidores
El primer efecto ya es evidente: el aumento del precio de los combustibles. Pero si se llegara a una situación de escasez, las consecuencias serían más profundas.
Sectores como el transporte, la logística o la agricultura serían los primeros en notar el impacto. Un suministro limitado podría obligar a priorizar ciertos usos, encarecer aún más los costes y, en última instancia, trasladarse a los precios de bienes y servicios.
Además, la inflación podría repuntar. El Banco de España ha advertido en anteriores crisis energéticas que el encarecimiento del petróleo tiene un efecto directo en el índice de precios al consumo, afectando tanto a la energía como a otros productos.
Todo dependerá de cuánto se prolongue la tensión en Oriente Medio. Si se alcanza una solución diplomática en las próximas semanas, el impacto podría limitarse a una subida temporal de precios. Pero si la situación se enquista, el riesgo de problemas de suministro ganará peso.
Ante este escenario de incertidumbre, el Gobierno español ha activado un plan anticrisis basado en dos reales decretos ley con el objetivo de amortiguar el golpe energético y evitar un mayor deterioro económico. Este paquete, con un coste estimado de 5.000 millones de euros y más de 80 medidas, incluye una reducción significativa de la fiscalidad energética.
Entre las decisiones más destacadas figura la bajada del IVA de los carburantes al 10%, el mínimo permitido por la Unión Europea, lo que puede suponer un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. También se han reducido los impuestos eléctricos: el IVA baja del 21% al 10%, se suspende el impuesto a la generación eléctrica (IVPEE) y el impuesto especial se reduce al 0,5%.
El plan incluye además la rebaja del IVA del gas natural, pellets y leña al 10%, la congelación del precio del butano y el propano y la extensión hasta 2026 de los descuentos del bono social eléctrico. Para sectores especialmente afectados como el transporte, la agricultura o la pesca, se ha aprobado un descuento directo de 20 céntimos por litro de combustible, junto a ayudas adicionales para fertilizantes.
La posible escasez de combustible no es, por ahora, una realidad inmediata, pero sí un riesgo creciente. Lo que comenzó como una crisis geopolítica con impacto en los mercados podría transformarse en un desafío logístico y económico de mayor alcance.