Cuando el agua se agota y amenaza la seguridad
Un reciente informe de Naciones Unidas, titulado Global Water Bankruptcy Report 2026, propone un concepto que redefine el debate: la «bancarrota hídrica global». Durante décadas la humanidad ha utilizado más agua de la que los sistemas naturales pueden regenerar de forma sostenible. No solo se han consumido los recursos renovables de cada año –los «ingresos» del sistema hidrológico–, sino también los «ahorros» acumulados durante siglos en acuíferos, glaciares, suelos y humedales.
Las señales de esta situación ya son visibles en todo el planeta. Ríos que dejan de llegar al mar; lagos que se reducen o desaparecen; ciudades que se aproximan al llamado «Día Cero» (cuando el suministro urbano del agua colapsa, como pasó en Ciudad del Cabo, Sao Paulo, Teherán...); y terrenos que se hunden por la extracción excesiva de aguas subterráneas.
Las cifras globales ilustran la magnitud del problema. En la actualidad, alrededor de 2.200 millones de personas carecen de acceso seguro a agua potable, y 3.500 millones no disponen de un saneamiento adecuado. Además, unos 4.000 millones de personas sufren escasez severa de agua al menos un mes al año, mientras que cerca del 75% de la población mundial vive en países con algún grado de inseguridad a nivel hídrico.
En Siria, antes del inicio de la guerra civil (entre 2007 y 2010), una combinación de sequía prolongada, sobreexplotación de acuíferos y problemas de gobernanza del agua obligó a más de un millón de personas a abandonar sus tierras agrícolas. El desplazamiento masivo hacia las ciudades incrementó el desempleo y la tensión social, contribuyendo a un contexto de inestabilidad que acabaría agravando el conflicto.
En India y Pakistán los acuíferos se vacían a un ritmo superior al de su recarga natural, lo que eleva los costes de producción agrícola y expulsa a los pequeños agricultores del sistema. En Oriente Medio, las tensiones en torno al uso de los ríos Tigris y Éufrates reflejan cómo el agua puede convertirse en un factor geopolítico de primer orden. Incluso en Estados Unidos el agotamiento del acuífero Ogallala (que abarca partes de ocho estados) ha obligado a abandonar grandes superficies de cultivo.
Todos estos casos muestran un patrón común: cuando el agua escasea, también se resienten la economía, la cohesión social y la estabilidad política. La llamada bancarrota hídrica actúa como un multiplicador de riesgos, intensificando tensiones territoriales, presiones sociales y conflictos por el acceso al recurso. En este contexto, el agua deja de ser únicamente un recurso natural para convertirse en infraestructura crítica y factor estratégico. Su disponibilidad condiciona el funcionamiento de hospitales, centrales energéticas, industrias y redes logísticas. También determina la seguridad alimentaria, la estabilidad social y la capacidad de respuesta que los Estados tienen ante situaciones de crisis.
España no es ajena a este escenario. Por su posición geográfica, su clima y su modelo productivo, el país se encuentra en una de las zonas más expuestas al estrés hídrico en Europa. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ya reconoce los riesgos asociados al cambio climático y a la presión sobre recursos esenciales, pero el nuevo contexto obliga a profundizar en esa perspectiva.
Desde el punto de vista estratégico, un país con estrés hídrico crónico ve limitado su margen de maniobra. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, dependen de un suministro fiable para el funcionamiento de bases, instalaciones logísticas o infraestructuras vinculadas a la defensa. En situaciones de escasez prolongada, la competencia entre usos civiles y estratégicos puede convertirse en un problema de seguridad.
A ello se suma el deterioro de parte de las infraestructuras hidráulicas. Las redes de distribución envejecidas provocan pérdidas de agua que en España se estiman en torno al 25%, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a episodios de sequía.
Cuando llegue el momento en que una gran ciudad deba imponer restricciones que afecten a hogares, hospitales o servicios esenciales, la percepción pública de seguridad cambiará radicalmente y la crisis dejará de ser técnica para convertirse en política.
Por ello, la respuesta no puede limitarse a medidas parciales o soluciones temporales. Resulta imprescindible modernizar las infraestructuras hidráulicas, reforzar la gestión de sequías e inundaciones, adaptar la planificación a un contexto climático más seco e integrar el agua en la estrategia general del Estado.
En un mundo cada vez más marcado por la escasez de recursos, la seguridad ya no depende únicamente de fronteras o capacidades militares. También se decide en las presas, los acuíferos, las plantas de tratamiento de aguas y las redes de distribución. Garantizar el agua no es solo una cuestión ambiental o económica: es, y cada vez más, una cuestión de seguridad nacional.